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Sin nombres en los “arrozazos”, gobierno define mecanismo para evitarlos

Tegucigalpa – El viceministro de Comercio Exterior, Melvin Redondo, presentó este martes en Consejo de Ministros, una propuesta encaminada a crear un mecanismo para establecer el desabasto y evitar que en el país se continúen presentando escándalos como los llamados “arrozazo”, mientras el presidente Porfirio Lobo, nuevamente exigió los nombres de los que participaron en el tráfico de arroz en sus ediciones I, II y III.
 

Es importante que se diga quienes son, quienes participaron dijo el gobernante a la vez que señaló que tanto en la Empresa Nacional Portuaria, en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en las secretarías de Industria y Comercio y Agricultura así como los empresarios y demás particulares vinculados, deben ser señalados por sus nombres.

Pese a su exigencia presidencial, el encargado del tema, el designado Samuel Reyes, no dio respuestas concretas en cuanto a desentrañar los escándalos y se limitó a valerse de los técnicos para plantear mecanismos para evitar que acciones similares continúen ocurriendo.

Redondo indicó que por instrucciones del presidente Porfirio Lobo, se ha diseñado una propuesta para el manejo de los contingentes de desabasto del arroz que se aperturan para garantizar el abastecimiento de un bien de consumo básico en el mercado nacional teniendo como función primordial, proteger al consumidor, garantizar al productor precios adecuados y garantizar una competencia leal entre todos los participantes en la cadena de comercialización.

En ese sentido, “hemos tomado en consideración que la apertura de contingentes de desabasto significa un sacrificio importante de recursos fiscales por parte del gobierno y como consecuencia debe haber reglas claras, transparentes y las adecuadas salvaguardias para evitar el abuso en este tipo de contingentes”, explicó el funcionario.

Agregó que esos abusos pueden provocar en un daño al productor y no necesariamente en redundar en un abastecimiento y precios adecuados al consumidor nacional.

“Sobre esa base, el presidente Lobo ha sido muy categórico al señalar que los contingentes de desabasto deben hacerse a través de un papel muy fuerte de las instituciones de gobierno a través de las secretarías de Agricultura y Ganadería e Industria y Comercio y con una participación muy bien definida y clara tanto de los actores de la cadena de comercialización, productores, agroindustriales y los consumidores que deben integrar la ecuación de definición del desabasto”, indicó.

La propuesta que fue ampliamente discutida y presentada al presidente Lobo en Consejo de Ministros, incluye los elementos para determinar el desabasto en función de la producción, los inventarios, las importaciones, demanda estimada, en qué momento se debe definir un desabasto y cuáles van a ser los mecanismos que se propondrán para evitar la discrecionalidad y colusión entre los agentes que conforman la cadena de definición del desabasto, añadió Redondo.

Señaló que asimismo, se ha instruido a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que establezca controles adicionales para evitar el contrabando, la subvaluación y la defraudación fiscal y que permanentemente exista una auditoría sobre la utilización de ese tipo de mecanismos ya que significan un sacrificio importante de recursos de parte del gobierno.

Redondo aseguró que el presidente de los agroindustriales se opone al establecimiento de ese mecanismo para declarar el desabasto.

En el Consejo de Ministros, el presidente Lobo le pidió al ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, que publicara los nombres de los agroindustriales y los productores que también autorizaron la importación de las 14,300 toneladas de arroz que se encuentran en un barco anclado en la bahía de Puerto Cortés.

“Eso no debe ocultarse a la población, aquí el gobierno lo carga todo y eso no es justo cuando sabemos que también han participado representantes del sector privado y la DEI tiene que ver esto, incluso ver cómo está la legislación y ver qué reformas se pueden proponer al Congreso Nacional porque cuando miramos el daño económico que se hace al país y traducimos eso en Bono 10 Mil para la gente pobre y en escuelas que ocupamos, es enorme”, comentó Lobo.

Añadió que “lo que estamos peleando es que por un recurso legal, el Estado deje de percibir esos 48 millones de lempiras, es un gran daño que se le hace a Honduras, entonces creo, que sólo concentrarse en el gobierno, distrae que también hay una responsabilidad compartida porque para que haya corrupción, deben haber dos, uno que ofrece y otro que acepta”.

“Tenemos que hacer una buena combinación, los inventarios, las compras, tiene que haber un registro detallados sobre a quiénes le compraron a través de los avances tecnológicos y el Estado estaría obligado a publicar el listado”, agregó.

Regalado no proporcionó los nombres, pero aseveró que tanto las asociaciones de productores como la Asociación de Molineros de Honduras, suscribieron la autorización para hacer la importación de arroz y para declarar el desabasto.

El designado presidencial, Samuel Reyes, aseguró que también se trabaja en un mecanismo para definir el precio que se le paga a los productores similar al que se utiliza con el valor del maíz.

El presidente Lobo aseguró que en este momento la Secretaría de Industria y Comercio no autoriza una sola solicitud de importación hasta que no se defina un mecanismo claro para definir el desabasto e igualmente Agricultura y Ganadería, no puede plantear ninguna solicitud.

Con el mecanismo anterior “creo que hay un enorme nivel de discrecionalidad y yo quisiera algo que me garantice a mí que una petición de la SAG a la SIC, esté fundamentada en algo que es real, que es concreto y verdadero”, dijo el mandatario quien resaltó que en Industria y Comercio también debe haber una verificación acerca de las solicitudes que presenta Agricultura y Ganadería. El gobernante dijo que es importante conocer los nombres de los involucrados en los llamados “arrozazos”.

Al final se decidió que en los próximos días se harán más aportes para mejorar la propuesta y aprobar un decreto ejecutivo que contenga los mecanismos para evitar que se sigan suscitando más casos de corrupción como el “arrozazo”.

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