Tegucigalpa – Al menos nueve alcaldías son auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ante numerosas denuncias sobre irregularidades que se han presentado por la emergencia de COVID-19, informó el magistrado presidente del ente contralor, José Juan Pineda.
El magistrado señaló que desde hace tres semanas colgaron en la página web de la institución un plan de acción que involucra a las alcaldías de todo el país.
Indicó que los auditores están monitoreando a los gobiernos locales y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
Detalló que en Olancho, se habrían ejecutado actos contrarios a la rendición de cuentas por parte de proveedores a esta alcaldía se le dio las correcciones e instrucciones al alcalde que la acción debe de hacerla la alcaldía y no el proveedor.
Asimismo, en la zona sur, una de las corporaciones municipales se opuso a la incorporación del auditor interno designado por el organismo contralor.
Las auditorías se han ejecutado en Danlí, Gualaco, Pespire, entre otros términos municipales.
“Hay varias correcciones y oficios a alcaldías para que trabajen conforme a la ley, quisiera creer que lo que está pasando es ignorancia de parte de estas personas porque en muchos de los casos estos piensan que el auditor es un inquisidor y no es así, esto les servirá a ellos para que su administración sea transparente”, comentó.
Enfatizó que el dinero destinado a responder a las necesidades de la urgencia epidemiológica debe ser manejado con transparencia.
Las transferencias a los gobiernos locales son única y exclusivamente para los efectos de salir al paso de la emergencia por el COVID- 19 en asuntos puntuales como son la compra de alimentos y la adquisición de medicamentos, señaló el funcionario.
En la segunda quincena de marzo, la Secretaría de Finanzas comenzó a hacer efectivo el traslado de alrededor de 500 millones de lempiras a los gobiernos locales, con el objetivo de priorizar las tareas de combate a la pandemia.
