La joven hondureña sale de la oficina con una orden de deportación en mano. Diez años en tierra mexicana, un par de hijos nacidos aquí y una pareja originaria de este país, no fueron suficientes para que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) le reconocieran su estancia legal en México.
La impotencia y el coraje le corren en forma de lágrimas.
Lo único que lamenta, dice al salir azotando las puertas de las oficinas en Tapachula, es haber mantenido la esperanza durante los seis meses que tardó la travesía burocrática, desde que hizo la solicitud y volvió cada semana a darle seguimiento, hasta el día de hoy. Eso, y el haber gastado lo más de 6 mil pesos que cuesta sólo el trámite.
«Quiero arreglar mis papeles, vine porque quiero arreglar mis papeles. No tengo dinero suficiente para pagarlo pero me dijeron, ´usted tiene que pagarlo,´ y pagué. Y a la mera hora me dicen simplemente que ´no ´, que me tengo que ir de México», relata afuera de las oficinas.
La mujer migrante no quiere compartirnos su nombre. Desde ahora, desde siempre, se siente «ilegal», criminalizada y vulnerable en un país que le ofrece una estancia legal, pero que en realidad pretende expulsarla. Su identidad quedó registrada en la base de datos de poco más de 2 millones 476 mil personas que han solicitado regularizar su estatus migratorio de noviembre de 2012 a diciembre de 2013 -según la estadística que conserva la página web del INM-.Leer nota compelta.
