Por: Ricardo Puerta
Tegucigalpa.- Desde enero a mayo de 2014 ingresaron a EE.UU. sin la debida documentación, 34,611 menores no acompañados, 11,479 son de origen guatemalteco, 13.282 de Honduras y 9,850 de El Salvador. Entraron además alrededor de 57,000 unidades familiares, madre con hijos e hijas, procedentes también de esos tres países centroamericanos.
SOLUCION 1: Seguir cumpliendo con la Ley William Wilberforce, conocida también por TVPRA Ley de Protección de las Víctimas del Tráfico de Personas. Fue aprobada en el año 2008 por acuerdo bipartidista, durante la administración del Presidente George Bush, cuando a las fronteras norteamericanas solían llegar anualmente unos 6 mil menores, casi todos de origen mexicano.
Según la Ley el menor detenido, sin ser deportado, tiene derecho a un juicio en una Corte de Migración, que los trata caso por caso, y asistido por un defensor público o un abogado que le da asistencia legal gratuita. Solo en el Estado de Florida hay más de 70 organizaciones privadas no lucrativas que asisten con servicios legales a los migrantes. Según el proceso sugerido en la Ley, el detenido puede quedarse en Estados Unidos, si el Juez lo favorece con su sentencia.
En las Cortes de Migración estadounidenses hay 375 mil casos de mora judicial entre adultos y menores, esperando a ser juzgados. Tomaría de 3 a 4 años limpiar esa mora, asumiendo que el número de jueces activos se mantiene igual en el sistema. La experiencia nos dice que el 17% del total de los migrantes enjuiciados en las Cortes de Migración logran un fallo favorable, el restante 83% es deportado.
Pero la demora conviene. Mientras más se atrase el juicio, más posibilidades tiene el menor para acumular pruebas de adaptación a su favor, asumiendo que mejora en su inserción personal, grupal y social. Debido, en parte, porque está protegido por lazos familiares o de amistad, en un hogar propio o adoptivo, que se ahondan y amplían con el tiempo.
El cumplimiento de la Ley Wilberforce explica porqué en los vuelos de Estados Unidos llegados a la Base de Palmerola o al Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, solo llegan a Honduras unidades familiares, madre con su hijo o hija. El cumplimiento de la Ley Wilberforce prohíbe que un menor sea deportado, a menos que antes sea juzgado cumpliendo con el debido proceso estipulado en la Ley.
El Programa exige que el menor al llegar a Estados Unidos, tenga menos de 16 años de edad. Que resida ininterrumpidamente en EE.UU. por 5 años o más. Debe estar realizando estudios superiores o haberse graduado de escuela secundaria. Podría estar sirviendo en las fuerzas armadas o en la guardia costera. Al unirse al Programa no puede tener antecedentes penales.
Hasta ahora el Programa DACA ha beneficiado a 600 mil indocumentados, en su mayoría de origen mexicano. Entre los beneficiados hay unos 7 mil hondureños que están estudiando en universidades norteamericanas. El movimiento de Dreamers empezó en Miami Dade College, universidad cuyos estudiantes en su gran mayoría son hijos de asalariados de origen hispano, miembros de la clase media baja.
SOLUCION 3. El Presidente Barack Obama podría permitir que los centroamericanos amparados por el Permiso Temporal de Trabajo, TPS por sus siglas en inglés –que se reanuda por 18 meses más en enero del 2015– puedan reclamar legalmente bajo su custodia y responsabilidad económica a uno o varios menores que fueron apresados en la frontera. A los tepesianos que lo hicieran, pudieran darles de incentivo el derecho a optar por la residencia norteamericana, un beneficio adicional y permanente a su condición migratoria.
Actualmente en Estados Unidos hay unos 62 mil tepesianos, que nacieron en Honduras. Es muy probable que entre los casi 14 mil menores de origen hondureño, hoy privados de libertad en centros de detención o en bases militares de Estados Unidos, haya uno o más que sea hijo, hija, pariente de sangre o miembro de la familia extensa de un tepesiano.
SOLUCION 4: Apoyar con fondos federales a las familias norteamericanas –nativas, naturalizadas, de residentes o en TPS– que en solidaridad con los menores privados de libertad, acepten que en su hogar viva uno o varios de los menores detenidos.
Un programa de hogares adoptivos, de bases enteramente privadas, ahorraría cuantiosos recursos al Gobierno Federal norteamericano, en una era de recortes presupuestarios. Un Centro de Detención o en una base militar norteamericana, según el Programa de apoyo vigente, recibe del Gobierno Federal entre 91 y 121 dólares diarios por cada menor que albergue en sus facilidades, y ninguna de esas facilidades son adecuadas para hospedar en masa, integrados por civiles, adolescentes e infantes, menos aún de ambos sexos..
CONCLUSION
Las 4 soluciones trabajarían únicamente sobre los efectos de la crisis y solo en Estados Unidos. Deja intacta las causas, en su gran mayoría originadas en Honduras.
Cada solución puede aplicarse por sí sola, combinando algunas o todas a la vez. Siempre teniendo en cuenta la edad del menor a ser beneficiado para en base a ello adoptar estrategias diferentes de intervención en la crisis. La edad define condiciones y expectativas propias de cada menor ante los servicios presentes o futuros que demanda una población de este tipo, sean dichos servicios de vivienda, educación, salud y trabajo, hasta que lleguen a cumplir la mayoría de edad o antes se independicen por cuenta propia.
Las soluciones aquí sugeridas aceptan que lo sucedido como crisis, crea corresponsabilidades compartidas entre EE.UU y Honduras, pero donde cada país antes tiene su propia y diferenciada responsabilidad, y donde Hondura tiene la mayor responsabilidad frente a Estados Unidos.
Peor sería si los deportaran a Honduras.
