Se trata de una situación que, a juicio de la SIP, «aumenta el clima de impunidad alrededor de la libertad de prensa en América Latina».
En días pasados la SIP mostró su intranquilidad por los beneficios penales que se han concedido a numerosos criminales, tras un análisis pormenorizado de los procesos judiciales en torno a 84 asesinatos de periodistas que la organización hemisférica viene dando seguimiento.
El trabajo de la SIP, al que se puede acceder en www.impunidad.com, denuncia que 27 condenados por el asesinato de periodistas han visto reducidas sustancialmente sus condenas o gozan de regímenes de arresto domiciliario, entre otros beneficios.
Si bien estos aspectos se ajustan a la aplicación de leyes vigentes, la SIP ha denunciado la «flexibilidad que muestran algunos jueces».
Así lo ha destacado en la Conferencia Hemisférica Poder Judicial, Prensa e Impunidad que se celebró el año pasado en República Dominicana y a la que asistieron representantes de la mayoría de los poderes judiciales del hemisferio.
Como ejemplos, la SIP citó los casos de los periodistas colombianos Guillermo Cano y Orlando Sierra y de José Luis Cabezas en Argentina.
Según denunció esta semana el diario La Prensa, magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, aparentemente motivados por intereses políticos, estarían intentando beneficiar a Eugenio Hernández González, ex alcalde condenado en enero de 2005 a 25 años de prisión por el asesinato de la periodista María José Bravo, ocurrido el 9 de noviembre de 2004.
José Bravo era corresponsal de los diarios La Prensa y Hoy, en la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales, al sureste de Managua.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, aseguró que estarán «atentos al curso de esta situación en Nicaragua» y que esperan que la «justicia mantenga sus veredictos en firme».
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, agregó que «la aplicación de la justicia independiente, de juicios eficaces y sentencias a los crímenes contra periodistas es el único instrumento con el que contamos para derrotar a la impunidad y quebrar el círculo de violencia contra periodistas y el derecho del público a la información».
El presidente de la Sala Penal, magistrado Armengol Cuadra, confirmó la denuncia del diario La Prensa y suspendió la elaboración de la sentencia a la apelación que discutía ese tribunal.
El magistrado acusó a sus colegas de pretender cambiarle a Hernández el delito de asesinato por el que fue sentenciado y que conlleva una sentencia entre 15 y 30 años, por el de homicidio, castigado con una pena menor y que lo habilitaría para su próxima liberación.
Por otro lado, la semana pasada y por motivos de salud, según explicó el Ministerio de Gobernación, se otorgó libertad condicional a William Hurtado García, condenado en abril de 2004 a 21 años de prisión por el asesinato el 10 de febrero de ese año de Carlos Guadamuz, presentador del programa «Dardos al Centro», del Canal 23, en Managua.
La SIP expresó también su satisfacción por la detención en Brasil de cuatro policías militares y un comerciante acusados por el asesinato del periodista Luís Carlos Barbon Filho, ocurrido el 5 de mayo de 2007.
Los sospechosos del crimen están en el presidio Romão Gomes de la policía militar en São Paulo desde el pasado 4 de marzo.
Barbon Fliho era colaborador de Jornal do Porto y de Radio Porto FM, en Porto Ferreira, y también escribía para Jornal JC Regional, en Pirassununga, São Paulo.
De acuerdo con indagaciones de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Brasil, poco antes de su asesinato, el periodista divulgó actos irregulares practicados por la compañía de la policía militar a la que pertenecían los agentes acusados.
