Zelaya hizo sus declaraciones el sábado por la noche al canal 36 de televisión y hoy las reprodujo el diario local Tiempo.
La Presidencia no ha emitido ningún comunicado sobre este caso y Zelaya sólo se ha referido al mismo en esas declaraciones, dijo hoy a Acan-Efe un portavoz del mandatario.
El gobernante subrayó que «tanto al director de Centros Penitenciarios (Antonio Martínez) como el director de la Penitenciaría de Támara (Wilfredo Maradiaga) deben rendir cuentas a ver por qué sucedió esa tragedia, por qué no se pudo prevenir».
Los 18 reos fueron asesinados con armas de fuego y blancas por reclusos pandilleros en la Penitenciaría Nacional, situada en Támara, unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, horas después de haber sido trasladados desde el presidio de San Pedro Sula (norte).
Las autoridades penitenciarias trasladaron a la Penitenciaría a 31 reos ex miembros de pandillas o «maras», llamados «pesetas», como medida de seguridad porque temían nuevos incidentes después de otra matanza de nueve internos en la prisión de San Pedro Sula.
Los otros 13 «pesetas» sobrevivieron a los asesinatos de este sábado, que las autoridades consideran como una venganza por lo ocurrido en San Pedro Sula en el marco de las rivalidades entre grupos de pandilleros y ex pandilleros presos.
Zelaya consideró que el traslado de los reclusos de San Pedro Sula a la Penitenciaría y otros presidios se hizo «sin preparar las condiciones necesarias».
Varios sobrevivientes y familiares de las víctimas denunciaron a la prensa que las autoridades prácticamente trajeron «al matadero» a los ex pandilleros porque sabían que corrían peligro.
Algunos de los trece sobrevivientes relataron que «rogaron» a las autoridades que les llevaran a otra prisión o alguna unidad militar, pero no les atendieron.
El ministro hondureño de Seguridad, Jorge Rodas, aseguró a la prensa que ahora «vamos a buscar la forma de separar a los internos bajo peligro y mantenerlos aislados» para proteger sus vidas.
Rodas añadió que las medidas de protección abarcarán a todos los reos enviados de San Pedro Sula a otras prisiones.
Desde hace unos 10 años, organismos judiciales, religiosos y de derechos humanos, entre otros, han insistido en que los gobiernos hondureños resuelvan la crisis en los 24 presidios del país, cuyas condiciones no garantizan la vida de los reos.
El hacinamiento, las deficiencias de infraestructura y las rivalidades entre reos pandilleros han sido el caldo de cultivo de varias matanzas ocurridas en las cárceles hondureñas en los últimos años.
