Tegucigalpa – La Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU) presentó los resultados de las mesas técnicas del Diálogo Político que denominó “Pilares del Consenso para la Reconciliación”, la cual incluye 169 acuerdos alcanzados durante dos meses en las cuatro mesas temáticas identificadas.
Según la ONU, los acuerdos en el país siguen siendo posibles y los representantes de los actores políticos de la crisis post electoral de noviembre de 2017 lo demostraron en las mesas en torno a tres pilares estratégicos: protección de derechos humanos, institucionalidad democrática y estado de derecho; y reformas político-electorales.
La tradición de la cultura política hondureña en torno a los consensos data de largo aliento, pero según el representante de la ONU en Tegucigalpa, Igor Garafulic, la coyuntura actual indica que el país no puede desaprovechar la oportunidad de llegar a acuerdos e impulsar reformas profundas.
Garafulic recordó que, tras los acontecimientos de 2009, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo una serie de recomendaciones que siguen siendo válidas y que ha llegado el momento de aterrizar en los nuevos consensos para evitar la agudización de los conflictos.
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una reputada instancia de sociedad civil revela que, de noviembre de 2017 a la fecha, el país ha tenido un total de 65 conflictos sociales, un promedio de 5.5 conflictos mensuales, en clara señal que los problemas de gobernabilidad, lejos de aplacarse, tienden a agudizarse.
Esos conflictos están relacionados con la crisis post electoral, protestas públicas, corrupción, alzas de tarifas de servicios públicos, violencia, torturas y lesiones, acceso a justicia, violaciones de derechos humanos, impunidad, entre otros conflictos.
Estos conflictos identificados por la ASJ que se han suscitado en el último año en el país fueron abordados también en las mesas técnicas del Diálogo Político y algunos de los consensos en que se llegaron fueron los siguientes:
En el área de protección de los derechos humanos, el primer pilar identificado, se encuentra una propuesta de ley para regular el uso proporcional de la fuerza, también hubo acuerdos en torno al rol de las Fuerzas Armadas y se acordó conformar una comisión ad hoc que evalúe y emita recomendaciones sobre el rol y el carácter provisional de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en sus funciones para aplicar la ley y la seguridad ciudadana.
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Reparación de víctimas
El consenso también se dio en torno a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos para discutir, aprobar y publicar la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, al igual que iniciar un proceso de reconciliación, esclareciendo las violaciones a los derechos humanos, justicia y reparación integral a las víctimas.
Sobre el Plebiscito, en el llamado pilar de institucionalidad democrática y estado de derecho, el consenso fue realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si acepta o no la reelección presidencial, y en caso afirmativo, la modalidad de la misma.
Hubo consenso también para analizar la creación de un tribunal o Corte Constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia, además de revisar los criterios de selección y nombramiento de los altos funcionarios electos en segundo grado para que sean objetivos y meritocráticos.
Las mesas técnicas del diálogo político acordaron también dar rango constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública, así como revisar la ley de secretos por considerar que es un obstáculo a la transparencia.
Las reformas electorales han sido discutidas por diversos sectores del país mediante el diálogo político apoyado por La ONU.
El cambio en el Registro
En el caso de las reformas políticos electorales, los consensos a los cuales llegaron los actores políticos representados en las mesas técnicas fue crear una nueva institucionalidad registral, e iniciar un proceso de identificación nacional que garantice seguridad, confianza y eficiencia.
También se propone elevar al Congreso Nacional las recomendaciones consensuadas para rediseñar, profesionalizar y tecnificar el Tribunal Supremo Electoral.
Estos y otros puntos son parte de los 169 acuerdos del consenso arrojado por el Diálogo Político, mismos que piensa ser entregados al Congreso Nacional.
Las mesas técnicas conformadas para el Diálogo Político fueron: mesa de los hechos del proceso electoral 2017 y reelección presidencial; mesa de derechos humanos, mesa de reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho y mesa de reformas electorales.
Los puntos en los cuales las mesas técnicas no llegaron a acuerdos y la decisión se elevó al equipo de alto nivel conformado por el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el del Comité Central del Partido Nacional, el presidente de la República y el coordinador del partido en formación Salvador de Honduras, fueron la amnistía política, la segunda vuelta o balotaje y la transformación del TSE.
En el Congreso Nacional, la presidencia de ese poder del Estado ha instalado un diálogo político electoral en donde se abordan algunos de los temas arriba descritos.
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Hasta ahora, el Congreso se ha concentrado en impulsar el tema de las reformas electorales y ha delegado esa función en una misión de la OEA que ha revisado todos los acuerdos existentes en el país para condensarlos en una propuesta que presentará al congreso a inicios de diciembre.
De acuerdo con los legisladores, si el país avanza en las reformas electorales éstas deben aprobarse en diciembre pues se amerita de una reforma constitucional y ameritan ser ratificadas en la próxima legislatura o no serán posibles aplicarlas antes de los próximos comicios.
Por ahora, tres pilares para la reconciliación y 169 acuerdos están nuevamente en las manos de las élites políticas y del poder Legislativo. De ellos dependerán los avances en los acuerdos, sí estos siguen siendo posibles o si se archivan al igual que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en medio de escenarios cambiantes en un país donde el tono de la conflictividad social sigue su tendencia alcista.
