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Sin “emergencia” alguna hoy entran en funcionamiento 102 megas de energía eólica

Tegucigalpa – Mientras Roberto Martínez Lozano sigue defendiendo a capa y espada el contrato de energía sucia de 100 megawatts firmado con Westport Financie LLC, para lo cual le otorgaron el beneficio de “emergencia”, a partir de hoy miércoles Honduras contará oficialmente con los 102 megawatts de energía limpia que generará la empresa eólica Mesoamerica Energy.
 

– Mientras el contrato de “emergencia” de 100 megas de Westport, ni siquiera ha salido de los escritorios gubernamentales.

La empresa Energía Eólica de Honduras (EEH), filial de Mesoamerica Energy, inaugurará el proyecto de generación eléctrica del país que será impulsada a base de viento, siendo la energía más limpia con que cuenta la humanidad.

La inauguración de actividades será en la comunidad de Santa Ana, con lo cual el país tendrá el beneficio del segundo proyecto de energía renovable más grande. El primero fue el hidroeléctrico de “El Cajón” y hasta ahora el más grande con 300 megavatios.

El proyecto de energía eólica contará con 51 aerogeneradores que permitirán la generación de 102 megavatios, a un costo del kilovatio menor a los 15 centavos de dólar y con la ventaja que su producción no estará supeditada al valor del petróleo, ya que no requerirá de combustibles fósiles para generar.

El proyecto tardó 10 años de concretarse, la mayor parte del tiempo para vencer la resistencia de la burocracia hondureña, especialmente en lograr permisos ambientales y negociar el contrato de suministro con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la encargada de recibir la electricidad y distribuirla a nivel de consumidores.

Una vez logrado los permisos gubernamentales, la búsqueda de recursos financieros fue accesible y con los fondos a disposición se tardó menos de dos años en concretarlo.

La inversión realizada hasta el momento fue de unos 280 millones de dólares, para la cual contó con el financiamiento del de Estados Unidos y el Banco Exim Bank Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Funcionarios de la empresa han adelantado que la generación puede ampliarse hasta en 23 megawatts adicionales, para lo cual se requerirá de unos 70 millones de dólares en inversiones.

Con el ingreso de los 102 megawatts de electricidad a la capacidad de potencia, la ENEE no tendrá problemas de abastecimiento para hacerle frente a las demandas de verano y a la expansión económica del país.

También servirá como un seguro energético, en caso que la ENEE no atienda el problema de la fisura de El Cajón y deba reducirse la producción hidroeléctrica.

Emergencia paralizada

En contraste, los 100 megawatts concedidos a la empresa Westport Finance LLC cada vez están más lejos de ingresar al sistema de interconexión, ya que el proyecto no sale de los papeles de escritorios en que fue concebido.

A pesar que el gobierno le dio tratamiento especial e incluso se le otorgó el estatus de ”emergencia” para atender las necesidades de varias regiones del país, occidente, Yoro, y el Bajo Aguán, el proyecto de los 100 megas de energía sucia está “paralizado”.

El gerente de la ENEE ha acusado a todos los sectores de ser responsables, El Consejo de Ministros, el Congreso Nacional, el sector privado, los medios de prensa, la Procuraduría General y otros, pero nunca se ha hecho él mismo responsable del estancado proyecto, aunque se declara su defensor.

Los primeros 50 megawatts con la fuente sucia y cara del diesel no han entrado en vigencia, y esa era la emergencia que pedía Martínez Lozano, a pesar que el sindicato de la institución y organismos empresariales propusieron un plan viable contando con los recursos que la misma empresa tiene.

Ahora el gerente de la ENEE propuso un nuevo calendario de entrada en operación los primeros 50 megawatts, que sería en abril próximo, aunque lo curioso es que presento una carta de la empresa Wartsila, aunque el contrato está suscrito con Westport Finance LLC.

Lo extraño es que Martínez Lozano hace la oferta de la nueva programación y admite que ni siquiera tiene el aval de la Procuraduría General de la República y la Dirección de Presupuesto por no presentar toda la documentación necesaria.

La “emergencia” de un año finalmente se amplió a 16 años, según lo dispuesto en el contrato y ratificado por el gobierno y el Congreso Nacional.
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