El caso, que tiene repercusiones para otros muchos extranjeros en situación similar, se refiere a Samson Taiwo Dada, un ciudadano nigeriano que ingresó a Estados Unidos a mediados de 1998 con una visa temporal del tipo otorgado a artistas.
Dada se quedó en el país más allá de la fecha de vencimiento de su visa y en 1999 se casó con una ciudadana estadounidense que luego solicitó la residencia legal para su esposo.
Las autoridades rechazaron la solicitud en 2003 y el Departamento de Seguridad Nacional dictaminó que Dada debía ser deportado porque se quedó más allá del plazo de su visa.
Inicialmente Dada firmó los papeles para irse voluntariamente del país pero luego se retractó de esa decisión y presentó una nueva petición.
Como el hombre permaneció en EE.UU. más allá de los 30 días de plazo para su partida voluntaria, las autoridades decidieron que, además de la deportación se le aplicaría la prohibición de retornar a EE.UU. por diez años.
El acuerdo de salida voluntaria beneficia al Gobierno porque acelera el proceso de partida del extranjero que se encuentra ilegalmente en el país, y evita los gastos de la deportación.
Asimismo beneficia al extranjero porque facilita su retorno a Estados Unidos. El período de partida voluntaria no debe exceder los 60 días desde el acuerdo.
Los abogados de Dada continuaron apelando las decisiones del Gobierno, y finalmente hoy el Tribunal Supremo dictaminó que a un extranjero «debe dársele la oportunidad de retirar su moción de partida voluntaria si hace la petición antes que expire el plazo para la partida».
El juez Anthony Kennedy, que escribió la opinión mayoritaria, señaló que Dada «pidió que se retirara su moción de partida voluntaria antes del período de expiración de 30 días» y por ello el Gobierno debió haber accedido a su solicitud permitiendo que Dada completara el trámite.
El juez Antonin Scalia, uno de los cuatro que votó contra la decisión, sostuvo que «este Tribunal carece de la autoridad» para interferir en la forma en que el Gobierno ejecuta la partida voluntaria de un extranjero que se encuentra ilegalmente en el país.
«Esto sienta un precedente para personas que son elegibles para la ‘tarjeta verde’ (residencia legal) ya sea porque han contraído matrimonio con un estadounidense, o por su trabajo», explicó a Efe Nadine Wettsting, de la Asociación de Abogados de Inmigración.
Añadió que «la situación hasta ahora era sin salida: si la persona tiene su trámite en marcha y es elegible para la residencia, pero se ha quedado más allá del vencimiento de su visa, debe optar entre la deportación o la partida voluntaria».
«Y en cualquiera de los dos casos, pierde su trámite de solicitud de la residencia», dijo Wettsting. «Lo que el Tribunal Supremo dictaminó hoy es que esa persona puede retirar su acuerdo de salida voluntaria, y permanecerá en el país hasta que se complete el trámite para la residencia legal a la cual tiene derecho».
