Al cumplirse una semana de la tragedia en el penal de Comayagua en donde murieron 360 personas, reportadas hasta ahora, mientras otras se encuentran delicadas en el Hospital Escuela, el presidente Lobo decidió dar un giro en su agenda mediática y enfilar de nuevo sus baterías al poder judicial y lo que considera “noticia dañina” por parte de los medios de comunicación social.
La decisión de una juez de aceptar un amparo para descargar miles de toneladas de arroz que se encontraban varadas en Puerto Cortés por irregularidades en el permiso, incomodó al presidente hondureño al cuestionar el rol de la justicia en este caso. El caso identificado como el “arrozazo II” ha sido cuestionado al grado que nadie da evidencias claras de lo sucedido. A este “azo” le han seguido otros casos de irregularidades en la administración.
Si la determinación de la juez de aceptar el amparo como parte de los mecanismos legales establecidos en el Estado de Derecho, molestó al gobernante hondureño, el fallo de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional la Ley de las Iglesias Evangélicas porque vulnera el derecho a existir de otras iglesias de la misma tendencia, terminó por molestar a Lobo Sosa e incluso al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.
“Aquí en Honduras lamentablemente el único poder que no tiene a nadie encima es el Poder Judicial. Lo que ellos hagan y decidan es la última instancia y eso no me parece justo en el balance de poderes”, dijo claramente el presidente en un acto público.
Según el gobernante esa especie de supremacía del poder judicial llevó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en una de sus recomendaciones, a contemplar la creación de un Tribunal Constitucional.
La corte constitucional sería “para que en las decisiones de la Corte (Suprema de Justicia) también haya otro organismo que las pueda ver” explicó.
Lobo dijo que para dar seguimiento a las recomendaciones de la CVR se ha creado una Unidad de Seguimiento, responsable de socializar estos aspectos y consensuar en el diálogo las reformas necesarias.
Esta Unidad de Seguimiento realizó hace un poco más de un mes, un foro sobre la experiencia de los tribunales constitucionales en América Latina y expertos en esa materia han venido al país para sondear la posibilidad de su aprobación en el Congreso.
Pero las declaraciones de Lobo, lejos de facilitar la creación de un Tribunal Constitucional, han disparado las alarmas y en el hemiciclo, por ahora, no existe ambiente de aprobar esta figura porque la ley impide que en año político como el actual, se gesten reformas constitucionales.
No obstante, tanto Lobo como el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, han dejado entrever que las decisiones de la Corte de Justicia no son compartidas y seguirán en la lucha porque nadie debe detener una “decisión de Dios”.
| Los “líos” con los medios En este sentido, Lobo anunció la creación de una “comisión de juristas”, asesores presidenciales para “analizar” los alcances de las últimas decisiones del Poder Judicial en una clara intromisión en los asuntos de otro poder del Estado. |
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Eso del lado del Poder Judicial. El otro frente abierto en paralelo son las relaciones con los medios de comunicación y la libertad de expresión al aceptar que arrastra viejas rencillas que lo tiene “en líos con los dueños de los medios de comunicación”, según las propias expresiones del gobernante.
En el marco de un foro sobre libertad de expresión con la presencia y participación de expertos nacionales e internacionales, el presidente Lobo develó su malestar con los dueños de los medios de comunicación a quienes insinuó que enviará una reforma legal para “regularlos”.
El evento, patrocinado por el gobierno mismo, estuvo huérfano del respaldo gubernamental. La inauguración estuvo a cargo de un funcionario de bajo perfil, la presencia de funcionarios públicos fue escasa, uno que otro relacionador público, escasísimos periodistas y muy poca representatividad civil.
El enorme salón de un hotel capitalino contratado para el evento, medio se llenó de funcionarios de Casa de Gobierno, cuando llegó el mandatario hondureño, quien al clausurar el evento reiteró que es un defensor de la libertad de expresión, tras narrar su breve paso de seis meses hace un par de años haciéndola de reportero radial y le censuraron el programa.
Ahí dijo que tenía “líos con los dueños de los medios de comunicación” y que debería haber pluralidad en el otorgamiento de licencias para frecuencias (radiales y televisivas) y que consideraba que debía romperse el monopolio en la concentración de la propiedad de medios de comunicación.
Los últimos datos estadísticos indican que existen en el país más de758 medios electrónicos distribuidos a nivel nacional, en su mayoría en manos de políticos, diputados y ex diputados, además de la propiedad de los medios tradicionales de prensa.
“Yo no le temo al debate, no tengo miedo a las ideas y si creo que como sociedad, mejor temprano que tarde, debemos revisar como es en Honduras la propiedad de los medios de comunicación social”, manifestó, tras indicar que también la CVR hizo recomendaciones sobre los medios de comunicación y hay que trabajar en ese sentido.
Luego, 24 horas después, volvió a la temática de la libertad de expresión, haciendo a un lado sus declaraciones en cuanto a que iba a frenar los “golazos” que le estaban metiendo funcionarios de su misma administración.
En el evento de libertad de expresión, no obstante, varios expositores dejaron entrever al gobernante que las regulaciones a la libertad de expresión deberían venir de los mismos medios de comunicación, de la creación de figuras como los defensores del lector, oyente o televidente y de la misma sociedad, pero nunca de un Estado y un gobierno porque ello era “censura”.
Richard Vargas, del Observatorio Político de Venezuela, un ente no estatal, dijo que la libertad de expresión sólo existía en las democracias y que regularla significaba entonces tener “libertad de expresión con consecuencias”.
