Desde hace ya varias semanas nuestro país es convulsionado por la implantación de las ZEDE, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, impulsadas por el gobierno en contra de viento y marea. Muchos grupos se han manifestado en contra, y muy pocos, que yo sepa, a favor. Pareciera ser una iniciativa muy impopular del gobierno, y en otras latitudes ya se habría abandonado o al menos habría sido modificada sustancialmente. Pero no en nuestro país. Haciendo caso omiso de todos los reclamos y protestas, y procediendo como si padeciera de una absoluta sordera, el gobierno está empecinado en continuar con su impopular propuesta. ¿Qué sucederá al final? Me atrevo a pensar que la ley será derogada en esta misma Administración, o en la próxima que tomará posesión en unos seis meses. ¿Habrá la clase política aprendido algo en el proceso? Probablemente no, pero analicemos la situación y veamos que podemos concluir.
La discusión se ha centrado en la Constitucionalidad de la Ley, pero en nuestro ordenamiento jurídico el juez último y absoluto de la constitucionalidad de una ley o disposición es la Corte Suprema de Justicia, y esta dictaminó que la legislación que subyace las ZEDE es constitucional. Podemos continuar presentando recursos ante la Corte, pero si esta tiene un ápice de consistencia, seguirá diciendo lo mismo. Por este camino no llegaremos a la derogación de las ZEDE, salvo que cambiaran los integrantes de la Corte, lo cual no sucederá. Recordemos que en efecto el fallo que ahora conocemos se comenzó a gestar hace ya varios años con la destitución, ilegal, de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional. Lo que después hemos visto es consecuencia de ese acto que violó el principio de la independencia de poderes, entre otras cosas. Recordemos que el acatamiento a la ley no garantiza justicia. Justicia es un concepto mucho más amplio. Por tanto, es posible que un acto legal no sea justo. En países desarrollados, la brecha entre lo justo y lo legal se reduce. En países como el nuestro, donde no hay independencia de poderes, la brecha se ensancha. El caso que nos ocupa ilustra claramente esta dicotomía. La decisión de la Corte puede ser legal, pero no es justa porque se violaron los derechos fundamentales del Soberano, entre ellos el derecho a ser consultado cuando se trate de temas de gran relevancia. No se siguió un procedimiento de consulta con la población. De haberse hecho, hubieran encontrado un contundente rechazo a la propuesta.
Ahora ya una consulta resulta extemporánea, más aún en un ambiente polarizado y envenenado. Pero veamos hacia adelante. Ya se autorizó la operación de varias ZEDE y seguramente que sus socios habrán ya invertido en su desarrollo. Cuando se apruebe la derogación de las ZEDE no podrá procederse a la instalación de nuevas ZEDE, pero habrá que cuidar de no aplicar la nueva legislación retroactivamente y respetar los derechos adquiridos por quienes previamente habían invertido en ellas. Tendremos dos alternativas. O permitimos que esas ZEDE continúen según lo originalmente pactado, o compensamos a los inversionistas para que abandonen sus proyectos o los hagan consistentes con el resto de la legislación nacional. Si no hacemos eso, enfrentaremos costosas demandas internacionales y nuestra reputación sufrirá las consecuencias. Colocar bonos en los mercados internacionales será más difícil y costoso, entre otras cosas. Las consecuencias serán aún peores si la población reacciona violentamente en contra de los inversionistas de las ZEDE ya aprobadas y que decidan continuar con sus operaciones. Eso sería catastrófico y muy lamentable para todos.
El proyecto de las ZEDE es típico de gobiernos autócratas y dictatoriales, donde la opinión pública no es tomada en cuenta. Solo el autócrata o dictador sabe lo que debe hacerse. Así puede uno explicar los casos de China y Cuba, por ejemplo, donde la permanencia continua del régimen en el poder garantiza a los inversionistas el respeto a las reglas pactadas para las ZEDE. En nuestro país un presentador de televisión nos dice que si Cuba optó por las ZEDE, Honduras debería hacer lo mismo. Eso equivale a decir que lo que hace Cuba está bien hecho y por tanto debería adoptarse en Honduras, incluyendo las restricciones a la libertad de prensa, cosa que estoy seguro no aceptaría el presentador. Nuevamente, el poder omnímodo del Estado garantiza el respeto a lo pactado, pero igualmente ese poder asegura que cuando así lo decida, el Estado podrá poner fin a las ZEDE, sin temor a las consecuencias. Aislar a China es imposible y Cuba ha estado aislada por más de medio siglo, por lo que eso no le preocupa. Nuestro caso es diferente y ojalá que nuestros políticos entiendan eso.
Ya estamos por salir del gobierno con ínfulas y proyectos faraónicos. Es posible que todavía nos sorprendan, con el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, por ejemplo. Por supuesto que todo lo harán como siempre lo han hecho, subrepticiamente, y sin consulta previa, libre e informada. Sin debate nacional. Después de todo, don Juan Orlando puede pensar por todos nosotros. Dios quiera que hayamos aprendido de este calvario y que sepamos ejercer el voto. En particular, me parece que con poquísimas excepciones, ningún diputado merece volver al Congreso de la República. Vamos pues, a votar responsablemente y a enviar un claro mensaje a todos aquellos políticos responsables de la patética situación en que vivimos.
