Tegucigalpa – Las normas aprobadas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las entidades de Honduras y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tienen motivos de inconstitucionalidad, determinó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La iniciativa privada divulgó su análisis jurídico sobre las ZEDE y señaló que el decreto legislativo de las prebendas fiscales que fue aprobado violenta el artículo 1 de la Constitución de Honduras.
El análisis jurídico argumentó que cualquier norma que se cree debe regirse por el proceso de formación, sanción y promulgación de ley, respetando las reglas jurídicas existentes.
Asimismo, aclaró que las reformas que originaron el nacimiento de las ZEDE y su ley orgánica tenían motivos de inconstitucionalidad en territorio y soberanía, sin embargo, fue considerada como cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, recalcó que las ZEDE carecen de legitimidad por no ser aprobadas en un amplio proceso de consulta a la ciudadanía hondureña y los diferentes sectores.
“Las ZEDE son una imposición de un nuevo Estado dentro del Estado de Honduras, al brindar atribuciones a estas ZEDE que las diferencian del Estado hondureño, al tener un territorio diferenciado, una población que debe de registrarse dentro de este territorio y un Poder distinto al del Estado hondureño”, cita el análisis jurídico del Cohep.
Señaló que el hecho que las ZEDE cuenten con extraterritorialidad fiscal y aduanera generará un déficit fiscal a las finanzas públicas y los gobiernos locales.
Este es un tema que puede comprometer los acuerdos suscritos con órganos multilaterales de financiamiento con los cuales Honduras se ha comprometido, advirtió la iniciativa privada.
Igualmente, consideró que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), actuó al margen de la ley al autorizar la aprobación de la creación de las ZEDE, alegando que es potestad del Congreso Nacional.
De igual forma, alertó que Honduras puede enfrentar acciones legales como exigencias del pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a inversores nacionales y extranjeros.
Calificó que la forma fueron autorizadas las ZEDE generarán inversiones de alto riesgo.
Por otra parte, puntualizó que el desarrollo económico y social a través de creación de empleos no puede estar sujeto a normas que contradigan al Estado de derecho.
La iniciativa privada concluye que las ZEDE como modelo de desarrollo e inversión han sido desnaturalizadas y han generado riesgo a los inversionistas y al Estado por la falta de transparencia y forma de cómo fueron autorizados. (ag)
