Una mirada civil a la Seguridad

Por. Thelma Mejía
La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó su más reciente mirada al tema de la Seguridad en Honduras, en el cual se desaprueba la gestión del presidente Lobo Sosa y se plantean enormes retos para el gobernante electo, Juan Orlando Hernández, a quien piden el impulso de un proceso real de depuración policial.
En su informe, esta instancia de sociedad civil que avanza en la especialización del tema de la seguridad ciudadana, atribuye a tres aspectos el fracaso de la administración Lobo Sosa en materia de seguridad: falta de voluntad política en la depuración y la reforma policial, limitadas competencias técnicas y poca diligencia de las autoridades para empujar la depuración, y, falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la DIECP.

A dos años de haber estallado el peor escándalo en que se ha visto implicada la policía nacional, la depuración policial sigue siendo una utopía. De acuerdo a la APJ el órgano de control policial como es la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) no ha dado el ancho, se ha centrado en la aplicación de pruebas de confianza dando prioridad al polígrafo y la toxicológica, muchas veces violando el debido proceso, y dejando de lado aquellas que pueden dar con la colusión de la policía con la criminalidad: las pruebas patrimoniales.
 
La investigación patrimonial no ha sido una prioridad ni de la DIECP ni de la Secretaría de Seguridad, quizá por temor a tocar estructuras corruptas impunes que lejos de ser sacadas, están siendo recolocadas nuevamente, aducen fuentes policiales.
 
Este dar de tumbos de las autoridades de la Secretaría de Seguridad se enmarca, según la APJ, a que carecen de un plan estratégico para depurar y la reforma del sector de seguridad que se esperaba iba a despuntar en la administración Lobo Sosa terminó en mucho ruido y pocas nueces.
 
En medio del barullo, la política de seguridad del actual gobierno ha tenido una característica que resalta muy bien en su informe la APJ: la discrecionalidad, la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas, en donde el ocultamiento de cifras y datos es la mayor brillantez de un gobierno que prometió dar seguridad a la gente, pero 20 personas son asesinadas en forma violenta cada día, según datos oficiales.
 
Se habla de compras e hipotecas al amparo de la tasa de seguridad que no se sabe a ciencia cierta sus fines, destacando como ejemplo la adquisición de cámaras de seguridad que o no funcionan o no sirven para dar con los responsables de los crímenes, como el caso de los jóvenes que fueron ejecutados cerca de los mercados de Comayagüela, cuyo video dio la vuelta al mundo, arrancó promesas de “investigación” a las autoridades pero el hecho sigue como al principio: impune.De ahí que el nuevo gobierno que tomará posesión el 27 de enero próximo,  tenga el reto de revertir o agudizar lo malo de la administración de su antecesor. Un sondeo de opinión hecho por la Compañía de Jesús, destaca entre sus temores que la administración que inicia “agudice” la inseguridad.
 
Pero también resalta que la ciudadanía debe estar vigilante de la gestión pública, porque el hondureño, pese a todo, siempre guarda esperanzas de un futuro mejor.  La seguridad es una de esas esperanzas.
 
En este sentido, la APJ fue lapidaria en las últimas líneas de su informe al demandar del presidente electo el nombramiento de un titular en la Secretaría de seguridad que sea “transparente, capaz, honesto, y sobre todo que tenga la voluntad de transformar la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para asegurar el futuro de seguridad y paz que merece el pueblo hondureño”.
 
Es la aspiración desde una mirada civil de la seguridad en una Honduras donde todo apunta a imponer los colores verdes y moteados en ese desdibujar de la institucionalidad y sus funciones, en un Estado que parece perdido de un tiempo a acá.
 

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