Tegucigalpa – Hace un año, cuando la MACCIH inició las primeras gestiones que tocaban a la clase política, específicamente en el parlamento, no imaginó el infierno que desataría, y doce meses después de todas esas acciones, tres pactos de impunidad han sido abortados, pero la incomodidad a su trabajo cobra fuerza al aparecer nuevos movimientos que pujan porque su estadía no continúe más allá del 2020.
Las acciones contra la MACCIH han ido desde un recurso de inconstitucionalidad al convenio suscrito entre el Gobierno de Honduras y la OEA, hasta las acciones legales para frenarl la labor de su aliado más estratégico en esta lucha: el Ministerio Público por medio de la Unidad Fiscxal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y de otras unidades del ente.
MP presentó recurso de inconstitucionalidad contra reforma a Ley de Presupuesto.
En ese lapso, al menos tres pactos de impunidad han sido abortados, por ahora. El primero, las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, resolución que tardó más de un año y que se hizo efectiva solo cuando el juez natural que conoce el caso “Arca Abierta” pidió a la sala pronunciarse, pues aparte de la apelación del Ministerio Público (MP), había otra resolución de la Corte de Apelaciones del mismo poder judicial que señalaba que esa reforma violaba tres artículos constitucionales.
¿En qué consistió esa reforma?: A fines de 2017, la MACCIH acusó a ocho entonces diputados del desvío inadecuado de fondos públicos. El Congreso aprobó a matacaballo una serie de leyes y reformas, entre ellas una a la Ley Orgánica de Presupuesto en donde daba al Tribunal Superior de Cuentas la facultad exclusiva de la investigación y en tanto éste no dijera si el resultado de la investigación tenía indicios penales, el MP no podía iniciar investigación alguna en casos de presunta corrupción.
La reforma, fue incluso retroactiva y ordenaba al Tribunal de Cuentas investigar desde 2008 al 2018, es decir a un poco más de 700 parlamentarios y ex parlamentarios, funcionarios y ex funcionarios públicos que manejaron recursos públicos en subsidios. Hasta que concluyera esas investigaciones en los próximos cinco años, el MP no podía de oficio abrir una investigación por corrupción. El MP interpuso una apelación ante la Sala Constitucional pero pasó todo el 2018 y la Sala nunca se pronunció.
Un juez de letras designado declaró “Sin Lugar” la excepción por falta de acción presentada por la defensa de los 20 imputados del caso «Arca Abierta»
El primer y segundo pacto
La MACCIH denunció esa reforma y la denominó como un “pacto de impunidad”, tras revelar que la investigación no abarcaba solo a ocho parlamentarios sino a un poco más de sesenta, entre ellos el titular del legislativo. La juez natural que conocía el caso Red de Diputados, archivó el mismo invocando la reforma legislativa y dio libertad a los diputados implicados. Forzada por el juez natural del caso Arca Abierta, la Sala Constitucional falló diciendo que esa reforma era inconstitucional.
El segundo pacto de impunidad, denominado por los diversos sectores sociales, está relacionado con unas reformas que se piensan hacer a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en donde le quitaban la carga para investigar a las ONG que manejen fondos públicos, en especial subsidios, las alianzas público-privada y los fideicomisos, entre otros.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras emitió un comunicado al respecto advirtiendo que de concretarse esa reforma, no se podría auditar ni fiscalizar fondos a concesionarios privados, ni las alianzas público privadas, entre otras acciones.
La MACCIH dijo que de concretarse esa acción, significaría un retroceso en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas e incluso limitaría al mismo Tribunal de Cuentas en sus gestiones de auditoria a otras dependencias.
Tercer caso
Para Lester Ramírez, de la
Asociación para una Sociedad más
Justa (ASJ), las reformas propuestas
“hacen pensar que están defendiendo
intereses particulares, obviamente aquí
hay un poder oscuro que está
gestando la situación”.En iguales términos se expresó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quién dio la alarma al respecto. En tal sentido, los congresistas y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas anunciaron que iban a socializar las reformas y quitar todo aquello que pudiera entorpecer las labores de transparencia. El segundo pacto de impunidad quedaba abortado.
Pero un tercer pacto de impunidad se empezó a fraguar luego que la Sala Constitucional dijera que el primer pacto, relativo a la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, era inconstitucional.
Una iniciativa de un diputado, fue aprobada en primer debate en el parlamento. Esta vez era al artículo 115 de la Ley de la Administración Pública, en la cual, nuevamente se limitaba la capacidad de investigación de oficio que tiene el Ministerio Público, otorgándole esta exclusividad al Tribunal Superior de Cuentas.
El Tribunal Superior de Cuentas tiene la facultad de investigar, hacer auditorias y una vez concluidas deducir si existen indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa, pero ello no limita al Ministerio Público para que haga de oficio sus propias investigaciones.
Las incomodidades
No obstante, con la reforma al artículo 115 de la Ley de Administración Pública, la misma ponía un freno al MP al indicar que en tanto el tribunal de cuentas no “calificara” el tipo de delito, si es que éste existía, el Ministerio Público no podía investigar.
Los congresista dijeron que lo que buscaban era “calificar” algunos “vacíos legales” en la ley y que no estaban limitando el trabajo del Ministerio Público, sino “señalándole la ruta” de cómo investigar.
Diputados, sectores sociales y la MACCIH misma advirtieron nuevamente de ese retroceso, recordando que el MP tiene rango constitucional y que una ley secundaria no estaba por encima de una norma constitucional.
La MACCIH, dijo, en otro comunicado, que esa reforma al artículo 115 de la ley administrativa vulneraba la Constitución de la República y limitaba fuertemente al Ministerio Público, abriendo así una puerta para la impunidad.
Los congresistas anunciaron que la reforma, aprobada en primer debate, será suspendida hasta que sea socializada con amplios sectores, no sin antes aseverar que existe una campaña de desprestigio en contra de los legisladores por las leyes que aprueban.
El Tribunal Superior de Cuentas, a su vez, se desmarcó de esa reforma al indicar que ni siquiera fueron consultados y que los quieren “estigmatizar” como un ente contralor favorable a la opacidad y no a la transparencia.
En medio de este barullo, sale a luz pública que detrás de esta reforma estaba un sector del empresariado y las centrales obreras, pues la reforma abarca a los llamados cuerpos colegiados, es decir aquellos sectores que son parte de directivas estatales como el seguro social, Hondutel y otros. El Congreso Nacional es también un cuerpo colegiado, dicen los expertos.
“El compromiso de los empresarios de la zona norte es estar opuestos a la corrupción y la impunidad”, señaló el director ejecutivo de la CCIC, Pedro Barquero.
El tal sentido, el primer sector empresarial en desmarcarse de esa acción fue la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), al indicar que ellos no avalaban esa reforma a la Ley de Administración Pública por reñir con la transparencia y favorecer impunidad.
“El compromiso de los empresarios de la zona norte es estar opuestos a la corrupción y la impunidad”, señaló el director ejecutivo de la CCIC, Pedro Barquero.
La MACCIH cumplió tres años de estar en el país y en enero de 2020 se vence el convenio de cuatro años y ya han salido voces, incluso desde el poder judicial, insinuando que nos les gustaría que una misión extranjera estuviera por 5,10, 15 o 20 años en el país, pues Honduras ya está dando muestras de funcionamiento en su institucionalidad.
En tres años, la Misión ha sacudido parte de las elites políticas, otro sector de ellas sigue impune, cubierta en acuerdos y hasta una especie de amnistía; otros círculos de poder también han sido tocados al judicializar los primeros siete casos, anunciar otros y tratar de colaborar en procesos incoados, más de nueve mil millones de lempiras que han sido saqueados de la administración pública.
