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Un proceso urgente y oportuno

Por: Julio Raudales

El crecimiento económico, la prosperidad y el bienestar se generan desde la ciudadanía y no desde el gobierno.

Solo cuando se permite que el espíritu humano invente y no se frene su creatividad, cuando los individuos pueden tomar decisiones libremente y obtener recompensa personal de su éxito y, sobre todo, cuando no existen incentivos para que personas sin mérito obtengan beneficios del poder, solo entonces se puede asegurar que las sociedades serán dinámicas y libres.

Los grandes desafíos del siglo XXI requieren de arreglos sociales que permitan hacer que la máxima anterior sea una realidad. No podemos persistir en el error de creer que el gobierno es quien produce desarrollo; ello no solo limita las enormes capacidades de realización del ser humano, sino que obliga a la sociedad a incrementar el costo de la administración pública y de remate, incentiva la corrupción, la competencia desleal y los arreglos bajo la mesa.

Cuando en 2007, el gobierno de entonces lanzó la iniciativa de elaborar un “Plan de Nación”, la idea que permeaba era justamente buscar un cambio de paradigma. Ya se había aprobado una Ley de Participación Ciudadana que abría la puerta a las organizaciones sociales, para que fuera a través de ellas que se florecieran las ideas y que el gobierno y su parafernalia, se transformara en un facilitador, más que en un impulsor, de la iniciativa privada.

No se entendió de esta manera. La susodicha ley de participación parecía primar para los asuntos político electorales y no tanto como un auténtico impulsor de iniciativas que busquen el bienestar económico de la gente que, al fin y al cabo, se organiza con propósitos de mejora material.

Una junta de agua, una asociación gremial, una cooperativa o una cámara de comercio, no tienen un fin político en sí, aunque para lograr sus objetivos, deban interactuar con el gobierno. Es debido a esto que las instancias de poder se permiten la abyecta costumbre de manipular y cooptar las organizaciones privadas.

Al final, la manipulación y el abuso de un instrumento que fue creado con un objetivo venerable, como la Ley de participación Ciudadana, dio paso a la pesadilla de la crisis política de 2009 y que derivó en un golpe de estado y la división social de la que aún no nos recuperamos. 

En conclusión: no es que las instituciones sean débiles o inservibles; es que son utilizadas eficientemente para los propósitos deleznables de quienes buscan su bienestar a descargo del de las mayorías.

Al final, un Plan de Nación de largo plazo fue aprobado y puesto en marcha como salida a los problemas generados por el golpe de estado.

Lo más valioso del proceso retomado del gobierno anterior era la apuesta por la iniciativa ciudadana: Volver a la planificación pública abandonada desde el fin de la guerra fría, pero hacerlo desde la base, olvidando la equívoca creencia de que el gobierno es quien genera desarrollo y abriendo la puerta para que sean las organizaciones sociales bien informadas, quienes impulsen su propio crecimiento.

Lamentablemente el proceso fracasó y fue abandonado rápidamente por la actual administración. El problema es que es imposible que el “establishment” se despoje del poder por iniciativa propia. Solamente la presión social ordenada y guiada por un liderazgo no nacido de las organizaciones políticas, sino de los gremios e instancias comunitarias, quienes pueden abrir esta puerta.

Los partidos políticos de oposición son incapaces de hacerlo, porque están guiados por los mismos incentivos que el gobierno al que ellos mismos quieren acceder; toca entonces tomar el liderazgo para la convocatoria, a una instancia cuyas características intrínsecas le permitan aglutinar, guiar en la estructuración de la propuesta y poner en marcha el proceso. Esta instancia es, sin ninguna duda, la Academia.

Es por ello que el llamado a realizar un Encuentro Nacional por Honduras (ENAH), hecho el año anterior por los estudiantes de la UNAH y apoyado por toda la comunidad universitaria, resulta oportuna en la actual coyuntura. En el umbral del bicentenario de nuestro nacimiento como país, apoyemos la iniciativa de estos jóvenes universitarios para que sean ellos de una vez quienes tomen las riendas del futuro y el presente que, al fin y al cabo, pertenece a ellos y a sus hijos. 

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