Tegucigalpa – En el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se realizó este día la audiencia de petición de la pena concreta para los ciudadanos Héctor Antonio Vásquez Torres, José Javier Contreras y Víctor Lorenzo Flores Pineda -este último extraditable-, declarados culpables en calidad de miembros por un delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
También para el mexicano Jesús Gumaro Jaime Estrada, Flores Pineda y José Contreras, quienes fueron encontrados culpables por el delito de conspiración para atentar contra altos funcionarios del Estado.
Durante dicha audiencia el Ministerio Público solicitó al Tribunal imponer por el delito de asociación ilícita una pena de 20 años y por el de conspiración una pena de 6 años de reclusión, mientras que las defensas privadas de los encausados solicitaron penas mínimas para sus representados.
El defensor del señor José Javier Contreras solicitó al Tribunal imponerle la pena mínima de un año tal como se establecía en el 2001 el delito de asociación ilícita.
Por su parte, el representante de Víctor Lorenzo Flores Pineda solicitó la suspensión de la ejecución de la pena en lo que respecta al delito de conspiración, quien argumentó ante el Tribunal circunstancias atenuantes, según lo que establece el Código Penal en su artículo 26 numeral 14 así como lo que establece el artículo 70 de dicho Código.
Según el análisis jurídico de los jueces no se encontró responsabilidad penal en Gumaro Jaime Estrada, ni tampoco en el también mexicano Everardo Terriquez Figueroa, como tampoco en la señora Carla Sinaí Ulloa Murillo por el delito de asociación ilícita por el cual los acusó el Ministerio Público.
El mexicano Jesús Gumaro Jaime Estrada también fue absuelto por el delito de almacenamiento ilegal de armas prohibidas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Cabe mencionar que en este proceso fueron acumulados los expedientes 16-52-2015, 18-53-2015, 20-54-2015 y 8-53-2015 en virtud de tratarse de un mismo hecho registrado en diferentes expedientes.
Los hechos investigativos refieren que agentes de la Policía Militar del Orden Público tenían conocimiento de la existencia de un grupo de personas de nacionalidad mexicana y hondureña que se habían asociado dentro del territorio nacional específicamente en el departamento de Copán y sus alrededores para cometer actos delictivos reñidos con la ley desde 2001 y atentar contra altos funcionarios del Estado.
Una vez que la sentencia esté terminada las partes serán notificadas para la lectura de la sentencia.
