Tegucigalpa.- El 30,3 % de las mujeres recluidas en Honduras tiene una condena, mientras que el resto permanece en prisión sin sentencia, indicaron hoy organizaciones hondureñas, que, además, piden resolver el problema de hacinamiento y sobrepoblación de esas prisiones.
Solo 269 (30,3 %) de las 887 mujeres presas en Honduras cuentan con una condena, de acuerdo a cifras divulgadas este jueves en una rueda de prensa por representantes de la Alianza por los Derechos Humanos, que aglutina a tres organizaciones defensoras de esos derechos.
Del total de mujeres recluidas en cárceles hondureñas, 20 son extranjeras, 13 de las cuáles están condenadas, señalaron expertos del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).
La subdirectora del CPTRT, Alba Mejía, dijo a Efe que «la mayoría de las mujeres» están presas por los delitos de tráfico de drogas y extorsión.
Lamentó que ante la discriminación y la falta de oportunidades, en muchas ocasiones, las mujeres se ven obligadas a involucrarse en el tráfico de drogas o la extorsión.
Mejía pidió al Estado hondureño y sociedad civil que presten «mucha atención a las condiciones» que afectan a las mujeres en el país para evitar que más sean recluidas por «involucrarse en asuntos de narcoactividad».
Además expresó su preocupación por el hecho de que en Honduras las reclusas vivan en las cárceles con sus hijos menores de edad que, según cifras del CPTRT, son más de una veintena de niños.
En declaraciones a Efe, la representante del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Glenda Ayala, exigió «más visibilidad» para las mujeres presas, e instó a las autoridades a resolver el problema de «hacinamiento y sobrepoblación» de las cárceles femeninas.
Señaló que la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la principal cárcel de mujeres, alberga a unas 600 reclusas, cuando su capacidad máxima es de 150.
«Miramos que el Estado no ha presentado hasta la fecha algún proyecto orientado a remodelar o edificar un centro penitenciario exclusivo para privadas de libertad», lamentó Ayala.
Además pidió que se aumente el presupuesto a las cárceles de mujeres para atender las necesidades básicas, pues apenas 1,20 dólares diarios se destinan para la alimentación de las reclusas.
«El presupuesto sigue siendo mínimo y deben adoptarse las políticas públicas bien definidas para lograr un aumento del presupuesto y mejores condiciones para ellas», enfatizó Ayala.
Las organizaciones hondureñas, entre las que figuran el CPTRT y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, indicaron en un comunicado que es «responsabilidad» del Estado implementar políticas y proyectos orientados a prevenir el delito y alcanzar una «justicia restaurativa».
Además piden que se fortalezca el sistema de investigación para que se aplique «la justicia de manera equitativa sin influencias de poderes políticos» para que los verdaderos responsables de actos de corrupción o delitos como extorsión sean «requeridos y enjuiciados».
Asimismo, demandan que se haga una separación de los presos por sexo y edad, y se implementen «verdaderos» planes de rehabilitación y reinserción.
