Tegucigalpa – La segunda vuelta electoral ha entrado al debate nuevamente en Honduras a tan solo un mes en medio de la convocatoria al proceso electoral. Todo ocurre en una atmósfera inédita tanto a nivel global como nacional, en un país sumido en una especie de múltiples crisis.
El tema agita la agenda mediática entre quienes creen que es un asunto de primer orden porque el país demandará de consensos y de un gobierno sólido para responder ante la debacle económica y social que ya diagnostican los expertos; también los hay quienes piensan que el tema electoral es intrascendente cuando la emergencia sanitaria demanda respuestas que no llegan como debieran debido a la evidente corrupción en las compras efectuadas en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Los partidos políticos con mayor fuerza electoral parecen confusos y faltos de liderazgos sólidos, las fisuras internas les corroen y dañan los propósitos democráticos, opinan los observadores independientes y sus agendas por el poder interno primero y a cargos de elección como fin supremo, les distrae de las necesidades democráticas de la ciudanía.
Las discusiones sobre la segunda vuelta se han vuelto bizantinas, lo que agrava la ya precaria institucionalidad del país que deberá seguir de cerca la actuación legislativa que al final, es el poder del Estado, capaz de dar respuestas asertivas en medio de los profundos disensos.
Elecciones en pandemia
En este contexto, el coronavirus ha originado la pérdida de vidas y miles de contagios, pero más allá de ello, la gestión en el sistema de adquisiciones ha generado mayor conflictividad en Honduras. Los reclamos ciudadanos se acentúan. Las organizaciones civiles y sectores amplios de la población piden explicaciones sobre el empleo de miles de millones de dólares cuyos destinos son inciertos y, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), han presentado amplias investigaciones al respecto.
Mientras el Ministerio Público inició casi al mismo ritmo que la pandemia llegó al país, la investigación de los diferentes hechos alrededor de la misma, con énfasis en la opacidad de que son objeto las acciones. Por lo menos 16 líneas de investigación, han llevado a citar a funcionarios en calidad de investigados unos y testigos otros, igualmente a políticos, empresarios y diversos actores de la cadena. También se han realizado acciones para develar in situ, pruebas y evidencias que contribuyan a la verdad de los hechos.
La débil institucionalidad hondureña ha quedado evidenciada en el devenir de las acciones porque el MP tiene como valladar una normativa que fue aprobada recientemente y que le coarta su capacidad de acción.
De su lado, el Tribunal Superior de Cuentas, principal órgano contralor, ha mostrado sus acciones sin mayor profundidad y con divergencias internas y cuestionamientos por conflicto de intereses en casos concretos, de acuerdo con señalamientos públicos.
Una pinta remarcada
En ese torbellino de acontecimientos, una muestra de la insatisfacción y el acentuado desencanto político de la ciudadanía ha quedado plasmado en una enorme pinta creada en un transitado puente del Bulevar Suyapa de Tegucigalpa, la capital, en el que la pregunta “¿Dónde está el dinero?”, se expone ante la complacencia de quienes transitan la zona.
No han faltado quienes han intentado borrar la frase colocada en la capa de asfalto del puente, pero los ciudadanos vuelven al lugar y la remarcan. Es una especie de llamado a la justicia y un reclamo social que se refrenda en la libertad de expresión. Igualmente, en las redes sociales las manifestaciones de los internautas son significativas.
Segunda vuelta, sanatorios móviles
y 100 mil pruebas inservibles
La instalación de temas electoral en plena pandemia pareciera significa una disrupción mediática ante las muertes por COVID-19, pero su importancia es también de primera línea de cara al proceso electoral que se avecina.
En medio de las dramáticas cifras de muertos que cada día reportan las autoridades de los sanatorios públicos, queda pendiente la instalación de dos hospitales móviles que llegaron hace un mes a Honduras y que aun no están en funcionamiento.
Igualmente, la incertidumbre se hace presente ante la ausencia de otros cinco sanatorios que, como los primeros, se pagaron por adelantado a través de Invest-H, y que fueron sobrevalorados además de presentar una serie de anomalías en el proceso de adquisición que involucran a funcionarios públicos, un intermediario con sede en los EEUU y que, según las investigaciones de la ASJ, es de dudosa reputación, así como otros actores en el camino.
A ello se suma la adquisición de 250 mil pruebas PCR adquiridas en abril, y que cuatro meses después de su arribo a Honduras, ahora están inutilizadas, porque se interrumpió la cadena de frío.
Los casos de malos manejos de fondos se extienden a más de una decena de hechos que son parte de las investigaciones del MP.
Todo ello ha llevado a líderes nacionalistas a desmarcarse de los casos de corrupción al decir que piden castigo para los responsables e indicar que son hechos individuales “de unos cuantos que no representan al Partido Nacional” y que exigen el castigo y la aplicación de la ley. Así han opinado en distintos escenarios el exrector de la UNAH Oswaldo Ramos, el vicepresidente Ricardo Álvarez, el vicepresidente del CN Antonio Rivera, entre otros.
“No vamos a cargar con los muertos de unos pocos que se han hecho millonarios en esta pandemia, queremos justicia”, acentúo Ricardo Álvarez.
Elecciones post pandemia
En ese entorno, el Congreso hondureño deberá definir si acentúa las reformas electorales que podrían dar al país la tranquilidad de un proceso general más democrático. Ello ocurre en medio de luchas intestinas dentro de los tres principales partidos políticos que no logran acuerdos para asumir los puestos de control en sus institutos y las apetecidas posiciones electorales de cara al proceso interno que deberá realizarse en marzo de 2021.
Las exigencias demandan una segunda vuelta que permita dar legitimidad a quien sea elegido para gobernar Honduras a partir de enero de 2022, tras el proceso general que deberá efectuarse en noviembre de 2021.
Para ello, se demanda una segunda vuelta electoral que dé legitimidad al presidente, en el país que registra en cada uno de los procesos electorales un creciente abstencionismo y un menor porcentaje de voluntades populares expresada en votos en favor del candidato ganador.
Las voces de los políticos
Otras reformas electorales que tienen que ver con la representatividad de los partidos políticos en las mesas electorales, entre otras también son objeto de la discusión, pero ninguna tan potente como la segunda vuelta electoral.
Diputado Antonio RiveraMientras Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional y uno de los principales líderes nacionalistas, indica que las dos comisiones electorales legislativas son presididas por miembros de la opción: una de ellas por el jefe de la bancada liberal Mario Segura y la otra por el jefe de la bancada de Libre, Jorge Cálix, ellos aducen que la falta de voluntad política corresponde reside en el presidente de ese poder del estado, Mauricio Oliva.
Rivera, al igual que otros líderes nacionalistas como el vicepresidente del país, Ricardo Álvarez dicen que a título personal creen que debe haber segunda vuelta electoral. En el caso de Álvarez, invoca que para ello deben buscarse mecanismos de entendimiento en el Legislativo y de no lograr acuerdos debe hacerse a través de una consulta popular, lo que afectaría la puesta en vigencia de la medida para el periodo electoral próximo.
“Empecemos a hacer las cosas transparentes”, manifestó el designado presidencial Ricardo Álvarez para refrendar la solicitud de una consulta popular. Su posición contrasta con el deterioro en la imagen de su partido ante la escandalosa corrupción en tiempos de pandemia.
Igualmente expresó que en el interior del país el tema electoral no es el más importante para las personas que están más preocupadas por sus cultivos y sus problemas económicos y sanitarios.
Diputado Jorge CálixJorge Cálix, dice apoyar la segunda vuelta, pero las acciones de exigencia de parte de Libre no se han conocido al respecto. La presencia mediática de Libre ha sido básicamente para exigir que el censo electoral nuevo esté vigente en el proceso electoral interno, una realidad incierta debido a que la pandemia ha afectado los tiempos en el cronograma de la identificación.
De su lado, la abogada Maribel Espinoza, una dirigente del Partido Liberal, expuso que ese instituto político propuso desde 2018, ante la mesa de la ONU la segunda vuelta y achacó a los nacionalistas de no acuerpar la iniciativa. Para ella, la falta de voluntad política ha sido evidente en este caso e hizo un llamado a los congresistas para que actúen aprobando la reforma a la ley antes de que de inicio el calendario electoral.
Pleno de magistrados del CNE se pronuncia a favor de la segunda vuelta para próximas elecciones
El Consejo Nacional Electoral, se pronunció en las últimas horas, manifestando su acuerdo con la segunda vuelta, pero su opinión es únicamente ilustrativa y no define lo que deberá ocurrir ya que el CN el responsable de tal decisión. Todos los consejeros votaron en favor de la segunda vuelta con la diferencia que la liberal Ana Paola Hall y Rixi Moncada lo hicieron en base a una reforma constitucional y el nacionalista Kevin Aguirre, propuso que sea mediante consulta popular.
El jefe de bancada liberal y presidente de una de las comisiones electorales, Mario Segura, también remarcó que su partido le apuesta a la segunda vuelta y señaló a los nacionalistas por la inacción al respecto.
De tal modo que en plena pandemia y a la víspera de las elecciones internas, los políticos siguen con agendas comprometidas, mientras la población demanda un acento urgente en la transparencia, combate a la corrupción y en les reglas que refuercen la debilitada democracia.
