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Se registran 38 decesos bajo sospecha de COVID en cárceles

Tegucigalpa – El personal médico de la Unidad de Salud del Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó este viernes que más de mil 200 privados de libertad han logrado recuperarse del COVID-19 en las cárceles hondureñas, donde también se registran 38 decesos.

Un total de mil 203 privados de libertad de los mil 691 contagiados con el coronavirus han logrado recuperarse, lo que representa un 71.14 por ciento del total de contagiados en las 25 prisiones del país.

El INP indicó que los casos que continúan activos se mantienen en las zonas de aislamiento habilitadas al interior de los centros penitenciarios bajo supervisión médica y a la espera de nuevas pruebas para determinar si están libres del virus.

Los médicos atribuyeron la recuperación de los privados de libertad al trabajo coordinado y en equipo realizado por los galenos asignados a cada establecimiento, de la Secretaria de Salud (Sesal), así como de las regiones sanitarias departamentales con quienes se realizaron intervenciones para hacer evaluaciones, aplicar pruebas rápidas y PCR en tiempo real para identificar casos asintomáticos.

Asimismo, reconocieron el apoyo brindado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Comité Permanente de Contingencias (Copeco), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre otras instituciones y organizaciones que han colaborado en el proceso.

Desde antes que se reportara el primer caso de COVID-19 en el país, las autoridades penitenciarias coordinaron con el apoyo de la Cruz Roja un proceso de capacitación del personal médico para que conocieran sobre el virus, el tratamiento, manejo y seguimiento con el propósito de brindar la mejor atención. También se impartieron charlas a la población penitenciaria para que conocieran las medidas de prevención, los síntomas y el tratamiento.

Se redactó un protocolo de bioseguridad cumpliendo con las Reglas Mínimas de Privación de Libertad, que fue avalado por la Secretaria de Salud y puesto en práctica de manera inmediata, distribuyendo insumos como: mascarillas, cloro, antibacteriales, entre otros productos para desinfectar todo lo que ingresara a los establecimientos como personas, vehículos y productos, entre otros.

De manera inmediata se giraron instrucciones a las autoridades de cada establecimiento para que habilitaran espacios para mantener a las personas privadas de libertad de primer ingreso y aplicarles los protocolos de bioseguridad, iniciando con la desinfección y evaluación médica más el tiempo de aislamiento. Asimismo, se suspendió de manera temporal la visita de los familiares.

En mayo pasado, se reportó el primer caso de COVID-19, en la Penitenciaría Nacional de Támara, luego de recibir por orden judicial a 11 privados de libertad provenientes de la zona norte del país (en ese momento principal foco de contagio), quien logró recuperarse y mantiene buenas condiciones de salud.

A esa fecha, ya se contaba con la zona de aislamiento y la de atención para pacientes con COVID-19, asignando personal médico para el monitoreo permanente del privado de libertad y los 10 restantes que dieron negativo a su prueba, pero por medidas preventivas se les mantuvo bajo chequeo por parte de los doctores.

De manera preventiva las autoridades del INP resolvieron contratar personal médico, entre ellos más de una decena de doctores, licenciadas en enfermería, auxiliares, microbiólogos, entre otros. Por su parte Sesal asigno de manera permanente un equipo de la Unidad de Vigilancia de la Salud que trabajando en apoyo a los doctores del lugar lograron contener la ola de contagios que se registró.

De manera oficial, Sinager ha certificado el fallecimiento de un privado de libertad (mediante prueba PCR), mientras que se contabilizan 37 fallecidos por sospechas de haber contraído el virus, sumando 38 decesos lo que representa una tasa de letalidad de 0.15 por ciento

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