(Poder de gobierno y su ejercicio. Reivindicación del derecho y deber de la ciudadanía de participar en la política, involucrándose en lo que concierne a los asuntos públicos)
Transformar a Honduras es un acto político y un deber jurídico de la mayor importancia y apremio nacional ante una injusta e indignante pobreza nacional que acomete a casi el setenta y cuatro por ciento de la población, de la cual más del cincuenta y tres por ciento vive en la pobreza extrema.
Esa situación de indignidad humana es contraria a lo proclamado y regulado en nuestro formal Estado Democrático y Social de Derecho, por lo cual, sociedad y Estado, debemos vencerla con políticas públicas y acciones en favor de la vida y el bienestar común de todo el pueblo, así como con la prevención, control y sanción de la corrupción, en todos los ámbitos, en particular en lo relativo al ejercicio de competencias públicas por parte de aquellos que, en elecciones de primer o segundo grado, hemos electo como representantes para conducir el funcionamiento del Estado.
El pueblo y cada ciudadano y ciudadana, tenemos también gran responsabilidad en esa situación, por nuestra falta de veeduría social, denuncia, verificación de rendición de cuentas y ausencia de una solidaridad pluralista que haga sentir el poder cierto del pueblo soberano, en un realmente vigente y eficaz Estado Constitucional de Derecho, y en una acción sistemática para contrarrestar y superar la acción de los enemigos de la democracia y del bien común.
A lo anterior, se agrega que las sucesivas generaciones de políticos tradicionales y quienes se han aprovechado de sus acciones y continúan haciéndolo, han hecho creer, a gran parte de nuestras sucesivas generaciones, que: por un lado, nuestro poder como pueblo de controlar el poder político termina, cuando entre nosotros seleccionamos, por medio del voto en elecciones generales, a nuestros representantes en el Estado; y, por otro lado, que son esos políticos tradicionales y los nuevos representantes electos, quienes tienen la competencia exclusiva de entender y hablar sobre los asuntos del Estado, por ser así miembros de una especie de “cofradía” que han denominado la “clase política” y que sería la única facultada para pronunciarse en la vida pública, creando así una frontera cultural de exclusión del pueblo mayoritario y de rechazo a la dignidad humana de sus integrantes y a la razón de ser y fin supremo del Estado democrático y social de Derecho, consagrado en nuestra Constitución de la República y normativa internacional, tal como se explica a continuación.
La política estatal e internacional es asunto de interés social de toda la ciudadanía. Por el bien del pueblo: debemos abandonar falsos conceptos y artificiales limitaciones que se nos ha impuesto desde el pasado, de una interesada figura de “clase política”, con la supuesta y exclusiva tarea de determinar, a su leal saber y entender, lo que es bueno para la sociedad nacional, aun incumpliendo, jurídica y éticamente con el Estado constitucional de Derecho y con el mandato popular representativo que ha recibido del pueblo.
Esa imposición cultural ha alejado así a la ciudadanía de su efectivo poder de control sobre las actuaciones de nuestros representantes en el Estado y de la titularidad de la soberanía del pueblo sobre el territorio y las riquezas y recursos naturales.
Es necesario rescatar la política secuestrada por grupos de interés particular para incorporarla en el patrimonio cultural colectivo de la ciudadanía. como medio de hacer efectiva su titularidad de poder constituyente del Estado y su poder incesante de control sobre sus representantes en el Estado, en cualquier momento en el cual la democracia constitucional y el bien común, estuviesen amenazados por quienes hacen de la política y el Estado el instrumento para corromper y enriquecerse ilícitamente o por otros enemigos de nuestro Estado Constitucional de Derecho.
Democracia y política recobrarán entonces la auténtica ideología consagrada en la Constitución como Estado Democrático y Social de Derecho que es una visión de una Honduras que trasciende ideologías partidistas ajenas a nuestra realidades, aspiraciones y autodeterminación. Visión hondureña centrada en la dignidad humana del pueblo y de todas y cada una las personas que lo conforman como población de Honduras.
Bajo esa única legitimidad y legalidad, la Constitución regula todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Estado y los representantes del pueblo carecen de facultades discrecionales individuales y, con mayor razón, arbitrarias, pues su accionar debe realizarse enfocado en el cumplimiento de las normas constitucionales para hacer prevalecer el bien común, la justicia, la democracia, la libertad, la paz el pluralismo y, en ese marco normativo de largo plazo, cumplir también los periódicos mandatos electorales del pueblo.
Por esas y otras razones: es socialmente vital iniciar una práctica democrática de participación política de la ciudadanía que corrija esa impuesta creencia en una “clase política” predestinada a ser la informal asociación excluyente que debe guiar e interpretar la vida pública nacional.
Para lograrlo debemos tomar y promover conciencia en que la política, en democracia y libertad, es un asunto del pueblo entero y de cada ciudadano y ciudadana porque tiene que ver con el bien común del ser humano, con la vida en sus familias, en sus comunidades, en la sociedad y en el Estado; así como con la actuación proactiva, constructiva y honesta de los representantes que elijamos para que, en nuestra representación, dirijan el Estado; y con nuestro control sobre ellos, para que no se alejen o no abusen del poder que les hemos confiado y que se mantengan siempre en sumisión y adhesión permanente a la legalidad y legitimidad derivada del cumplimiento del formal ordenamiento jurídico vigente.
Relaciones entre pueblo representado y representantes en cargos públicos. Honduras es constitucionalmente una república democrática y el titular del derecho a la democracia (que es inseparable de la dignidad humana) es el pueblo. Por ello, cada ciudadano y ciudadana tiene el derecho a una buena Administración Pública que promueva la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural; y el Gobierno sólo tiene la obligación de fomentar y defender la democracia, en la perspectiva de los derechos humanos de las personas que conformamos su población,
En efecto, hay derechos humanos directa y especialmente concernidos como el derecho a la libre determinación de los pueblos (Condición política, forma de constitución y de Gobierno); derecho al desarrollo (proceso global conducente al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todas y todos los ciudadanos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que derivan de dicha participación); y el derecho de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a participar directamente o por medio de representantes libremente elegidos, en los asuntos públicos, a cuyo respecto, se reconoce internacionalmente que: “Cuando los ciudadanos participan en la dirección de los asuntos públicos por conducto de representantes libremente elegidos, esos representantes ejercen un auténtico poder de gobierno y , en virtud del proceso electoral, son responsables ante los ciudadanos del ejercicio de tal poder. También se infiere que los representantes ejercen solamente las facultades que se les atribuyen de conformidad con la Constitución”.
Los anteriores reconocimientos están fundamentados en la Constitución de la República y en la normatividad internacional siguiente: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Carta Democrática Interamericana; Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública; Declaración Universal sobre la Democracia).
Por todo ello, nuestros representantes libremente elegidos, son responsables ante toda la ciudadanía, del ejercicio del poder de gobierno que les hemos confiado y, a ese efecto, deben ejercer transparente, proactiva, productiva y honestamente, las atribuciones y competencias que se les asigna en la Constitución de la República y rendirnos cuentas de ello. Asimismo, como ciudadanía debemos organizarnos local y nacionalmente para ejercer realmente nuestro poder de control del ejercicio del poder que hemos encomendado a nuestros representantes en el Estado. Lo que implica, apremiar nuestra solidaria presencia, vigilancia y voz permanente sobre la política municipal, nacional e internacional que concierne a Honduras y a sus relaciones con otros Estados.
