Moncada y Mejía fueron acusados por los delitos de fraude y abuso de autoridad por haber supuestamente sobrevalorado el arrendamiento del edificio donde tenían las oficinas ejecutivas de la estatal eléctrica.
Según el expediente, en la gerencia durante la administración del ex presidente Manuel Zelaya, se suscribieron dos contratos de arrendamiento con Gustavo Adolfo Lefebre por el valor de 795 mil 824 dólares anuales, es decir, unos 15 millones 916 mil 480 lempiras y otro por 734 mil 539 dólares, equivalentes a 14 millones 690 mil 780 lempiras.
En abril de 2010, el juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, emitió sobreseimiento definitivo, pero la Fiscalía presentó un recurso ante la Corte Primera de Apelaciones.
Los magistrados de la Corte de Apelaciones también determinaron declarar sin lugar la petición y a la vez confirmaron el sobreseimiento definitivo dictado por el tribunal inferior.
En ese sentido, la Sala de lo Constitucional concluyó que no ha existido violación del debido proceso y que se ha garantizado el derecho a la defensa de los dos ex funcionarios.
