I. La soberanía popular y la libre determinación del pueblo hondureño.
La historia, vivencias y evidencias de las elecciones generales, en el pasado, demuestran la insuficiente regularidad de casi la totalidad de los procesos, sus inicuas consecuencias en la mayoría de la población pobre y su abusivo aprovechamiento por las personas y grupos beneficiarios. Ese delicado problema ya es de sobra conocido y lo que se impone hoy es buscar cómo resolverlo, para recuperar y superar todo lo que hemos perdido, en democracia y desarrollo, a causa de nuestra indiferencia o dispersión ciudadana de esfuerzos.
La solución es compleja, pero hay que construirla juntos. Para lograrlo es necesario llenar vacíos históricos que hemos dejado, comprendiendo el valor de la participación política y el sentido de nuestras responsabilidades ciudadanas individuales y colectivas en todo proceso electoral que deba conducir al bien común de la nación, por medio de la evolución progresiva del Estado. Evolución que, por la razón antes indicada, no se ha producido hasta la fecha, por lo que hoy necesitamos transformar, a Honduras. liberándola de los vicios y ataduras del pasado.
Con ese extraordinario propósito en mente, es tiempo de despertar y actuar como nación solidaria, empoderándonos y ejerciendo nuestra soberanía popular y libre determinación como pueblo, para asegurar la dignidad, el bienestar y la justicia social de todas las personas que habitamos Honduras, con inclusión equitativa de quienes son víctimas de la pobreza.
Honduras es constitucionalmente un Estado de Derecho, constituido como república democrática. en donde la soberanía corresponde al pueblo hondureño quien la debe ejercer legítimamente, en forma armónica con la naturaleza, en su propio beneficio de mejoramiento progresivo de la calidad de vida y de trabajo, de todas y todos los habitantes, sin discriminación; y de la protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico.
Como titulares de esa soberanía, su ejercicio nos corresponde hacerlo conjuntamente, por medio de la participación social y del sufragio o voto de cada ciudadano y ciudadana para fortalecer continuamente el Estado democrático y social de Derecho, con el objetivo primordial de que, tanto las autoridades del Estado como la sociedad misma, en su accionar, respeten, protejan y promuevan, cada vez más, la dignidad humana de cada persona, en Honduras.
Desde el origen de nuestra vida constitucional, los ciudadanos (as) electos, solo ejercen los poderes del Estado en nuestra representación que es lo único que les damos, pues nunca les trasladamos ni les cedemos nuestra soberanía popular sobre las personas, el territorio nacional y el Estado. Soberanía que sigue siendo permanentemente nuestra, como pueblo. En consecuencia, los funcionarios electos directamente y todos los demás, que prestan servicios al Estado: deben actuar conforme al ordenamiento jurídico y evitar hacerlo, conforme a su libre voluntad, capricho propio o interés de persona o grupo determinado.
Para ello, nosotros, integrantes del pueblo titular de la soberanía popular, resguardada históricamente por todas nuestras Constituciones, en ejercicio de nuestro derecho de libre determinación: debemos reivindicar nuestro espacio cívico de participación social en la vida política y el desarrollo integral del Estado; y exigir el desempeño puntual y concreto de aquello que se ordena e impone en nuestro Estado constitucional de Derecho.
Exigencia a hacerse a los representantes electos directamente o designados en nombre nuestro, en todos los órganos e instituciones públicas, así como, con mayor razón, a personas y grupos fácticos de poder que deben someterse plenamente a la legalidad y legitimidad del Estado democrático y social de Derecho, en su ruta continua hacia su constitucional objetivo supremo de respeto, protección y promoción de la dignidad humana.
Todos los hombres y mujeres que constituimos la ciudadanía, debemos libre y conscientemente depositar nuestros votos individuales para asegurar ese bien común de todo el pueblo, mediante la elección de quienes tenemos evidencia y confianza que sabrán dirigir los órganos del Gobierno central y de los municipios, y cuyos planes de gobierno conocemos y velaremos por la utilidad de su implementación, en provecho de la dignidad, el bienestar y la justicia de toda la comunidad nacional, a materializarse progresivamente en la convivencia social, en todos los territorios municipales.
Si hay unidad ciudadana para hacer que nuestro derecho a la libre determinación como pueblo sea una experiencia vital en las próximas elecciones: estaremos poniendo la piedra angular para iniciar, con éxito, la esperada transformación nacional con la reconstrucción del funcionamiento del Estado.
Lo que podremos lograr, si la hacemos de acuerdo con la Visión de País, el Plan de Nación y planes de gobiernos enlazados con el vigente plan mundial para el desarrollo sostenible que goza actualmente asimismo de reconocimiento y cooperación internacional, como garantía firme de expectativas factibles de resultados con impacto social esperado en el mejoramiento progresivo de la vida cotidiana de la población hondureña, con participación también de aquellas personas que viven o están en riesgo de pobreza y exclusión social.
Por esa vìa, lograremos cumplir también con lo previsto constitucionalmente, en cuanto a que: “El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que significa participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social (Ver preámbulo y artículos 1 a 5 y 59 de la Constitución de la República).
II. Las elecciones generales, candidatos y candidatas con sus ofertas electorales y proyectos de plan de gobierno; y el voto ciudadano consciente, libre y responsable.
En la proximidad de las elecciones generales y con los preocupantes antecedentes históricos incluyendo los recientes de las elecciones primarias, debemos esmerar nuestros cuidados del proceso electoral en curso y sus resultados.
La Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos evidencian el reconocimiento del Estado de Honduras en cuanto a que: más allá de lo técnico y político – partidista, los procesos electorales son un ámbito central del ejercicio de la soberanía popular que se enlaza con la efectividad de los derechos humanos, en particular de los derechos políticos del ciudadano, del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de cada persona y de otros derechos como la libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación y derecho de reunión, entre otros. Todos esos derechos, a su vez, sustentan el derecho a la democracia y al desarrollo, cuya eficacia favorece la del pleno ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo.
El Estado debe garantizar ese espacio y, para ello, se han creado los órganos electorales que son instituciones de seguridad nacional responsables de ejercer debidamente la atribución de organizar y dirigir los procesos electorales con una perspectiva de derechos humanos, conforme a lo que dispone la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley Electoral.
Esa normatividad debe respetarse y cumplirse lealmente, evitando y protegiendo contra toda generación de incertidumbre, inseguridad y desconfianza en el proceso electoral, por ser atentatoria a la soberanía popular, al derecho a la libre determinación del pueblo y al Estado democrático y social de Derecho, en Honduras.
Ello es aplicable al Registro Nacional de las Personas, como institución de seguridad nacional, en lo concerniente al cumplimiento de sus deberes en el proceso electoral que revela, hasta la fecha, su actual omisión en el seguimiento de la diligencia debida en la entrega oportuna, a significativa parte de la ciudadanía, de sus respectivos documentos nacionales de identidad, la falta de rectificación justificada de las inconsistencias y el consiguiente retraso en información oportuna para el censo nacional actualizado. Obstáculos todos al derecho de todo ciudadano (a) a ejercer su derecho a votar, sin discriminación ni restricciones arbitrarias ni indebidas.
En efecto, todos los funcionarios del Estado, incluyendo los que se desempeñan en los órganos electorales y en el Registro Nacional de las Personas, deben actuar con la debida diligencia y conscientes de que sólo tienen las atribuciones y funciones expresamente señaladas en el ordenamiento jurídico del Estado y de que carecen de derechos propios sobre sus cargos, por lo que deben evitar dirigirlos o actuar, conforme a su libre voluntad, capricho propio, interés de grupo determinado o abusando del cargo o poder, que se les ha confiado.
Es de tener también presente el actuar de las personas dirigentes de los partidos políticos, por haber sido las principales responsables de lo ocurrido en contra del buen funcionamiento del Estado democrático y social de Derecho, en Honduras. Por lo que es necesario su apropiada ubicación en su posición de líderes políticos de instituciones de derecho público reconocidas, por el Estado, para facilitar que los ciudadanos y ciudadanas ejerzamos nuestro derecho a la participación política. Para ello, deben actuar, con legitimidad, con enfoque de derechos humanos, asegurando, al interior de esos partidos y en su proyección o relación externa, la promoción y el respeto de la democracia y los derechos humanos, como vía de relacionamiento social y de acceso al poder político y de su ejercicio.
En lo que nos corresponde, como ciudadanos (as) participes de la soberanía popular, debemos contribuir activa y públicamente al fortalecimiento de la democracia y del Estado constitucional de Derecho; exigir que los servidores públicos den siempre el ejemplo; y actuar contundentemente en defensa cívica de la legalidad y legitimidad, tanto del proceso electoral con celebración de elecciones auténticas, honestas, libres, justas y transparentes como del leal respeto de la voluntad soberana del pueblo, de la cual deriva, a su vez, la legitimidad de origen del nuevo gobierno y del ejercicio de los poderes públicos.
Por todo ello, para superar la desesperanza y desaliento prevalecientes actualmente, entre la ciudadanía, sobre nuestro futuro como nación, tenemos que meditar cuidadosamente por quienes vamos a votar, seleccionando la propuesta creíble y visionaria de plan de gobierno y las personas idóneas para gestionarlo eficazmente.
A ese efecto, debemos exigir a los partidos políticos y candidatos y candidatas que cumplan lo ordenado en la nueva Ley Electoral, en su art. 114 numeral 5, al disponer que es deber común de los partidos políticos presentar una propuesta electoral y el proyecto de plan de gobierno. Ese deber implica informar y explicar, a todo el pueblo, la propuesta y el proyecto vinculante de Plan Estratégico de Gobierno 2022 -2026 que, de ser electos, utilizarían para la transformación real de Honduras, en el contexto de la reconstrucción del funcionamiento del Estado de acuerdo con la Visión de País y el Plan de Nación que se adopte para el período 2022 – 2034.
La presentación de ese proyecto de plan nacional, además de integral, coherente y vinculante: requiere precisar su base firme para sostener expectativas factibles de resultados con impacto social esperado sobre el mejoramiento progresivo de la vida cotidiana de la población, dando especial atención equitativa e incluyendo a quienes se encuentran en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
Por cierto, desde hace un poco más de cinco años (1 de enero del 2016), las Naciones Unidas, Honduras incluida, pusieron en vigencia la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que es el plan de acción mundial, centrado en el reconocimiento de que es fundamental la dignidad de las personas y los derechos humanos resguardados por el estado de derecho, la democracia y la buena gobernanza, como elementos esenciales del desarrollo sostenible de cada país. Desarrollo sostenible integral que se ha resumido en 17 objetivos concretos, con sus metas e indicadores.
Dicha Agenda 2030, ha sido caracterizada como el camino hacia la dignidad con una nueva y visionaria forma de actuar en el mundo: transformando nuestras economías, el medio ambiente y nuestras sociedades; y cambiando nuestra forma de pensar, nuestra conducta y nuestros hábitos destructivos.
Países desarrollados y en desarrollo, ya están utilizando la Agenda 2030 para articular sus políticas públicas y la acción colectiva para alcanzar, conforme a sus prioridades nacionales, los aludidos objetivos mundiales de desarrollo sostenible, y asegurar la transformación de dichos países, con cooperación internacional prevista en la Agenda 2030.
En mi anterior posición (2014 – 2020) como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, presenté, el 26 de octubre 2015, la recomendación especial ( que por cierto fue aceptada expresamente por el Gobierno central) sobre la conveniencia de adecuar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a las necesidades y prioridades de Honduras, indicando antecedentes y normas para hacerlo, y expresando también, en anticipación de actitudes opuestas al cambio, lo siguiente:
“Podría haber cierta duda interna en cuanto a si es posible que, desde un Estado como Honduras que no ha sabido aún ceñirse permanentemente a su finalidad única que es la de respetar, proteger y promover la dignidad humana de los habitantes, pueda propiciarse factiblemente el salto de nuestra realidad, necesidades y prioridades, a una agenda de globalización de derechos humanos recientemente adoptada para ser efectiva, entre el 2016 y el 2030, en cuanto a garantías reales de cumplimiento de ese deber y responsabilidad fundamental de cada Estado. Tenemos que comprender, cada vez más, que ello debe hacerse porque la finalidad de la existencia de nuestro Estado democrático y nuestra sociedad, ha sido y continuará siendo el respeto, protección y promoción de la dignidad humana- Por lo que es un imperativo constitucional inherente a nuestra existencia nacional y al funcionamiento legítimo de nuestras instituciones, aprovechar inteligentemente los progresos internacionales dirigidos a hacer realidad aquella finalidad humana, proyectar dignamente nuestra imagen internacional y motivar más la cooperación, comercio y financiación internacional para el desarrollo local y nacional de Honduras”.
Hoy, en mi condición de ciudadano activo, sigo perseverando en esa convicción fecundada por la realidad y normatividad nacional, centroamericana y mundial.
A pesar de la aceptación de implementación de la Agenda 2030, el nivel gubernamental central ha avanzado lentamente en su ejecución, revelando falta del necesario empeño deliberado, constante y beneficioso, para el pueblo de Honduras, del compromiso de cumplir visionariamente con ese plan de acción mundial. Estamos, en ese nivel, en contraproducente retraso, pero hay pasos que son oportunidades y potencialidades para relanzar, con decisión patriótica y buena fe en el cumplimiento del compromiso internacional de implementar la Agenda 2030, nuestro deber de asegurar, a nuestra población, los beneficios del logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Un ejemplo es el del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que, además de participar con otras organizaciones nacionales de diferentes sectores en la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: lanzó, en diciembre 2019, la “Plataforma Empresarial ODS” para recopilar datos sobre aspectos básicos de la realidad nacional que facilitarán el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Otro ejemplo, son hechos y logros concretos de movimientos surgidos, desde lo municipal, en especial la estrategia hondureña de seguridad humana para el desarrollo local sostenible que impulsamos, entre el 2016 y el 2020, conocida con el nombre resumido de “Municipios de Bienestar Solidario”, en 36 territorios municipales en los 18 departamentos. Movimiento social de buena gobernanza que, por sus buenas prácticas y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el Gobierno central le dio inesperadamente reconocimiento nacional, a fines del 2018. como compromiso nacional, con la ciudadanía, de integridad en la gestión pública. Compromiso que consiste expresamente en coadyuvar al empoderamiento y debido cumplimiento del proceso, en todos los 298 municipios de Honduras. Lo cual aún está pendiente de cumplimiento (Ver IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018 – 2020). Quince Municipios de Bienestar Solidario (MBS) participaron por medio de sus alcaldes, vice – alcaldes y representantes especiales en un reciente primer conversatorio de la nación que, un grupo de diálogo pluralista, realizamos para recabar la visión territorial de la transformación en Honduras y al significado que, para ello, atribuyen a las elecciones generales. Continuaremos con esos conversatorios en los restantes MBS y otros, enlazándolos con diálogos en otros sectores nacionales. El reconocimiento internacional a este movimiento social hondureño de “Municipios de Bienestar Solidario” ha sido dado oficialmente, en el 2020, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Danés de Derechos Humanos, el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos y la Universidad de Alcalá, España. que caracterizó a “Municipios de Bienestar Solidario” como una estrategia única en el mundo de construcción de democracia, desde abajo.
Esos son, entre otros, ejemplos de que con nuestras propias creativas decisiones y acciones productivas es posible transformar la deprimente situación que vivimos en una diferente de dignidad humana, bienestar progresivo y justicia social en Honduras.
Importa mucho, destacar también la realidad del apoyo internacional a la autodeterminación del pueblo hondureño en cuanto a su desarrollo sostenible, al firmarse, el recién pasado 3 de agosto 2021, el “Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, acreditando la significativa contribución colectiva, durante 5 años que coinciden con el período del nuevo gobierno que tendremos en Honduras, que darán, todas las organizaciones que integran el Sistema de la Naciones Unidas, para acompañar, a Honduras, en el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el período 2022 – 2026. Además, en la presentación de ese Marco de Cooperación se señaló su vinculación subregional con el Plan de Desarrollo Integral El Salvador – Guatemala – Honduras – México.
En consecuencia, hay evidencia racional de la necesidad de articular funcionalmente dicha Agenda global con el proyecto vinculante de Plan Estratégico de Gobierno 2022 -2026 que utilizarían, los candidatos y candidatas en caso de ser electos, en el contexto de la reconstrucción del funcionamiento del Estado, de acuerdo con la Visión de País y el Plan de Nación que se adopte para el período 2022 – 2034. Esa Agenda mundial es evidentemente la base que dará la fe y confianza necesaria, para examinar los proyectos de los planes de gobierno que los candidatos y candidatas sometan a la consideración de la ciudadanía, para que esta pueda conocer concretamente los medios y resultados factibles que impulsarán el mejoramiento progresivo de la vida cotidiana (con dignidad, bienestar y justicia social) de la población, con inclusión y atención equitativa a quienes se encuentran en situación de pobreza, y puedan optar libremente por uno de ellos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible es llamada a servir de cimiento integral común de esa garantía que permitirá valorar la calidad de los planes que presenten los partidos políticos y candidatos y candidatas, y escoger entre ellos, aquel que se considere tener mayor potencial de factibilidad y elegir a las personas honestas y competentes que lo gestionen eficazmente, para transformar a Honduras, en una patria de dignidad, bienestar y justicia, por todas y todos, compartida.
Ahí tienen su círculo virtuoso, los candidatos y candidatas y lo partidos políticos, para su contienda política que, no obstante su diferencia ideológica, de enfoques y de medios democráticos: debe tener como interés común la certeza de dar respuesta positiva al requerimiento de bien común para toda la sociedad que es lo que busca siempre asegurar, mediante el ejercicio de la soberanía popular y la libre determinación del pueblo.
