Por: Ricardo Puerta
Tegucigalpa.- Este artículo se inspira en otro publicado en inglés, por los especialistas del American Inmigration Council, titulado “Calls for Temporary Protected Status for Central American Countries Continue to Grow”/”Crecen solicitudes de TPS para los países centroamericanos”, con fecha 9 de septiembre, 2016. El original en inglés puede conseguirse en:
https://e1-mg5.mail.yahoo.com/
Hasta el 10 de setiembre pasado, el número de solicitudes presentadas al Gobierno de Estados Unidos continuaba en aumento para que extendiera a los nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras el estatus de protección temporal/TPS, si emigran por razones de violencia e inseguridad.
Así lo demuestran más de 100 catedráticos de las Facultades de Derecho de diferentes universidades norteamericanas y casi 400 líderes cívicos, que por medios diversos, han instado al presidente de Estados Unidos que extienda los beneficios del TPS a los centroamericanos que huyen de sus países por inseguridad. Ello conllevaría que los nacionales de esos países, que ya se encuentran en los Estados Unidos, no los deporten y se les conceda, también a los familiares que le acompañan un permiso temporal de trabajo.
Hasta ahora, los ciudadanos de Honduras y El Salvador estaban amparados por el TPS solo por razones de desastres naturales –como los ocurridos en la zona en 1998 y el 2001. Si el candidato llegó a EE.UU antes o después de esos años, el TPS no se les aplica.
Los niveles de violencia continúan siendo un tormento para los habitantes de los países de la región del Triángulo Norte de América Central. Desde el 2014, la tasa de homicidios de El Salvador se incrementó en 70 por ciento. San Salvador, capital salvadoreña, es la ciudad con la mayor tasa de homicidios en el hemisferio occidental. Honduras y Guatemala, los otros dos países del Triángulo Norte, le siguen en tercero y quinto lugar.
La tendencia a la inseguridad se mantiene en aumento en El Salvador. Durante el primer trimestre del presente año, se registró «casi un homicidio por hora.» La situación ha llegado al extremo que en enero pasado de El Salvador se retiraron los Voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, tras 40 años en ese país. En el 2012, sucedió lo mismo con los Voluntarios del Cuerpos de Paz en Honduras. Y si bien en Honduras, la tasa de homicidios ha disminuido, la disminución aún es insuficiente para que el ciudadano común, usted y yo, nos sintamos seguros en la calle.
La coyuntura invita a que un buen número de hondureños exageren la inseguridad que sienten y así lograr asentarse legalmente en EE.UU., aunque sea por un tiempo. Cuando irse y quedarse en el exterior ha sido más por causas económicas, buscando el empleo decente y seguro que no encuentran en Honduras.
Los centroamericanos que huyen de sus países por la creciente violencia, enfrentan enormes obstáculos en la travesía por tierra, debido a los peligros de trata, tráfico de personas, violación, secuestros, extorsiones y a la feroz represión reinante en México. Todo ello aumenta los riesgos de vida de quienes huyen de estos países, buscando protección, en forma de refugio y asilo.
Los ahora peticionarios del TPS no se están solos clamando en el desierto. Hasta el momento, 22 demócratas del Senado y 146 demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU., le han remitido cartas al Presidente Obama pidiéndole que este año, en el 2016, extienda temporalmente el TPS a los centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. Al clamor se han unido cientos de organizaciones, más líderes religiosos, cívicos y empresariales.
Durante la crisis humanitaria del 2014, cuando menores centroamericanos no acompañados se internaron en Estados Unidos sin la debida documentación, se hizo evidente, una gran afluencia de unidades familiares, compuestas por madres acompañadas de menores, que también huían de la violencia reinante en América Central. La Administración de Obama respondió albergando en los centros de detención a cientos de éstas unidades familiares. Que en su mayoría, hasta hoy, llevan más de 300 días sin solución, y de hecho siguen presas porque no pueden salir de su “centro residencial familiar”. Aún en esas condiciones queda una pizca de consuelo al reconocer que, por lo menos, “siguen en territorio estadounidense y no las han deportado”.
Lo hecho al respecto, sin duda, dejó mucho que desear. Cientos de familias aprendidas fueron albergadas en condiciones impropias para menores y mujeres. Muchas de las unidades familiares apresadas, que contaban con hogares adoptivos en Estados Unidos, fueron deportadas a sus países de origen, sin haber cumplido “con el debido proceso” y obviando las circunstancias peligrosas que enfrentaban al volver a Honduras, en igual o peores condiciones que cuando se fueron. Proteger el interés superior del menor y lograr la reunificación familiar, derechos humanos universalmente reconocidos, fueron violados del todo en estos casos.
Según la Administración de Obama, las deportaciones se hicieron para que más unidades familiares centroamericanas no siguieran migrando en forma irregular. Ello negaba la larga y loable historia de Estados Unidos, como nación protectora de las personas que huyen de sus países por razones de violencia e inseguridad. También ignoraba los resultados de un estudio reciente centrado en la pregunta… ¿Por qué huyen de sus países los refugiados centroamericanos? Y que concluyó: “cuando un centroamericano decide irse de su país, la delincuencia y la violencia reinantes inciden más en su decisión que el conocimiento que tiene de los riesgos que va a enfrentar en la ruta migratoria”.
Lo anterior abre cierta esperanza en la Administración norteamericana. Parece estar reconociendo las necesidades de protección que necesitan los “nuevos migrantes” centroamericanos que piden refugio.
Otro detalle más a su favor. El Programa de Refugiados/Libertad Condicional a los Menores de Centroamérica (CAM), del Departamento de Seguridad Nacional, ha puesto en marcha un trámite regional, extensivo a los refugiados de los países del Triángulo del Norte, que es positivo. Concede al solicitante un reasentamiento en los Estados Unidos de América. Mientras espera la decisión puede refugiarse en un tercer país, Cosa Rica, hasta hoy en la región. El tiempo dirá si “la opción del tercer país”, no es más que “otra excusa” para de hecho no refugiar o asilar a nadie, o a muy pocos solicitantes, en territorio norteamericano.
Aquellos que ya tienen amenazadas o en peligro sus vidas donde ahora viven, no pueden esperar en Honduras por un procesamiento largo, como exigen los trámites de refugio y asilo. Por eso, se ven forzados y huyen a Estados Unidos, buscando protección.
Para los nacidos en Honduras, el TPS es una alternativa, sin duda Desde hace años, lo han usado como solución. Su trámite es bien conocido. Más de 65 mil hondureños han renovado el TPS 12 veces en los últimos 18 años. Por lo tanto, sería oportuno y conveniente extenderlo a quienes de verdad tienen en riesgo sus vidas y las de su familia, porque no pueden quedarse viviendo o regresar a su lugar de origen o de residencia, por razones de violencia e inseguridad.
El Gobierno de Honduras tiene en esta opción del TPS otra causa humanitaria más, de co-responsabilidad diferenciada en migración, con alcance binacional, a lograr en común con Estados Unidos.
