Tegucigalpa – Pese a que el Ministerio Público ha expresado que trabaja en validar la información existente sobre los asesinatos de Alfredo Landaverde -diciembre 2011- y Julián Arístides González -diciembre 2009-, sectores de la sociedad consideran que las acciones del ente encargado de la acción penal no van de acorde a las expectativas.
– Muchos señalan que el informe de ambos asesinatos fueron entregados a la Fiscalía hace unos años e incluso se prevé para este jueves que un alto oficial presentará documentos que demuestren este extremo.
El pasado fin de semana el diario norteamericano The New York Times (NYT), divulgó un amplio reportaje sobre los crímenes de González y Landaverde en los que estarían involucrados altos cargos de la Policía Nacional.
La versión periodística menciona los nombres de exdirectores de generales y la forma en que se planificaron los asesinatos emblemáticos. Asimismo, cita los vínculos de los altos cargos policiales con un narcotraficante del Cartel del Atlántico.
El propio presidente Juan Orlando Hernández expresó que tanto directores, ministros y oficiales mencionados en el informe deben ser llamados por el Ministerio Público.
Muchos de los actores señalados no esperaron la convocatoria de la Fiscalía y uno a uno fue llegando a las oficinas ubicadas en Las Lomas en Tegucigalpa. Algunos pidieron cita con el fiscal general y otros se limitaron a entregar documentación que acredita su supuesta inocencia.
Pese al clamor popular para que se ejerzan las diligencias que corresponden, la cabeza de la Fiscalía, Óscar Fernando Chinchilla, explicó que trabajan para validar los documentos que han salido a la palestra y agregó que en la institución no había nada al respecto y que la Policía les ocultó información.
El fiscal general citó que mucha gente reclama la presentación de requerimientos fiscales, al tiempo que justificó a los que se sienten indignados y al calor de ese sentimiento hacen la solicitud a la Fiscalía, pero dijo no entender a expertos que abordan el tema.
“Quieren que pongamos una inyección solo con agua destilada y no con el antibiótico”, contrastó Chinchilla para justiciar la tardanza de las acciones fiscales.
Las explicaciones del fiscal Chinchilla son aceptadas, de momento, por miembros de la Sociedad Civil, quienes prefieren un requerimiento bien sustentado, a que el mismo sea desestimado en los tribunales hondureños.
Falta agilidad y rapidez a la Fiscalía
A criterio de Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, el Ministerio Público por lo menos ya tuvo que haber citado a los oficiales que aparecen en el informe del The New York Times (NYT).
“En este caso la Fiscalía debe ser más ágil y más rápida, debe ponerse a tono y al asumir esa actitud tan lenta y pasiva crea una zozobra dentro de la población, como si pareciera que no quieren hacer nada”, aseveró.
Añadió que “las investigaciones deben hacerse con la mayor profundidad para que no exista ningún problema al momento de presentarla a los tribunales, pero creo que tienen suficiente información para poder proceder de inmediato y que la población mire que se está dando respuesta a los intereses que la sociedad quiere”.
El representante de los jueces, aseguró que “me parece que la Fiscalía ya tiene suficientes elementos, estas informaciones tienen más de un mes de estar circulando con bastante fuerza y creo que medidas preliminares deberían estar haciendo”.
Díaz sugirió que al menos se deben tomar medidas de investigación inmediata, resguardar la documentación que esté apareciendo, citar aquellas personas que tienen conocimientos sobre estos hechos y tomar medidas preventivas con los actores que están siendo señalados.
Existe encubrimiento y temor
De acuerdo a las valoraciones de la comisionada María Luisa Borjas, en este caso específico existe “temor y encubrimiento” por parte del Ministerio Público. “Ese informe está hace años en la Fiscalía. Este jueves un oficial presentará un oficio con el sello de recibido por parte del ente acusador”, apuntó.
Dedujo que la institución como tal tuvo que haber asignado investigadores y fiscales al caso; “como es que ahora van a decir que nadie sabe nada, todos alegan demencia”, indicó.
Borjas expresó su desacuerdo con las declaraciones del fiscal Chinchilla que apuntó no tener diligencias investigativas en los sonados crímenes de los zares antidrogas.
“Eso es un insulto a la inteligencia de los hondureños porque desde el momento que hay un levantamiento de cadáver tiene que haber registro, declaraciones de testigos y algo concreto. Es decir que aquí muere alguien, más de la catadura de esas personas, y no hay evidencias que respalden las muertes”, fustigó.
“Con el desarrollo de los acontecimientos y el testimonio de muchos oficiales que han mandado mensajes subliminales en los que se entiende: ‘si yo me voy se van otros’, entonces podemos deducir lo que pasará”, puntualizó.
Finalmente, dijo tener expectativas en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para hacer cosas en el país que nunca han ocurrido.
