Tegucigalpa.- La captura de un policía considerado el guía territorial del cartel de los Valle Valle, en occidente, al facilitar el transporte de la droga y hacer que «las puertas se abrieran», sin complicaciones, obliga a preguntarse y replantearse a las autoridades responsables de la depuración, un giro en el proceso, centrado hasta ahora en querer “cazar” a miembros de la cúpula, sin percatarse que al parecer, la base también ha sido minada.
Mientras los altos oficiales y cuadros intermedios, sospechosos de ser cooptados por la criminalidad organizada y la corrupción, se encargan de recibir los réditos que les dejan estos grupos delincuenciales, los policías de la base parecen ser más importantes y estratégicos, pero con menos valor monetario que los primeros, aunque son estos últimos los que se encargan que la red funcione y se dinamice.
Ese parece que fue el papel que hacía el agente clase III, Wilmer Alonso Carranza Bonilla, capturado en un operativo de la fuerza policial militar Tigres, en el occidente del país. A él se le sindica de ser una de las piezas operativas del cartel de los Valle Valle, pues les ayudaba a mover la ruta de la droga, la custodiaba y hacía que los obstáculos se hicieran a un lado e incluso abrír puertas de par en par.
Carranza Bonilla era miembro de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra el Lavado de Activos y Privación de Bienes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) de la Secretaría de Seguridad. Era un policía de bajo perfil, pero tan clave y estratégico para los Valle Valle que hoy está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos.
Incluso pasó las pruebas de confianza que aplica la institución policial para “depurar” a sus subalternos y altos mandos que pudieran estar en actos delictivos de índole común o ligada a la delincuencia organizada.
Depuración también en las bases
El subcomisionado Leonel Sauceda, portavoz policial, dijo que a Carranza Bonilla, Washington lo ha pedido en extradición bajo la figura del delito de conspiración contra ese país por tratar de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. El policía se encuentra bajo resguardo de la autoridad, a la espera de que inicie todo el proceso para su extradición.
Su captura, a simple vista, puede resultar una “caza menor”, pero de acuerdo a los cuerpos antidroga del país, las autoridades estadounidenses lo estiman muy estratégico para identificar la ruta del transporte de droga desde territorio hondureño a la frontera con Guatemala, así como conocer la forma de operación de estas redes delictivas del narcotráfico.
Para las autoridades hondureñas, en particular los nuevos responsables de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, la caída y captura de Carranza Bonilla es otro desafío más en torno a preguntarse qué tan efectiva ha sido la política de seguridad que se ha venido ejecutando en los últimos tres años desde que estalló la crisis a raíz de la muerte de los universitarios.
Las nuevas autoridades de Seguridad y de la Policía Nacional han sido claras en indicar que se entra a una nueva fase en esta etapa de depuración y que en este proceso será una pieza clave los nuevos responsables de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Enjambre por desenredar
El caso del policía Carranza Bonilla es apenas una muestra del enjambre que le toca desenredar a la autoridad policial y de la DIECP en donde las pruebas de confianza no deben centrarse sólo en el polígrafo. Hasta ahora, la depuración se percibe como lenta, demasiado lenta.Un informe de la Secretaría de Seguridad señala que del mes de mayo de 2013 al 29 de diciembre de 2014, más de 2,031 policías fueron depurados, unos por abandono de cargo, otros por falta grave, otros por incapacidad permanente, incumplimiento de obligaciones, jubilación, polígrafo, pruebas toxicológicas, entre otros mecanismos.
Destaca el informe como avances sustanciales en la depuración, una frase expresada por los responsables de la OEA que en su segunda evaluación de 2014 indicaron que “Frente al crecimiento del delito, malestar social y corrupción detectada en el 2012 por la OEA, en la de gestión así como en las herramientas de que se dispone para ejecutar la gestión en este último campo, las modificaciones positivas se expresan en el desarrollo del 911, la Inteligencia Policial, los sistemas de información, y la adquisición de celulares y GPS para la Policía Nacional, entre otros”.
Pero más allá de estos avances, la depuración policial amerita un cambio de piel, donde de momento, nadie de los miembros de la cúpula han sido ni depurado por colusión con la criminalidad organizada ni por enriquecimiento ilícito resultante de las pruebas patrimoniales aplicadas. Ese es el cuestionamiento que hacen los sectores sociales.
La aplicación de las pruebas patrimoniales sigue siendo un dolor de cabeza en esta depuración policial, pues gran parte de la sociedad pide que se haga a nivel de los cuerpos medios y altos mandos policiales, aunque se han dado casos de policías de la base que tienen más de lo que su salario justifica.
En este sentido, en la nueva etapa de la depuración policial, se hace urgente para las autoridades una vuelta de calcetín en lo que se ha venido dando y haciendo en este proceso donde los síntomas del mal no están solo en las cabezas, sino que también en las otras extremidades del cuerpo, incluso en aquellas que parecen insignificantes.
¿Cuántos Carranza más habrá por descubrir? En esta nueva etapa de la reforma policial acompañada de un proceso de depuración, el tiempo se agota y en este sentido, la administración del presidente Juan Orlando Hernández ha dado muestras de cero tolerancia a quienes intenten dilatar su estrategia de combate a la impunidad.
