Los procesos conducentes a elecciones periódicas, libres, justas por medio del sufragio universal y secreto, así como sus resultados, deben facilitarse promoviendo un entorno favorable a la armonía, cohesión y solidaridad social, evitando comportamientos impregnados de discriminación, odio o confrontación.
Esos procesos electorales democráticos, tienen un efecto acumulativo de democratización necesario para impulsar el empoderamiento de la participación responsable y ética de la ciudadanía en los asuntos públicos, entre ellos las elecciones, en las cuales debe atraerse responsablemente en especial a los nuevos votantes e independientes, asegurando el libre acceso, el funcionamiento legal y la democracia interna de partidos y organizaciones políticas así como de candidaturas independientes, con consideración y valor especial de la dignidad de cada persona, su libertad, la pluralidad de ideas y la diversidad.
Para ello, nuestro modelo electoral tiene aspectos democráticos esenciales, como son: el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el del principio de igualdad ante la Ley y la no discriminación; el respeto por los derechos de las minorías; la celebración de elecciones periódicas, el régimen plural de los partidos y otras organizaciones políticas, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; y complementarios principios y normas sobre cultura democrática, legitimidad, universalidad, libertad electoral, imparcialidad, transparencia y honestidad, equidad, entre otros.
A pesar de las numerosas adversidades que confrontamos, como la actual pandemia COVID -19, el proceso de democratización de los procesos electorales es obligado y deseable, al entender que nuestro voto es de suma importancia para el bienestar general que se manifiesta en el mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de todos los habitantes. Por lo que debemos confiarlo a personas que, de ser electas para gobernarnos, nos garanticen dedicarse exclusivamente a gerenciar el Estado con visión transformadora, promoviendo una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible que proteja y tutele la dignidad humana y la justicia social, asegurando y coordinando, a todos los niveles, el funcionamiento de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, siguiendo la letra y el espíritu de la Constitución de la República, de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Estamos próximos a la celebración de elecciones internas y primarias, el 14 de marzo, conducentes a las elecciones generales de 28 de noviembre 2021 y ya surgieron emergencias o crisis por falta de solución administrativa de problemas electorales, por quienes dirigen los organismos competentes del Estado, lo que está generando desconfianza e incertidumbre, entre la ciudadanía.
Mas allá de las posiciones sobre las “consecuencias de la partidización” de los organismos electorales, que favorece el surgimiento continuo de cuestiones provenientes de posiciones partidistas opuestas: lo que esencialmente debe resolverse es una cuestión de responsabilidades legales, cívicas y éticas de las personas titulares de los órganos estatales electorales, en cuanto a su respeto y sumisión al Estado de Derecho. Lo que implica su subordinación a la autoridad de la Constitución y las Leyes que, en república democrática, siempre deben aplicarse e interpretarse en función de la protección, promoción y defensa de los derechos de la persona humana.
A ese respecto, las mismas leyes de creación, organización y funcionamiento de los nuevos organismos electorales, señalan expresamente, en sus considerandos, el objetivo de una institucionalidad dirigida por ciudadanos o ciudadanas idóneas que sepan tomar “medidas para la implementación de un modelo electoral que genere confianza a la ciudadanía y otorgue seguridad y certeza a los actores políticos, permitiendo que las elecciones se conviertan en una etapa política de construcción democrática y no de imprevisibilidad y crisis”.
De la actual situación, se desprende que no se está actuando conforme al “modelo electoral” antes indicado, por parte de la titularidad del Consejo Nacional Electoral. Pareciera considerarse las normas legales como un simple instrumento administrativo del Estado para hacer discrecionalmente efectivo el deber del ciudadano de votar, desconociéndose que esas normas son principalmente medios para el cumplimiento del derecho humano, de cada ciudadano o ciudadana, a elegir y ser electo. Lo que responsabiliza al Estado de garantizar la protección, respeto, defensa y promoción de la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, por medio de elecciones democráticas auténticas, en las cuales pueda libremente ejercer su derecho a elegir y a ser elegido (a).
Por consiguiente, esa emergencia o crisis electoral es atentatoria a la efectividad de los derechos humanos, al orden público electoral y a la seguridad nacional y, por su duración, pone en evidencia la falta de diligente y expedita solución por quienes dirigen los organismos competentes del Estado, ante el pueblo soberano, de quien derivan su autoridad.
Por lo anteriormente expuesto, hago respetuosa exhortación cívica, al Consejo Nacional Electoral (CNE), a cumplir su deber y resolver expedita y prontamente, en las próximas horas, la emergencia o crisis actual y las que no pueda oportunamente prevenir o evitar; y gerenciar su funcionamiento institucional siguiendo el modelo electoral previsto para generar confianza social y certeza política. Esa solución administrativa debe ser encontrada en el marco de la subordinación a la Constitución y las Leyes, y aplicando el enfoque en derechos humanos.
El fin buscado es asegurar procesos electorales como medios adecuados para la expresión fidedigna del pueblo que es la fuente de la soberanía y máxima autoridad del Estado, y es, asimismo, el destinatario exclusivo de los bienes públicos colectivos esperados de la buena gobernanza del Estado.
Hacia ese fin, orientamos nuestras expectativas sociales y debemos educar en cultura democrática, para que todas y todos, por medio del voto en las elecciones internas, primarias y generales, tengamos el discernimiento cívico para ejercer, en esa dirección, la soberanía individual y colectiva, como ciudadanos y ciudadanas con derechos plenos a contribuir y a recibir pruebas cotidianas de la democratización interna de los partidos políticos, de los procesos electorales, de la responsabilidad cívica de las candidaturas partidistas e independientes; y de la sujeción, de las autoridades electorales y otras, al Estado democrático de Derecho cuya razón de ser es la protección, promoción y respeto de la dignidad humana y del bienestar de todo el pueblo hondureño.
