Tegucigalpa.- El título de este artículo pertenece a una de las películas del mejor cómico de habla hispana que hasta ahora se conoce, Mario Moreno, Cantinflas. En sus películas, Cantinflas nos dejaba una serie de lecciones sobre el actuar en las diferentes actividades de la vida. En cada una de las películas prevalecía el aspecto ético, ya fuese el humilde barrendero, bombero, maestro, doctor, sacerdote, agente 777, etc. Asimismo, destacó el desempeño en la función pública, entre otros, como embajador o como diputado.
En esta ocasión, más que referirme a este extraordinario comediante y sus películas, destacaré la agenda legislativa que se requiere impulsar en el próximo Congreso Nacional. El punto de partida debe ser la unidad de diferentes bancadas que tengan como objetivo darle un fuerte giro a la forma en que este poder del Estado ha venido siendo conducido.
Un punto central en la agenda legislativa es fortalecer el Estado de Derecho, debilitado fuertemente en los últimos años; esto se puede alcanzar, entre otras cosas, logrando que el CN nombre a gente capaz y honrada en las diferentes posiciones de la administración de justicia. Por ejemplo, elegir a los mejores hombres y mujeres para los nombramientos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Adjunto, Procurador General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, entre otros. En este sentido, se debe promover la independencia de los poderes a fin de que la democracia funcione.
Otra medida importante es reformar o derogar la serie de decretos que han venido blindando la corrupción e impunidad en nuestro país; entre ellos el Código Penal, la ley denominada de secretividad y otras leyes que, violentando la Constitución, impiden al Ministerio Público ejercer la acción penal como está establecido. Esto se debe complementar con la aprobación de leyes como la Ley de Colaboración Eficaz y la Ley Anticorrupción, que han dormido el sueño de los justos en el CN.
Pero no solo leyes relacionadas con la corrupción deben modificarse, la Ley Marco de Protección Social debe ser reformada o derogada después de una amplia discusión pública. No se debe permitir la privatización de la salud pública que es un derecho inalienable de la población hondureña. Aunado a esto, el Congreso Nacional debe velar porque los institutos de previsión no sean objeto de manipulación y dirección de parte del Ejecutivo, son recursos de sus agremiados y éstos deben tener la potestad de velar, a través de sus juntas directivas, de los fondos que garanticen sus jubilaciones.
En esta esta misma dirección se debe fortalecer toda la institucionalidad pública priorizando las instituciones relacionadas con la mujer, niñez, tercera edad, pueblos originarios y demás sectores sociales que hoy se encuentran en condición vulnerable, así como la institucionalidad electoral. Todo esto mediante la aprobación de leyes que cuenten con amplia participación ciudadana.
Muchas veces se olvida que la aprobación, derogación o reformas de leyes no es la única atribución del CN. Si bien es cierto el ejecutivo tiene la atribución constitucional de la administración pública, el CN tiene la obligación de velar por el buen desempeño de ésta. Desde la aprobación y monitoreo del presupuesto general de la República, hasta la interpelación de funcionarios cuyo desempeño sea ineficaz o reñido con la ética, el CN tiene la potestad de realizar acciones consecuentes a mejorar o corregir la situación.
Es sorprendente como en la década precedente el CN ha tenido una total indiferencia a la vigencia de los derechos humanos en el país; pese a sus múltiples violaciones, no habido ni una sola manifestación de preocupación sobre tan importante tema. Asesinatos y enjuiciamientos a los defensores del medio ambiente, represión contra los defensores de los derechos humanos, asesinatos y acosamiento a miembros de la comunidad LGTB, violencia generalizada contra la mujer son algunos ejemplos de lo señalado.
En la misma dirección se plantea el uso de las comisiones especiales de investigación de temas nacionales de relevancia. En este sentido, vale la pena recordar que, en 1975, debido a una denuncia aparecida en un periódico de los Estados Unidos, el entonces jefe de Estado nombró una comisión investigadora para aclarar un soborno hecho a autoridades hondureñas. El “bananagate”, como se le denominó a este episodio de la vida nacional, terminó con el cambio del jefe de Estado. La pregunta ahora es porqué después de claras vinculaciones al narcotráfico del actual jefe de Estado, hecha por la fiscalía Sur de Nueva York, ni el CN, ni el Ministerio Público, han iniciado una investigación al respecto.
Esto solo es una pequeña muestra de la importancia del denominado primer poder del Estado; el CN qse debe rescatar para que esté en función de los intereses de la mayoría y no de grupos de interés que se benefician de su corrupción y desaciertos. La población hondureña debe reflexionar muy bien su voto de quiénes son los hombres y las mujeres idóneos para hacer estos cambios. Por esta mínima agenda presentada, y muchas cosas más, lucharía en el CN, “si yo fuera diputado”.
