Por: Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
La realidad actual está impregnada de violencia delincuencial, desconfianza, corrupción e impunidad. Males públicos que solo pueden ser vencidos por el esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado y la sociedad.
De 57.9 homicidios, por cada cien mil habitantes, en el 2008, hubo un aumento constante de esa tasa que, en el 2011, subió hasta 86.5 homicidios; empezando a declinar, en el 2012 a 85.5 y a 79.0 en el 2013.
Hay un clima prevaleciente de inseguridad ante la propagación de la violencia y delincuencia, así como por la desconfianza en la protección proveniente de los operadores de justicia y por la percepción de crecimiento de la corrupción e impunidad.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dirige la estrategia interinstitucional de seguridad que se lleva adelante con la colaboración de la policía y de los militares con presencia de jueces y fiscales (Unidad Tigres, FUSINA, Policía Militar del Orden Público, Unidad anti – extorsiones)
Las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han aumentado, en particular contra el avance de las maras o pandillas en barrios y colonias, su desafío al orden constituido, sus crímenes individuales y colectivos, sus extorsiones, sus vínculos con el crimen organizado, así como con la ubicación del narcotráfico y su control de sectores y corredores del territorio hondureño.
El resultado de la estrategia interinstitucional se evidencia en el número de extorsionadores y otros delincuentes detenidos durante el año, así como de narcotraficantes extraditados y otros sospechosos sujetos a procesos para serlo.
Se han hecho denuncias sobre casos de uso excesivo de la fuerza y se ha recomendado la capacitación correspondiente conforme a los parámetros internacionales, así como la impartición sistemática de conocimientos y prácticas sobre trato a la población con respeto a los derechos humanos. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas han creado departamentos o direcciones internas que se ocupan también directamente de la actitud de los policías y militares en materia de respeto de los derechos humanos de las personas.
Se constata que hay necesidad de la acción coordinada, pública y privada, que afirme la acción unitaria del Estado frente a la inseguridad prevaleciente.
Hay impunidad en relación con gran parte de los delitos cometidos, en especial en contra de personas, de grupos o sectores determinados como abogados, jueces, fiscales, periodistas, policías, taxistas, mujeres, personas de la diversidad sexual, entre otros.
Esa impunidad es fuente de pérdida de credibilidad de la institucionalidad pública. Se manifiesta en omisiones o acciones negativas en los diferentes eslabones de la cadena de las respectivas acciones operativas de la policía, fiscales y jueces e inclusive, en algunos casos, en la actitud de las propias víctimas o sus familiares. Los diferentes operadores de justicia se trasladan o reenvían, entre ellos la carga de la responsabilidad por la impunidad.
Al haber impunidad de tal magnitud se alienta al delito y se evita el conocimiento de las causas que lo motivan, obstaculizando políticas criminológicas más efectivas.
