Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, solicitó hoy, a las autoridades hondureñas, medidas de protección para los familiares y apoderados legales de los privados de libertad que fueron atacados en el interior del centro penal de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, donde perdió la vida Magdaleno Meza Fúnez y otro resulto herido a manos de otros internos.
Hemos tomado previsiones que corresponden al Estado y demandado, de las autoridades, asegurar la protección a los familiares de las personas que han sido afectadas, tanto de la persona que perdió su vida como también del ciudadano colombiano que resultó herido e inclusive de los abogados que defienden a estas personas, declaró.
“Hemos hecho ya la solicitud de medidas cautelares para que se les asegure y estaremos dando seguimiento al cumplimiento de las mismas”, dijo el Ombudsman hondureño.
Indicó que todas las personas privadas de la libertad están bajo la responsabilidad de la protección directa del Estado.
Informó que ya se dirigieron al Instituto Nacional Penitenciario y a Conaprev para que den respuesta, si es que la hay, sobre los argumentos que utilizaron o si simplemente hubo un silencio ante una petición formulada por los abogados en favor de sus clientes.
El Defensor del Pueblo reiteró que la preocupación, en este momento, y lo que ocupa directamente al Conadeh, es la protección de la vida y de la integridad física de las personas relacionadas y sus familiares
Reiteró que ya remitió las notas respectivas tanto al Instituto Nacional penitenciario como a Conaprev y, en su momento, estará enviando el resultado de los indicios que resulten al Ministerio Público, institución de la que espera que ya esté haciendo las investigaciones pertinentes.
Consultado en torno al incumplimiento, por parte del Estado de Honduras, de las recomendaciones de la ONU, en el sentido que los militares no hagan labores de custodio en los centros penales, el Ombudsman respondió que los centros de estudio de sistemas penitenciarios recomiendan que los mismos sean dirigidos por civiles.
Agregó que, no obstante, también se hace la excepción que en periodos temporales y limitados pueden estar militares pero siempre bajo las normas que establece el sistema penitenciario profesional que debe prevalecer el trato decente, humano y asegurar el equilibrio entre lo que debe ser la seguridad, el control y la justicia.
De tal manera, prosiguió, que esos tres elementos den como resultado un marco ético de comportamiento entre las autoridades, los privados de libertad, los familiares de los internos y sus abogados.
Añadió que lo importantes es que ese marco ético impida la corrupción e impida que se produzcan situaciones anormales y que, todo mundo, este concentrado en la idea que un privado de libertad debe cumplir su sentencia pero, al mismo tiempo, que está siendo rehabilitado para reintegrarse a la sociedad.
Finalmente, el Ombudsman hondureño reiteró que las autoridades hondureñas tienen la obligación brindar las medidas cautelares solicitadas, tanto para los familiares de los privados de libertad afectados en su vida e integridad física, como para sus apoderados legales.
El titular del Conadeh también reveló que el caso estará siendo remitido al mecanismo de protección de operadores de justicia.
El pasado sábado, el Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, fue escenario de un hecho violento que cobró la vida del privado de libertad conocido como Magdaleno Meza Fúnez y dejo herido a otra persona
El hecho violento ocurrió luego que un custodio abrió la puerta de un módulo de donde salieron varios privados de libertad fuertemente armados con puñal y armas de fuego, que descargaron contra la humanidad del fallecido.
Al menos cinco centros penitenciarios del país han sido escenario, entre junio y octubre del 2019, de varios hechos violentos que han dejado como saldo alrededor de una docena de muertos y, al menos, medio centenar de heridos y lesionados.
