Tegucigalpa – En audiencia de revisión de medidas, un juez declaró sin lugar el cambio de la prisión preventiva para el comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, como su esposa Patricia Estrada Pacheco.

Ambos seguirán en prisión acusados por el delito de lavado de activos.

El Ministerio Público acreditó en la audiencia que aún se mantienen los presupuestos legitimadores por los cuales el juzgado con jurisdicción nacional dictó a ambos privativas de libertad.

Igualmente, el MP argumentó que no existen enfermedades bases de riesgo para la pareja, que eran los argumentos de la defensa privada basándose en el decreto transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia del COVID-19 y a las recientes reformas hechas al artículo 184 del Código Procesal Penal.

El 11 de febrero de 2019 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura de los procesados, al igual que se les efectuaron 33 aseguramientos, en virtud que los adquirieron, poseyeron, administraron y transfirieron bienes y dinero de los que no puede determinarse su origen o procedencia lícita.

De acuerdo a la investigación de la ATIC, el comisionado general Sauceda Guifarro, en un periodo de 11 años (2006 – 2017) no justificó 13 millones 801 mil 838 con treinta y cinco centavos lo que incluye movimientos en trece cuentas de bancos a su nombre.

También su pareja no justificó dos millones 765 mil 513 lempiras con 36 centavos luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre.

El informe financiero y patrimonial elaborado por la unidad de análisis financiero del MP, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.

Además, se constató que algunos bienes adquiridos hasta por un millón 500 mil lempiras no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo.

Cabe señalar que de los 33 aseguramientos de bienes de origen ilícito, ocho de ellos son inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados.

De estos bienes, una es una residencia y un terreno localizados en Jardines de Toncontín de la capital y tres son terrenos ubicados en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, con una extensión de 100 manzanas de tierra.