Este evento reúne a representantes de instituciones estatales, gubernamentales, comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil con el fin de contribuir en la identificación de acciones y actores para brindar protección efectiva y asistencia a las nuevas víctimas del desplazamiento forzado en la región.
El estudio revela la situación de las víctimas del crimen organizado, identificando las causas, tendencias y patrones de esta forma contemporánea del desplazamiento forzado, las principales zonas de riesgo y los perfiles de las personas más afectadas por esta problemática.
El diagnóstico es un esfuerzo conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) para evidenciar la situación de las víctimas del crimen organizado, ya que en la actualidad se carece de registros oficiales sobre la problemática en el país.
Análisis de la situación
América Central se ha caracterizado por ser una región de origen y tránsito de migraciones laborales, regulares e irregulares. Las causas de la salida de las personas migrantes desde sus comunidades de origen son múltiples: la pobreza, exclusión social, falta de oportunidades de empleo, reunificación familiar, violencia doméstica, entre otras. La situación de estas personas en los países de destino depende de medidas previstas en legislaciones vigentes que regulan los movimientos migratorios.
En los últimos años, ha incrementado el nivel de violencia generado por el crimen organizado en los países del triángulo norte de Centroamérica. Recientes estudios del PNUD, UNODC y el Banco Mundial indican que, si bien existen diferencias entre países, la tasa centroamericana promedio de homicidios es tres veces mayor a la media mundial. De esta cifra, una gran cantidad está referida al accionar del crimen organizado transnacional y al crimen organizado local (maras y pandillas).
En varios países de la región se reporta regularmente, el reclutamiento y asesinato de menores, amenazas, asesinatos de autoridades locales, masacres en comunidades rurales así como una tendencia creciente de secuestros y extorsiones.
A pesar de los esfuerzos realizados por los Estados – a nivel nacional y regional – este ambiente de inseguridad afecta a la ciudadanía en su conjunto y, en particular a los grupos vulnerables de la población que tienen como única opción salir del país para huir de las manifestaciones de la violencia y la violencia.
La violencia y la criminalidad vienen generando cada vez más desplazamientos humanos, tanto al interior como al exterior de los países de origen.
Reportan que un número creciente de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador solicitaron la condición de refugiado en Estados Unidos de América, Canadá y otros países de América Latina y Europa.
Actualmente, unas 15,000 personas provenientes de estos países han sido reconocidas como refugiadas. Sin embargo, estas cifras sólo representan un mínima parte de las personas necesitadas de protección internacional, esto porque muy pocas personas saben que pueden acogerse a la protección internacional. Además, entre los solicitantes de asilo sólo una pequeña porción (10 a 15%) son reconocidas como refugiadas por las autoridades de los países de asilo.
El Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil, manifestaron la necesidad de monitorear este fenómeno, de tomar medidas para su prevención y sobre todo para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado.
