Miami – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes un «grave deterioro» de la libertad periodística en Perú por recientes amenazas a comunicadores en el país andino y los ataques de funcionarios públicos.
La SIP expresó en un pronunciamiento «su profunda alarma» por «un clima hostil que impacta directamente» al periodismo independiente ante «un patrón persistente» de ataques, amenazas, restricciones informativas y campañas de estigmatización provenientes del poder político, figuras públicas e instituciones.
En particular, señaló el caso de la periodista Rosmery Tapara, del diario La República, quien padeció amenazas, el ‘hackeo’ de sus cuentas y el bloqueo de sus teléfonos tras publicar un reportaje, el 7 de junio, sobre Aniceto Argüelles, dueño de Industrias Argüelles, contratista de recolección de residuos en Lima.
También mencionó las amenazas de muerte contra el periodista y columnista René Gastelumendi y su familia después de una publicación que vinculó al alcalde del distrito de Ate, Franco Vidal, con el uso indebido de sus redes personales para su autopromoción.
Asimismo, enunció a otros periodistas que han sufrido hostigamiento judicial y campañas de difamación, como Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros; Rosa María Palacios, columnista de La República, y Paola Ugaz, corresponsal del diario ABC de España.
Ante el panorama, el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, pidió «denunciar con firmeza cada intento de intimidación y censura que busque silenciar al periodismo investigativo y crítico».
«Es crucial que la sociedad civil, las instituciones democráticas y los líderes políticos se movilicen en defensa de los periodistas. El hostigamiento a la prensa no solo pone en riesgo vidas, sino que debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada», subrayó Dutriz, director de La Prensa Gráfica de El Salvador.
El pronunciamiento llega un mes después de una misiva de la SIP, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) en la que afirman que 2025 se encamina a convertirse en «uno de los más letales de la historia reciente para la prensa en el Perú».
La SIP, con sede en Miami, y estas tres organizaciones peruanas del sector pidieron en mayo pasado a la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, una reunión para que informe de las investigaciones de los asesinatos este año de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis.
El organismo también denunció ahora que funcionarios del Despacho Presidencial acusaron a la prensa de causar «percepciones distorsionadas y confusión social» al informar sobre el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte.
Y que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, «continúa siendo uno de los principales referentes de la estigmatización contra la prensa» porque «de manera reiterada, lanza acusaciones infundadas y discursos descalificadores contra periodistas y medios que investigan su gestión». JS
