Catacamas – Demandando a las autoridades nacionales un mejor desempeño y el irrestricto cumplimiento de su mandato de Ley, las organizaciones de sociedad civil de Catacamas, Olancho, se reunieron para conformar el Capitulo Regional de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en la región oriental del país.
Más de 200 dirigentes de organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos, representantes de movimientos sociales y estudiantes universitarios, manifestaron su firme decisión de ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política a fin de influir ante los tomadores de decisiones del Estado para que cese la violencia y se combata con efectividad al crimen organizado y la delincuencia común.
En el marco del foro denominado “Inseguridad e impunidad: Una mirada desde el ámbito local”, las “fuerzas vivas” de Catacamas, hicieron una llamado a la movilización de la ciudadanía para revertir la dramática situación de delincuencia y criminalidad que atraviesa el departamento de Olancho, poniendo especial énfasis en focalizar acciones para erradicar la impunidad que -según los asistentes al evento- “es caldo de cultivo para multiplicar las manifestaciones de inseguridad en Honduras”.
De igual manera, los dirigentes de sociedad civil organizada manifestaron que se hace necesaria la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de veeduría ciudadana y cabildeo ciudadano en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin que puedan mejorar la efectividad de sus acciones y obtener resultados concretos en el sometimiento de bandas de los infractores de la Ley.
Durante el foro hicieron uso de la palabra, Claudia Maradiaga, coordinadora del Observatorio Local de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); y Julio Benítez, coordinador del Grupo Transformación de Conflictos.
De igual manera, tuvieron una participación, Olga Janeth Flores Aguilar y Mario Rene Alberto Alonso, en representación del Ministerio Público (MP); y José Manuel López, miembro de la Defensa Púbica del Poder Judicial en Catacamas.
En la fase final de la jornada, tuvieron una participación, Lincoln Figueroa, alcalde municipal de Catacamas; Omar Rivera, coordinador de incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); y Martha Rivera, sub directora de la Asociación Civil “Predicar y Sanar” (PREDISAN).
Entre los acuerdos que fueron consensuados entre los diversos sectores de la sociedad olanchana, están elaborar un diagnóstico técnico de la situación de la seguridad y justicia en la región oriental del país, y sobre las capacidades institucionales de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), el MP y el Poder Judicial, y ejecutar acciones conjuntas de incidencia ante el presidente de la República, el Fiscal General del Estado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La APJ, está implementando la regionalización de sus programas y proyectos en cuatro ciudades del país, entre las que se encuentran, además del municipio de Catacamas en el departamento de Olancho, Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán, San Pedro Sula del departamento de Cortés, y Comayagua en el departamento de Comayagua.
Reunión con operadores de justicia
Una comisión de la APJ, se reunió con diferentes funcionarios de las instituciones del sistema de seguridad en el municipio de Catacamas, a fin de intercambiar impresiones sobre la situación de delincuencia, criminalidad y violencia en la zona, y la capacidad de respuesta que tienen las entidades operadoras de justicia.
Entre los funcionarios con los cuales los representantes de la APJ, se entrevistaron están Carlos Alfredo Rubí Fuentes, sub comisionado de Policía Nacional; Rumedy Oliday Cruz Reyes, jefe municipal de la DNIC; Santos Fausto Mejía Mendoza, jefe de la Policía de Tránsito; Olga Janeth Flores Aguilar, coordinadora de fiscales del MP; Alex Eduardo Sabonge, juez de letras; Rina Waleska Ramírez Galo, juez de paz de lo criminal; María Suyapa Cárdenas Flores, juez de paz de lo civil; Elida Elizabeth Maldonado Morales, coordinadora de Defensa Publica del Poder Judicial; y José Israel Umaña, jefe de seguridad de la Municipalidad de Catacamas.
La APJ, es una coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y de justicia en Honduras.
