El armisticio entre las principales pandillas salvadoreñas se inició el 9 de marzo de 2012 y consiste básicamente en no asesinarse entre sí, lo que deja a los demás salvadoreños a su merced.
La fragilidad del pacto ha sido muy cuestionada, incluso por las nuevas autoridades de seguridad del país, y quedó demostrada con dos hechos recientes: un repunte en el número de asesinatos y el abandono de una escuela por maestros y alumnos atemorizados por las pandillas.
El nuevo ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, que lleva menos de dos meses en el cargo, considera que el problema radica en que los pandilleros «hicieron una tregua entre ellos, pero no una tregua entre ellos y el resto de la población».
Perdomo reconoció a los periodistas que es «bueno que entre ellos no se maten, pero el problema está en que eso no se ha traducido en paz y en tranquilidad para el resto de la población».
Muestra de que la población sigue bajo riesgo es que la escuela San Francisco Dos Cerros, en el municipio de El Paisnal, unos 39 kilómetros al norte de San Salvador, está abandonada desde el lunes por sus 10 maestros y 289 alumnos por las amenazas de pandilleros.
Según las autoridades, el inicio del problema fue que la Policía capturó a un pandillero de la Mara 18 que trató de reclutar a alumnos del centro educativo y fue denunciado por su director.
Este hecho viola el compromiso que anunciaron los pandilleros el 2 de mayo de 2012, cuando dijeron que en el marco de la «tregua» dejarían de reclutar estudiantes en las escuelas.
Una maestra de una escuela estatal de Lourdes Colón, en el oeste del país, dijo a Efe que la disputa territorial e intentos de reclutamiento persisten en los centros educativos y que muchos jóvenes se ven obligados a dejar de estudiar o trasladarse a otros lugares por esta problemática.
Hasta el momento, el «único beneficio» que ha recibido la población «ha sido la baja de homicidios», declaró a Efe el coordinador del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Nelson Flores.
Los demás delitos, como las extorsiones y desapariciones, «siguen latentes», reconoció Flores.
Empero, recordó que no sólo la pandillas cometen delitos en el país, sino que también hay «otros individuos» y grupos, como el crimen organizado.
Desde la implementación del pacto, sellado por la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, el país ha vivido una tendencia a la baja en los homicidios diarios, pasando de alrededor de catorce a cinco, según las autoridades.
Sin embargo, recientemente, entre la última semana de junio y principios de julio, el país registró un alza de unos 20 homicidios diarios, lo que hizo temer que la «tregua» podría llegar a su fin.
Días después, tras el repunte, las autoridades anunciaron que los homicidios habían disminuido a alrededor de seis o siete.
El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, Adam Blackwell, que está en El Salvador, admitió que la «tregua» es «frágil» y consideró que «hay que investigar» el repunte de homicidios, pero descartó que haya significado una «crisis» en el pacto, del que ese organismo es garante.
El Gobierno está abriendo un espacio para la construcción de un pacto social que tenga una dimensión mayor a la «tregua», más profunda y sostenible en el tiempo, donde todos los sectores de la sociedad jueguen un papel importante, anunció Perdomo.
Es necesaria «la institucionalización de este proceso», porque es «una de las cuestiones que permitiría la sostenibilidad (…); de lo contrario, este proceso se caería», señaló Flores.
A medida que la «tregua» avanza, la desconfianza de los salvadoreños aumenta, pues entre diciembre de 2012 y mayo de este año los ciudadanos que perciben que la violencia ha disminuido poco o nada se elevó de un 60% a un 72,6%, según sondeos del Instituto Universitario de Opinión Pública, de la jesuita Universidad Centroamericana.
