– El presidente de la CSJ es el que lleva la responsabilidad administrativa sobre el mismo Congreso Nacional.
– Implica abrir la puerta para una especie de juicio político o antejuicio, dice fiscal adjunto.
Manifestó que “no resulta apropiado que el Congreso Nacional declare la revisión de la conducta administrativa del Poder Judicial”.
Al mismo tiempo, precisó que el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, es el que lleva la responsabilidad administrativa sobre el Congreso Nacional.
“Quien lleva la responsabilidad administrativa sobre el mismo Congreso Nacional, que le delegó antes, eran los 15 magistrados que tenían responsabilidad administrativa y ahora es el titular del Poder Judicial, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, según el decreto 282-10 del 19 de enero del 2011”, indicó.
El fiscal adjunto también destacó que autorizar la revisión de la conducta del Poder Judicial sobre aspectos que tienen que ver con la función administrativa, “implica abrir la puerta para una especie de juicio político o antejuicio”.
Igualmente, señaló que esta figura no se encuentra contemplada en la Constitución actual debido a que el Congreso de 2002 al 2006, derogó la inmunidad, “se partió de tajo”, el antejuicio y el juicio político que se tenía con la Constitución de 1982.
Asimismo, dijo que esta acción “coloca a todos (los involucrados) en una responsabilidad penal puesto que ordenar acciones fuera de la ley, son constitutivas de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, situación que deberá tener la Fiscalía General que pronunciarse al respecto”.
Urtecho catalogó la acción del Legislativo como un inicio a la suplantación de poderes y un atentado al control del Estado.
Por lo que mencionó que “así como es una traición a la patria, puede atentar el control del Estado de derecho, sus valores y abrir la puerta a la suplantación de poderes, en este caso, del Poder Judicial”.
Recomendó la figura del juicio político
A reglón seguido, insistió que “se trata de un claro conflicto de poderes que no puede resolverse mientras no se consolide la reforma constitucional orientada a establecer un mecanismo del juicio político, no solamente estamos diciendo que no se puede, sino que estamos dando una solución”.
Detalló que la conducta de un funcionario solo se puede conocer “conforme a la ley y haciendo reformas que sean consensuadas por todos los sectores y no con el ánimo de decir que porque se falló en contra de una resolución, yo estoy molesto y voy a cambiar a un juez, porque entonces todo ciudadano cuando este molesto con un fallo lo que va a hacer es pedir que a ese juez se le quite para que sea otro juez el que emita una resolución a favor de las personas que lo desean”.
Según el profesional de derecho, al establecer un mecanismo de un juicio político para altos funcionarios del Estado, permitiría revisar su conducta administrativa, la personal y el ejercicio profesional del cargo desempeñado.
