Siempre he sostenido que el gran triunfo del neoliberalismo no es económico (su fracaso estrepitoso es ahora obvio), ni político, sino cultural; ha logrado inocular en amplias capas poblacionales la idea de que el centro esencial de la vida es el individuo y no la sociedad.
El neoliberalismo energético en Honduras hizo que la matriz de generación de energía actualmente esté inclinada abismalmente hacia los generadores privados: 80% de la energía que se genera en Honduras es privada y solamente el 20% pública; sin embargo, ese 20% público compensa a los privados solares y eólicos cuando no pueden suministrar potencia.
Si cuando hablamos de soberanía hablamos de relaciones de poder, cuando hablamos de soberanía energética nos cuestionamos en el sector energía quién tiene el poder verdaderamente. La soberanía energética no sólo se refiere a la capacidad de un país de generar energía con sus fuentes internas y no depender de la importación de combustibles fósiles para la generación; de hecho, a mi juicio, ese es el aspecto menos trascendente del concepto.
Cuando nos referimos a soberanía energética hablamos de que el Estado tenga la capacidad de regular la generación, transmisión y distribución de energía, y de democratizar los recursos de los cuales se obtiene, y, además, de controlar los mismos.
Suponiendo que un banco o un grupo económico tenga instalados 500 Mega Watts en el Sistema Interconectado nacional y que el Gobierno decida pasar una ley para regular a los bancos, ¿no podría este banco o grupo económico poderoso amenazar con apagar los motores y dejar sin energía eléctrica a medio país? ¡Claro que sí podría! No puede estar el derecho humano de tener acceso a la energía eléctrica en manos de oligopolios y/o grupos económicos particulares. Es deber del Estado proteger a la sociedad y de darle seguridad energética.
Honduras tiene los índices de cobertura y acceso a la energía eléctrica más bajos de Centroamérica; aproximadamente 367 mil familias hondureñas no tienen acceso a la energía eléctrica en nuestro país. Si se privatizara la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la distribución de la energía obedeciese únicamente a las leyes implacables del lucro y mercado, ¿podrían estas familias, las más vulnerables de la nación, acceder a la energía eléctrica? No, por supuesto que no.
Ahí radica buena parte de la gran importancia de la reforma energética que declara el servicio a la energía eléctrica como un derecho humano, de naturaleza económica y social, y no un producto de mercado sometido al influjo demencial de la oferta, la demanda y la capacidad adquisitiva para pagar por la energía.
El Estado tiene el derecho y la obligación de compensar las asimetrías económicas que produce la vorágine capitalista. Es por ello que parte del proceso de rescate de la ENEE no sólo pasa por la reivindicación de la empresa estatal como pública y patrimonio nacional, sino que también por revertir esa abyecta matriz de generación que también nos heredó contratos con sobreprecios y altos costos de generación. México ha hecho uso, de forma magistral, del derecho del Estado a tener una participación importante en la generación de energía al comprar 13 plantas de ciclo combinado (la mayoría) y así pasar de 39% de participación estatal a un 55% de participación del Estado en la generación de energía. Ni los conservadores de allá han cuestionado la jugada y el pueblo mexicano ha recibido, en general, con beneplácito la medida encabezada por el gobernante azteca.
Muchos países están utilizando al gas natural como vehículo en esta transición energética hacia economías descarbonizadas y con generación de energía limpia. Ya vimos el ejemplo de México, al que se suman República Dominicana, El Salvador y Nicaragua, utilizando al gas natural como una tecnología accesible, relativamente barata y con la capacidad de suministrar potencia firme. El 60%, aproximadamente, de la matriz de generación hondureña es renovable y para el 2030 nos hemos planteado llegar al 70%; sin embargo, no debe de hacerse de forma irresponsable; es ahí donde también invocamos de nuevo el concepto de soberanía energética.
El Sistema Interconectado Nacional padece de huecos de tensión e intermitencias en el voltaje debido a la forma obscena en que se aprobaron sin control ni criterio técnico algunos contratos solares y eólicos en el Congreso Nacional, sobre todo en aquella trágica y nefasta hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014. Es nuestro deber avanzar hacia la renovabilidad de la matriz energética, pero también contratar la potencia firme necesaria y a buenos precios, de manera tal que se garantice la calidad y continuidad del suministro de energía eléctrica.
No vamos a sucumbir a las presiones de ciertos sectores oscuros que pretenden seguir vendiendo energía cara con el falso discurso en sus labios de la producción de energía limpia. En definitiva, para la visión de Estado de la Presidenta Xiomara Castro, es fundamental el concepto de soberanía energética como un eje esencial para la democratización del sector y para instrumentalizar a la energía como medio de alivio y desarrollo económico para esos más de 4 millones de hondureños y hondureñas que viven en pobreza extrema.
