Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), exigió a las autoridades competentes que investiguen y dilucidan sobre la muerte de la estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez.
– En los mismos términos se pronunció el Conadeh.
Mediante un comunicado, la UNAH demandó que la investigación sea inmediata, exhaustiva, con independencia, imparcialidad y responsabilidad.
Apuntó que de si la muerte de la estudiante de enfermería hay mano criminal, “se aplique todo el peso de la ley a los responsables intelectuales y materiales de apagar sus sueños”.
Keyla Patricia Fernández murió este fin de semana en el interior de una posta policial en el municipio de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras.
Ante esto, la UNAH consideró que la muerte de la estudiante de enfermería bajo custodia policial es “una situación inaceptable y de mucha preocupación” porque el Estado no pueda garantizar la protección de la integridad física y la vida de los detenidos.
El ente rector de la educación superior prometió darle seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades en la exigencia de una justicia efectiva.
El Conadeh también exige justicia
El domingo 7 de febrero de 2021 se reportó la detención de la joven, supuestamente por incumplimiento al toque de queda, horas después se conoció del fallecimiento de la misma, aparentemente dentro de las celdas de detención de la Jefatura Departamental de la Policía Nacional Preventiva de La Esperanza, Intibucá.
Desde que se tuvo conocimiento del hecho, el Conadeh inició investigaciones de oficio y realizó diligencias de seguimiento del caso.
Al ser un caso que supone muerte bajo custodia policial, entre las diligencias realizadas se ha enviado oficios a la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Policial de Investigación, Ministerio Público y Director del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, solicitando información sobre el caso.
De igual forma, el ente defensor de DDHH remarca que toda muerte que se produce cuando una persona esté detenida, o se encuentre bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, deben investigar conforme a los más altos estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
En ese sentido, instan a las autoridades de Medicina Forense a aplicar este protocolo, con el propósito de conocer las causas de la muerte, la manera en que se produjo, su lugar y su momento, y todas las circunstancias del caso.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentren en detención”; así como la aplicación de las salvaguardas en las primeras horas de la detención. «Es fundamental que, en la práctica, las personas que han sido detenidas hayan sido informadas de sus derechos, examinadas por un médico o hayan podido interactuar con un abogado”, manifestó la defensora del pueblo, Blanca Izaguirre.
Este caso también se ha hecho del conocimiento de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas y Femicidios, de la cual el Conadeh forma parte a través de la Defensoría Nacional de la Mujer.
(ag)
