Por: Ricardo Puerta
Por razones de espacio, me limitaré en este artículo a comentar 7 lecciones aprendidas en la crisis. Las mismas se adicional a dos que antes había comentado en un escrito anterior, también publicado en proceso.hn. y ambos centrados en Honduras.
En la elaboración de este artículo he tenido en cuenta la naturaleza y ruta seguida por los hondureños al emigrar por tierra hasta Estados Unidos, país de destino. Reconociendo que México, país de tránsito, es donde a los hondureños se les viola más y con mayor frecuencia sus derechos. Son las mismas autoridades migratorias –junto a las del orden y seguridad de ese país—quienes actúan contra los migrantes, coludidas con bandas de narcotraficante, como los Zetas, y en contubernio también con delincuentes locales comunes y agentes del crimen organizado.
1ra. Lección: Lo sucedido no es nuevo. Desde el año 2009 hasta el 2011 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportaba entre tres mil y cuatro mil menores, sin acompañantes, apresados al pasar la frontera México-Estados Unidos, procedentes de los países del triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Usando de referente el promedio del trienio, en cada año sucesivo las estadísticas se disparan en proporciones insospechadas: a 10,146 en el 2012; a 20,805 en el 2013, y de seguir con la tendencia mostrada hasta los primeros la mitad del presente año, al final del 2014 podría llegar a 100,000.
En resumen, cada año del trienio –2012-2014– la crisis se disparó no solo al doble como ocurrió del 2011 al 2012, sino que al final del 2014 el total podría llegar a ser casi 28 veces la media lograda en el trienio 2009-2011.
Los coyotes han contribuido significativamente a esta crisis. Según estudiosos del tema, hace 18 meses costaba más de US$5,500 pagar en Honduras o Guatemala por llevarse a alguien para “los Estados”. En estos tiempos los precios han caído a US$3,500. Incluso se ofrecen ‘paquetes familiares’ por un total de US$7,500. Los coyotes corrieron la voz y construyeron con eficacia aquí y en Estados Unidos el mito de que éste era el momento oportuno para emigrar. Se estima que solo en Honduras la industria del tráfico de personas genera unos 600 millones de dólares al año, sin contar “gastos adicionales” por razones de secuestros, extorsiones, robos, etc. que vuelven más oneroso el viaje hasta llegar a su destino final.
Los datos sobre esta crisis desde hace años estaban disponibles en fuentes gubernamentales estadounidenses. Incluso eran conocidos y fueron analizados más de una vez a lo largo de estos años por ciertas agencias del sistema de Naciones Unidas, entre ellas ACNUR, oficina de Washington, y UNICEF.
A pesar de todo lo anterior, en Honduras aún no existe un programa o proyecto que de manera realista alerte a los potenciales migrantes sobre lo que significa emigrar por tierra desde aquí hasta Estados Unidos en forma desordenada, irregular y sin documentos. Y si el candidato aún insiste en hacerlo, lo prepare en áreas tan necesarias como legal, psicológica, cultural, económica, de derechos humanos y otras. En definitiva, emigrar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948.
2da. Lección: Hay un proceso definido en Estados Unidos, que es Ley de la Nación, sobre qué hacer con los menores detenidos en la frontera y que al presente se quiere endurecer mediante una reforma ya presentada en el Congreso estadounidense. Antes del 2008 los Estados Unidos deportaban menores mexicanos apresados al pasar la frontera a su país de origen si los detenidos entraban al país sin un acompañante adulto. La decisión de deportarlo se hacía casi de inmediato y en grupo, sin hacerle a los detenidos ninguna valoración consistente o significativa de su caso.
En Diciembre del año 2008, el Gobierno de los Estados Unidos cambió la política y práctica de esa “puerta giratoria”. Así conocida porque a los mexicanos menores de edad se les deportaba casi inmediatamente después de entrar como indocumentados a territorio norteamericano. Debido al cambio hecho por el Congreso de los Estados Unidos, se la agregó la Sección 235 (a) a la Ley de Protección de las Victimas del Tráfico de Personas 2008/ TVPRA, por sus siglas en inglés.
Lo agregado exige que todo menor que entre a EE.UU. sin la debida documentación y sin un adulto de acompañante, se evaluará por sus necesidades de protección Internacional. En consecuencia, la Ley ordena al DHS/ Departamento de Seguridad Nacional, entrevistar a cada menor y averiguarle cómo está en relación a tres condiciones: (i) que no sea una víctima más del tráfico o trata de personas, (ii) que no tenga posibilidad de solicitar asilo, y (iii) que sea retornado a su país de origen contra su voluntad. A menos que responda a las 3 preguntas de manera afirmativa, el menor no debe ser retornado a su país de origen. Como alternativa, permanecerá en EE.UU. para ser evaluado por una corte de Migración. En la Corte se le garantiza asistencia legal, e incluso hasta psicológica; y amparado en el debido proceso, podría reclamar protección en Estados Unidos, como corresponde a un país de leyes dentro de un Estado de derecho.
Por otra parte, la Ley TVPRA también estableció que los Estados Unidos podrían asegurar una repatriación segura a todos los menores de edad, principalmente a través de programas de repatriación y convenios bilaterales antes negociados por el DOS (Department of State o Departamento de Estado).
La nueva versión de la Ley TVPRA 2008 definió también estándares para el cuidado y la custodia de los niños, niñas y adolescentes mientras permanezcan en los Estados Unidos. Exigía que las agencias federales crearan programas para prevenir la explotación, tras adoptar procedimientos más amigables, si el migrante hubiese hecho una petición de asilo.
Pero en el 2014, la Casa Blanca pidió al Congreso estadounidense endurecer la Ley del 2008, sustituyendo el procedimiento vigente por otro más expedito, a fin de agilizar la deportación de los actuales menores detenidos.
Al presente, unos 52 mil menores sin acompañantes, más unas 39 mil unidades familiares –madres acompañadas con menores de Guatemala, El Salvador y Honduras—se encuentran alojados en centros de detención, bases militares, escuelas, iglesias o con parientes, esperando que su caso se ventile en una Corte de Migración.
El endurecimiento ahora propuesto a la Ley del 2008 abre dudas sobre cómo es hoy realmente “la Gran Nación del Norte”. Por más de un siglo, EE.UU. se auto-define como “una nación de inmigrantes” y “defensora de los derechos humanos”, en especial interés en la niñez. Desde sus inicios como República cuenta con una sociedad civil, cuyas asociaciones y comunidades han sido históricamente generosas y compasivas, realizando programas y proyectos sociales y humanitarios, que se desempeñan con igual o mayor calidad y cobertura que los ofrecidos en Estados Unidos por el sector público estatal.
Además, a nivel mundial Estados Unidos se proyecta como un ejemplo de democracia, de corte occidental, en esta era pos-moderna en que estamos, globalizada, de libre comercio, del conocimiento y altamente tecnológica.
Si las reformas propuestas se hicieran vigentes bajo una nueva Ley TVPRA en el 2014, los menores centroamericanos hoy detenidos recibirían un trato igual o peor que sus homólogos mexicanos, cuando eran apresados en la frontera antes del 2008. De hecho, volveríamos atrás, a la época anterior del 2008, cuando la realidad migratoria de esos años ya había vuelto en obsoleta la Ley TVPRA.
Los migrantes menores hondureños apresados en México reciben hoy un trato de las autoridades mexicanas peor aún al que recibían los menores mexicanos antes del 2008 por Estados Unidos. En México los menores hoy son detenidos por las autoridades migratorias al comprobarse que viajan indocumentados, sin la compañía de un adulto. Y una vez detenidos en localidades distintas del territorio mexicano, los trasladan en buses hasta Tapachula, Estado de Chiapas. Una vez ahí concentrados, salen en buses privados, contratados oficialmente por el Gobierno mexicano, con destino a San Pedro Sula, donde el Gobierno de Honduras, a través de Copeco les ofrece asistencia sanitaria, social y humanitaria.
En una semana se han contabilizado hasta 300 deportados por esta ruta y su número sigue en aumento anticipando que pronto las facilidades y servicios ofrecidos serán insuficientes frente a la demanda ascendente de menores solos y los que viajaron acompañados.
3ra. Lección: El Gobierno de Estados Unidos tampoco está preparado para afrontar los efectos de la crisis y adoptará medidas desesperadas para “superarla”. Ni siquiera la experiencia que tuvo Estados Unidos, recibiendo en sus puertos fronterizos a menores de ascendencia judía, sin compañía de un adulto y procedentes de la Alemania de Hitler, compara con lo sucedido en días recientes con los menores centroamericanos en volumen y complejidad.
Producto de ello, los Centros de Detención de Migrantes en Estados Unidos, se encuentran atascados, o al menos hacinados, por la oleada de menores inmigrantes llegados a la frontera norteamericana, en particular los ubicados en Arizona y Texas. Son los dos Estados de la Unión por donde ha entrado la gran mayoría de los menores indocumentados.
Para salir del amontonamiento, las autoridades norteamericanas han adoptado soluciones de emergencia, re-ubicando a los menores en bases militares – aún sabiendo que la mezcla militar-menor de edad es muy criticable y repudiada por los defensores de la niñez. También se están ubicando en escuelas y otros centros estatales. Los sitios alternos de alojamiento están ubicados cerca de los lugares donde fueron apresados los menores o se entregaron a las autoridades. Y no cercanos a los lugares donde se encuentran los posibles “tutores” de los menores que han expresado interés de tenerlos, si fueran liberados.
Iglesias, como la católica, y otras entidades de la sociedad civil de Estados Unidos, han abierto sus puertas brindando albergues transitorios. En particular para unidades familiares, es decir, las madres que cruzaron la frontera acompañada de uno o más menores. De hecho, un buen número de esas madres también son adolescentes.
Como una alternativa humanitaria ejemplar, ciertas asociaciones de la sociedad civil del Estado de la Florida han abierto albergues, para acercar a los menores “institucionalizados” en Texas o Arizona con tutores o parientes que se encuentran en ese Estado y que están dispuestos a recibirlos cuando salgan de los Centros de Detención o de las bases militares.
El presidente Barack Obama pidió en días pasados al Congreso estadounidense 3,700 millones de dólares adicionales para enfrentar la crisis humanitaria, provocada por el aumento en migración de niños y adultos centroamericanos en las áreas del Valle de Río Grande y de la frontera Sudoeste de Estados Unidos. De esos fondos, unos 300 millones están destinados a los países centroamericanos.
Dichos fondos, entre sus varios destinos, se usaran para mejorar los centros de detención; y como temen los defensores de los migrantes, acelerar las audiencias para deportar más rápido a los menores y sus acompañantes indocumentados. También serán usando para atacar a las organizaciones criminales y a redes de coyotes que están explotando a los migrantes, con enfoques en la interdicción y persecución intensificada. Igualmente para aumentar la seguridad y el desarrollo social de México y de los países centroamericanos.
Esa mixtura de fondos con destino a “desarrollo social con seguridad” enfrenta riesgos adicionales en países como Honduras. De antemano aquí se sabe que las necesidades de “aviones, armas, equipamiento y personal” son constantes y apoyadas con gran fuerza y habilidad política desde la policía y fuerzas armadas hondureñas. Especialmente en estos tiempos, dominados por una gran e intensa actividad delincuencial, ejecutada por los grupos del crimen organizado y de la narcoactividad. Los cuales se han reforzado aliándose con maras, delincuentes comunes y funcionarios corruptos del gobierno de turno. Todo ello sumado a los conflictos fronterizos –reales y ficticios– cuyos artífices son altamente eficaces para armar de la noche a la mañana campañas para aumentar “la capacidad de respuesta” o de contra ofensiva a grupos delictivos que atentan contra el orden y la seguridad del país.
Las madres que llegaron a EE.UU. acompañadas de menores y hoy están alojadas en albergues de la sociedad civil estadounidense gozan de libertad condicional. Por decisión oficial portan un grillete electrónico, geo-referencial, que las monitorea, hasta que su caso llegue a la Corte de Migración, según la ley.
También ciertas organizaciones de abogados norteamericanos –que por distintos motivos trabajan de gratis en favor de los migrantes, entre ellas Americans for Inmigrant Justice y Americans for Civil Liberties, Kids in Need of Defense/KIND Pro-Bono– están brindando apoyo legal y psicológico a menores y a madres con menores—en sociedad con universidades del área– e incluso dan albergue, hasta que los migrantes, menores y adolescentes, sean llamados por la Corte de Migración para decidir su caso, con asistencia legal garantizada.
4ta. Lección: La mayoría de madres y menores detenidos en EE.UU. serán deportados. Así se entiende hasta ahora, según lo expresado oficialmente por figuras claves del gobierno norteamericano. El presidente Obama confirmó en una reciente declaración “que los miles de menores detenidos en la frontera de Estados Unidos con México están en proceso de deportación”. Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, dijo al periodista Jorge Ramos de Univisión que “es importante entender que estos niños están en trámite de deportación y que ese proceso va a proceder”; tras agregar que “hay rumores que se puede entrar y quedarse en el país, pero esto es un rumor falso”.
En iguales términos se han expresado John (Joe) Biden, Vice-Presidente de Estados Unidos, cuando se reunió en Guatemala con el gobernante de ese país, El Salvador y funcionarios de alto rango de los otros países centroamericanos. Le han seguido en ese tono la embajadora Lisa Kubiske en Tegucigalpa, Jeh Johnson, Secretario de Seguridad Nacional y John Kerry, Secretario de Estado estadounidense, al reiterar que “la frontera estadounidense no está abierta a la migración ilegal”.
5ta. Lección: Los principios pro migrantes podrían convertirse en una efectiva estrategia para unir a los menores con sus parientes indocumentados ubicados en EE.UU., y una vez juntos, deportarlos a todos. Según los expertos, “un sistema integral de protección del niño comprende leyes, políticas, procedimientos y practicas dirigidas a prevenir y a actuar de manera efectiva ante el abuso, el trato negligente, la explotación y el maltrato violento al menor”. Tal esquema está muy lejos de convertirse en el paradigma referente que resuelva esta crisis humanitaria en los países afectados.
Hay ciertos contenidos en Convenciones, Acuerdos Internacionales, Declaraciones. Directrices de organismos internacionales, etc. que en conjunto conforman una lista de principios que permiten a los Estados cumplir con su responsabilidad, al promover el establecimiento e implementación de sistemas de protección del niño, según obligaciones internacionales.
Pero cuidado. Entre los principios que pueden beneficiar a los migrantes afectados y a sus familiares indocumentados en Estados Unidos, están el de evaluar cada menor caso por caso para ser resuelto con asistencia legal ante un Juez de Migración. Si el fallo es positivo, estaría fundamentado en el interés superior del niño, su mayor vulnerabilidad por no ser aún un adulto y en la reunificación familiar. Esto último garantiza algo muy demandado por el contribuyente norteamericano: el menor que logre protección de un familiar o tutor no se convertirá en carga pública puesto que tiene uno o varios adultos que responden económicamente por ella o él.
Pero aún existe un riesgo. Una vez los familiares y el menor se junten, “la migra” los tiene fichados y podría detenerlos de nuevo para deportarlos a Honduras, país de origen, cumpliendo con los principios antes mencionados y aplicándoles procesos sumatorios que son los preferidos hasta ahora en reformas que le quiere hacer el Ejecutivo a la Ley TVPRA del 2008.
La deportación es una medida considerada como “justa y oportuna” por el norteamericano que se opone a que dejen entrar más inmigrantes a Estados Unidos. Ellos se sienten amenazados en su estabilidad laboral porque los migrantes adultos, sobre todo los indocumentados, se les contratan por menos que el salario mínimo legal, creando tendencias salariales a la baja en la población activa económicamente. Ello sustentado también en su condición de pagador de impuestos o contribuyentes al fisco federal, estatal y municipal o condal. Según estas percepciones, los migrantes tienden a exigir más servicios públicos gratuitos, sobre todo, en educación y salud.
Sin embargo, sobran estudios hechos por investigadores independientes, que prueban lo contrario. Evidencian una contribución decisiva de los migrantes y reactivación a la economía local. Tanto como asalariados, como consumidores al pagar impuestos directos e indirectos. En adición, los inmigrantes en EE.UU. ocupan puestos de trabajo, que los nacionales de ese país no quieren realizar por considerarlos arriesgados, incómodos, de poca paga, baja estima social, etc. Las oportunidades de trabajo para los migrantes están ubicadas en las posiciones de entrada del mercado laboral, un mal estructural con déficit permanente en la oferta que también padecen las economías de otros países desarrollados, más si ya han logrado una economía de empleo pleno.
6ta. Lección: El tema migratorio se está “actualizando” en Honduras. Con motivo de lo sucedido por casi dos semanas seguidas — los migrantes menores indocumentados llegando a Estados Unidos– han dominado los titulares, noticias, comentarios y análisis que se oyen, ven y leen en los medios de comunicación y conforman la opinión pública hondureña.
Ha tenido que suceder una crisis humanitaria, de grandes proporciones, para que la migración internacional de los hondureños, tras el huracán Mitch en 1998, como tema de política pública, deje de verse como un prisma exclusivamente económico.
La crisis actual marca un hito en la historia de la migración hondureña, un antes y un después. Destaca la insuficiencia del enfoque y los análisis economicistas al estudiar la migración hondureña internacional, centrando y reduciendo todo a remesas y la estabilidad que ellas aportan en la situación macro-financiera del país. Lo sucedido ha sacado a la luz pública, el costo humano de la migración; la masiva pérdida del recurso humano, en este caso, de menores y adolescentes, que habiendo nacido aquí no pueden vivir con sus padres, madres y otros seres queridos. La decisión desesperada por reunirse con los familiares nos enseña que no hay remesa que compense el costo de la desintegración que produce la migración en la unidad familiar de un hogar.
Pese a lo anterior, estamos muy lejos de abordar el tema desde una perspectiva humana vinculada a la dignidad de la persona. Con derecho a vivir aquí satisfaciendo a un nivel razonable los derechos económicos, sociales, culturales, de ambiente y desarrollo tecnológico. Conviviendo con los nuestros, parientes de la familia extensa, en el país donde todos han nacido. Sin duda, Honduras está aún muy lejos de ser ese país ansiado y que aún no se tiene.
Sin embargo, en estos días han aparecido tres noticias que abren nuevas esperanzas sobre el trato más humano que tendrá la migración internacional de hondureños de ahora en adelante: El cierre de la Dirección General de Migración y Extranjería porque sus empleados operaban en contubernio con coyotes que traficaban con migrantes menores indocumentados; la creación del Instituto Nacional de Migración, que entre sus funciones se encargará de formular y proponer una política migratoria a la Secretaria; y la reunión que hará el SICA en Tegucigalpa el 16 y 17 de Julio, con una cumbre extraordinaria para abordar el tema migratorio.
7ma. Lección. Una oportunidad que tiene Honduras y Estados Unidos para identificar responsabilidades propias y acciones conjuntas en esta crisis humanitaria. Según se informa, congresistas de Estados Unidos llegarán al país para apreciar la institucionalidad y posibles actores que recibirán a los menores, cuando éstos sean deportados. La comitiva estará presidida por Kay Granjer, Republicana de Texas, tal como anticipó la `primera dama, Ana García de Hernández.
El encuentro es una excelente oportunidad que podría ser aprovechada para plantear lo que puede hacer cada nación, e identificar acciones binacionales, así como promover operaciones regionales e internacionales que podrían hacer otros, indispensables también para solucionar la crisis.
En Honduras no se entiende por qué Estados Unidos no puede controlar sus fronteras. Es la nación más rica y poderosa del planeta. Posee una amplia e inigualable superioridad militar y tecnológica. ¿Cómo es posible que ese “imperio” haya sido “vencido” en sus fronteras por menores de edad, apoyados por coyotes en logística y organización?
Honduras también tiene sus singularidades. Posee una institucionalidad y cultura democráticas débiles. Mejora a lo largo de 30 años, pero a muy lenta velocidad. El sistema imperante logra poco crecimiento anual, es de muy baja rentabilidad, pero suficiente para beneficiar, en forma exagerada, a un grupo reducido que históricamente siempre son “los mismos”. Aquí no hay bienestar generalizado para la gran mayoría de la población. El 70% es pobre, y de ellos casi la mitad vive en la miseria.
La clase dirigente y los “servidores públicos” hondureños, con pocas y contadas excepciones, es corrupta. Usa la Ley para mantener prebendas y privilegios.
Dentro de estas realidades, externas e internas, y actuando con humildad, cada parte en este diálogo identificará responsabilidades propias y binacionales compartidas. Sin olvidarse que también se requiere de esfuerzos adicionales que permiten agregar al esfuerzo global aliados regionales e internacionales.
Pero todo tiene límites. Las soluciones coyunturales son de aplicación inmediata. Sirven para reducir efectos. Mientras que las soluciones estructurales van a las causas. Exigen cambios y soluciones de tipo estructural, con resultados de mediano y largo plazos. Para solucionar la crisis, es necesario intervenir tanto en las causas como en los efectos.
