Se hizo justicia al declarar inconstitucional decreto de expropiación, según empresarios

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional del Poder Judicial hizo justicia al declarar inconstitucional el decreto de expropiación de tierras emitido por el Gobierno de Manuel Zelaya, señalaron dirigentes empresariales.
 

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Luis Larach, manifestó que «se ha hecho justicia», pues el decreto «creó mucho ambiente de desestabilidad, de inseguridad en nuestro país».

Larach consideró que la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «fue tarde, y yo creo que esas decisiones deben de ser más expeditas, más inmediatas para hacer prevalecer la seguridad jurídica en nuestro país, pero más vale tarde que nunca».

Empero, reconoció que el fallo «es un mensaje muy claro; ahora también esperamos que las autoridades cumplan y que ejerzan la ley sobre las personas que están en predios que no tienen autorización o no tienen la legalidad sobre ellos».

El presidente de la CCIC demandó que «se aplique la ley; no exigimos nada más que el respeto a la ley, el respeto a la seguridad jurídica, y eso es lo que va traer la inversión».

Recordó que «a lo largo y ancho del país hay diferentes invasiones, más en los últimos días que se generaron, entonces esperamos que las autoridades cumplan y hagan prevalecer la ley».

«El respeto a la propiedad privada es elemental para el desarrollo, para la generación de inversión y la generación de empleo», expresó Larach.

Sobre las amenazas de dirigentes campesinos de emprender movilizaciones ante la anulación del decreto, señaló que «el avispero se revuelve cuando no hay orden, cuando no hay respeto a la ley; cuando se aplica la ley, pues no hay avispero».

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Edgardo Leiva, recordó que esta organización presentó en mayo de 2008 un recurso de inconstitucionalidad porque tenía «ingredientes expropiatorios».

«Este decreto nace de buscarle una salida a más de 426 casos que dejó la mora agraria y queríamos realmente darle una salida, entonces nosotros recomendamos, antes de hacerse la ley, que sólo fueran los casos después de 10 años hacia atrás que deberían de involucrarse en ese decreto», explicó.

«Desafortunadamente», agregó Leiva, «ese decreto ha ido al Congreso y en el Congreso prácticamente le dieron otro matiz y pusieron casos que sólo tuvieran dos años, o sea casos del 2006 para atrás».

Ese cambio «involucró que se metieran propiedades que no estaban dentro de la mora agraria, sino que lo que hicieron fue fomentar un espíritu contradictorio en el tema del rompimiento al derecho a la propiedad», agregó el director ejecutivo de la FENAGH.

En relación a las amenazas de movilizaciones campesinas, Leiva manifestó que esto «no tiene que ser un tema confrontativo, tenemos que buscarle una salida a los 426 casos primero, y tenemos que crear el marco jurídico».

Puso como ejemplo que «existen leyes, como en Taiwán, como en España, que han funcionado, que ha sido un fondo de tierras donde el Estado pone a disposición de grupos campesinos el acceso a la tierra y el que quiere vender vende por el concepto del justiprecio».

Dijo que la posición de la FENAGH es «cómo resolver el problema de la tenencia de la tierra bajo un concepto de que traiga armonía y paz al campo».

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