Por: Luis Cosenza Jiménez
El artículo publicado recientemente por El Heraldo, y posteriormente por el New York Times, según el cual varios jerarcas de la policía nacional planificaron y lograron ejecutar el asesinato del zar antidroga, Arístides González, plantea un sombrío panorama para nuestro país.
A mi juicio sólo caben dos posibilidades. Una, que el gobierno estaba plenamente informado del asunto y optó por mantenerlo oculto, u otra, que el gobierno simplemente no estaba enterado. En esta segunda hipótesis, las autoridades se percataron de lo ocurrido gracias a El Heraldo. Lamentablemente, cualquiera de estas dos tesis tiene profundas y muy negativas consecuencias. Permítanme explicar por qué.
Comencemos suponiendo que las autoridades desconocían los documentos a los cuales El Heraldo tuvo acceso. Si eso es así, estamos obligados a preguntar de qué sirve el aparato de inteligencia y seguridad del Estado. Después de dos años de gobierno y de invertir centenares de millones de lempiras de nuestros impuestos resulta que los cuerpos de inteligencia estatal son mucho menos eficaces y capaces que los periodistas de El Heraldo. Si se acepta esta tesis, no queda más que reconocer que dichos cuerpos son ineptos e ineficaces, lo cual obviamente reduce las probabilidades de éxito en la lucha contra el crimen organizado. Por otro lado, si después de dos años de gobierno nos encontramos con tal ineptitud, ¿qué podría hacernos pensar que la situación cambiará en el tiempo que le resta al gobierno? O peor aún, ¿será que no entienden la importancia de contar con un cuerpo de inteligencia profesional, capaz y eficaz?
Si por el contrario el gobierno actual, y el anterior, estaban enterados de lo aparentemente ocurrido y optaron por ocultarlo, entonces se convierten automáticamente en cómplices en el delito. En este caso cabe preguntar, de no haber sido por el artículo de El Heraldo, ¿habría el gobierno revelado lo que aparentemente sucedió en la policía? Igualmente surge la interrogante, ¿en ausencia del artículo publicado por El Heraldo, se habría procedido a iniciar la depuración de la policía? Después de todo habían ya transcurrido más de dos años de gobierno sin que se iniciara el proceso de depuración, a pesar de los múltiples reclamos de la ciudadanía. Resulta curioso que un gobierno empeñado en la reelección ignore una sentida necesidad de la población.
Los lectores seguramente aceptarán que cualquiera de las dos hipótesis planteadas presagia un muy preocupante futuro para nuestro país. Por supuesto que cabe también una tercera opción, cuál es la complicidad asociada a la ineptitud de los cuerpos de seguridad, pero en realidad esta alternativa agrega poco, o nada, a las conclusiones que previamente derivamos. Curiosamente, la discusión de los extremos antes planteados brilla por su ausencia en los medios, prefiriendo discutir el futuro del plantel de la policía en Casamata, lo cual es absolutamente irrelevante y solo sirve para distraer la atención del fondo del asunto. Para agregar a la distracción, don Edmundo Orellana señala que se ha violentado la Constitución en el proceso de integrar la comisión que, tardíamente, acompañará el proceso de depuración. Si bien coincido en esta ocasión con lo planteado por don Edmundo, me parece que paralelo a la defensa de la Constitución, reiteradamente violada en los últimos años, debemos exigir respuestas a las interrogantes fundamentales que necesariamente se desprenden del artículo publicado por El Heraldo.
El daño que se le ha causado a nuestro país es enorme. Piensen ustedes, estimados lectores, como se percibe la situación en el exterior. Si en efecto algunos jerarcas de la policía planificaron e hicieron que se cometiera el asesinato de Arístides González, ¿por qué no darle credibilidad a las denuncias formuladas por la hija de Berta Cáceres en lo referente al asesinato de su madre? Si se coluden para asesinar a un colega, resulta fácilmente creíble que pueden asociarse para cometer otros delitos. A los ojos de la comunidad internacional la credibilidad de nuestras instituciones públicas es nula.
Me parece necesario agradecer a El Heraldo por la publicación de la información referente al asesinato de Arístides González. La ciudadanía espera que continúen con su labor de investigación y publicación de los resultados de sus pesquisas. Solamente una ciudadanía informada puede exigirles a los políticos que rindan cuentas. El Heraldo merece nuestro sincero reconocimiento por fomentar la transparencia y evidenciar la triste realidad que ha vivido nuestra policía.
En resumen, enfrentamos un preocupante futuro y, a pesar de ello, algunos pretenden que cerremos los ojos y la mente y nos enfrasquemos en discusiones triviales. Para fortuna nuestra, dos factores brindan un poco de esperanza. Por un lado, la próxima llegada de la MACCIH brinda un hálito de aliento ya que su presencia en nuestra patria puede ser el primer paso para poner fin a la impunidad. Por otro lado, el artículo del New York Times permite pensar que Estados Unidos se verá obligado a impulsar el esclarecimiento de lo acontecido y la aplicación de la justicia a los responsables, “caiga quien caiga”. Dado que el gobierno carece absolutamente de credibilidad, lo prudente sería encargar la investigación del tema que nos ocupa, y del asesinato de Berta Cáceres, a la MACCIH auxiliada de los cuerpos de investigación de Estados Unidos. De manera similar, y simultánea, debe procederse con la depuración de la policía. Solo así lograremos superar el oscuro panorama al cual nos han conducido. Dios quiera que los delincuentes sean apresados y castigados. Solo poniéndole fin a la impunidad podremos recuperar la confianza de nuestros compatriotas.
