Tegucigalpa – La crisis económica en Honduras, fomenta cada vez una mayor conflictividad social que parece cocinarse con un fuego cada vez más acelerado, marcado por la medida en que los trabajadores pierden sus puestos, los salarios a sectores públicos llegan con retrasos sustanciales o aún no son enterados y las suspensiones de obreros que suman día con día.
Todo ello fomenta nuevos conflictos que se manifiestan en protestas en las principales ciudades hondureñas y que además se conjugan con el ejército de indigentes entre ellos hombres, mujeres, niños y ancianos que, cada día son más en las calles de los centros poblacionales, especialmente en Tegucigalpa, la capital del país.
Los mendigos y los desocupados son gran parte de los que pueden verse cada día en los bulevares y avenidas de las ciudades.
La conflictividad que vive Honduras, incluso desde antes de la pandemia de COVID-19, se enfrenta a panoramas pocos alentadores, coinciden analistas sociales entrevistados por Proceso Digital.
A la crisis sanitaria producto del COVID-19, se suman otras dificultades en los ámbitos: social, político, económico, seguridad y de la misma institucionalidad.
En el campo de la Salud el país enfrenta la pandemia de COVID-19 que deja 56 mil 649 contagios y 1 mil 747 muertes, y a la par una epidemia de dengue que se arrastra desde 2019, además se avizora un brote de influenza para los últimos meses del año.
El COVID ha desnudado la precariedad del sistema sanitario público, por años en el ostracismo y sin la inversión pública que se requiere para atender a una población mayormente enferma.
La cuestionada compra de siete hospitales móviles, de los que dos llegaron hace casi dos meses al país y que aún no están atendiendo pacientes, es el retrato de cómo se han manejado las compras durante la pandemia, hasta ahora con muchos señaladose investigados, aún a la espera de acusaciones.
A este panorama se suman las debilitadas arcas nacionales que en los últimos meses han echado mano de fondos externos para pagar salariosa la burocracia. Por estos días se agudizan las protestas de empleados públicos en demanda por el pago de sus salarios entre ellos empleados de la Salud, que han estado en primera línea contra el COVID, sufren en carne propia el rezago de su estipendio por la falta de recursos frescos.
Igualmente, vale resaltar como Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) solicitó a la Secretaría de Finanzas una ampliación de su presupuesto para honrar deudas contraídas en la emergencia.
Es importante mencionar que Invest-H fue la encargada de comprar al contado los siete hospitales móviles a un costo de 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras). A la fecha rodaron las cabezas de dos directores de esta institución y se nombró una interventora para escudriñar las adquisiciones realizadas en la emergencia. Todo pasó sin que los sanatorios entren en operación.
Tímido retorno
El país después de 169 días de pandemia ha comenzado a reabrir su economía, seriamente devastada por la paralización en todos sus rubros. Se estima la pérdida de más de medio millón de empleos, así como una caída dramática en la recaudación fiscal que imposibilita que el Estado pueda asegurar el funcionamiento de muchas áreas en el sector público.
En el campo de la seguridad se mantiene la tasa de homicidios, pese a los toques de queda y cierres de las fronteras. Al igual, ha aumentado el trasiego, consumo y venta de drogas en todo el territorio nacional. Mientras la violencia doméstica que se ha disparado especialmente durante el tiempo de la pandemia.
En el contexto, el incierto panorama electoral previo a los comicios primarios y generales, debido a la falta de la aprobación de las reformas electorales, entre ellas la segunda vuelta o balotaje, hacen tambalear el débil sistema institucional. Mientras los políticos se enfrascan en sus propias guerras intestinas.
Pandemia agravó problemas
Julieta CastellanosLa directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Julieta Castellanos, es del criterio que los problemas de Honduras no son nuevos “y muchas de estas situaciones se agravaron con la pandemia y lo que estamos viendo es el colapso de varios sectores, la afectación de la economía es muy fuerte”.
Ese panorama está dejando grandes pérdidas laborales, debido a que también las empresas entraron en confinamiento y por ende no hay suficiente recaudación fiscal, lo que deja claro, que el gobierno no podrá cumplir a tiempo con algunos compromisos nacionales como internacionales, aseveró.
Castellanos apuntó que las consecuencias de estos factores, en los futuros meses será dramática, porque la falta de operatividad de la pequeña empresa, por más de cinco meses, ha generado un ambiente de incertidumbre y ahora que se pretende abrir la economía, las personas comenzarán a consumir con cautela porque no se tiene certeza hasta cuándo se recibirán los ingresos con estabilidad.
Además, -citó la socióloga- la clase política no ha sido capaz de generar propuestas, siguen enfrentados y divididos, obviando la crisis por la que atraviesa el país, tanto que tampoco quisieron aprobar las reformas políticas que dieran confianza y estabilidad a la democracia, sino que optaron por repartirse su cuota de poder en los órganos electorales.
“Solo tenemos políticos esperando que haya crisis para hacer oposición, por otro lado, el fracaso del actual modelo, en el tema de salud como de la economía, los otros políticos deberían presentar propuestas y no críticas”, acotó.
Políticos, el problema
“Imaginamos que con las reformas nos darían estabilidad y tranquilidad, pero estamos viendo lo contrario, no tenemos propuestas, sino descalificaciones, el escenario es parecido al 2016 previo a los procesos democráticos, los políticos deberían ser la solución, pero más bien ellos están siendo el problema”, consideró Castellanos.
La exrectora, lamentó que a la fecha no se haya aprovechado el tiempo para atender las reformas electorales que demanda la ciudadanía, se encargaron de descalificarse entre ellos mismos, incluso a los propios representantes en los órganos electorales. Todo nos indica que el panorama no es nada alentador para Honduras.
Asimismo, consideró que la situación es insostenible, ahora lo que resta, es regresar a la normalidad porque no se tiene otro camino, ya que no hubo un buen manejo de la pandemia y sumando a ello, la corrupción no se detuvo, no se trata de ver si es el momento de abrir sino de aprender a vivir con el virus, puntualizó.
Impacto fuerte de COVID
Eugenio SosaPor su parte, el sociólogo Eugenio Sosa, aseguró que la histórica crisis institucional de un país que siempre ha sido pobre como Honduras, con altos niveles de corrupción, es evidente que una pandemia como la del COVID tendrá un impacto fuerte “aquí se dieron el lujo de despachar la MACCIH y eso ha dejado resultados adversos, la crisis es permanente y sistemática”.
“Los crecimientos económicos que se venían teniendo no han dado el ancho, tanto así que no se ha podido manejar como corresponde la crisis sanitaria, la caída de la economía es estrepitosa, estamos viendo las consecuencias y si no se toman decisiones oportunas, estas podrían ser más fuertes en los próximos días”, acotó.
Sosa, aseguró que el único camino que les ha quedado a quienes gobiernan es recurrir al endeudamiento externo, “no se quiso escuchar a los expertos y no se dio participación a quienes de debió dar. Entonces ahí están los resultados, nada alentadores para un país que anhelaba un mejor panorama”.
Heredar crisis
“Ya se vienen los procesos electorales, y no se descarta que nos hereden nuevamente una crisis política, porque no se están tomando los acuerdos necesarios, incluso la población ya tiene una percepción de desesperanza, incertidumbre y confusión, el panorama no es nada claro hasta ahora, porque existe mucha fragmentación”, apuntó.
El sociólogo es del criterio que la solución a todas estas problemáticas, están lejos del alcance del actual gobierno, ya les queda poco tiempo y ahora se deberían tener resultados y no problemas; pero es urgente que en las próximas elecciones pueda haber credibilidad de las personas en las instituciones y en los procesos, de manera que se fortalezca la democracia.
“No hubo ni vamos a tener reformas electorales, lo que se hizo es una especie de ajustes para incorporar a Libertad y Refundación en los organismos electorales, pero en términos de participación ciudadana y respeto al elector, estamos plenamente nulos”, finalizó.
Falta de liderazgo
Filadelfo MartínezEl integrante de la Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF), Filadelfo Martínez, atribuyó la conflictividad en el país a la debilidad en el liderazgo de las actuales autoridades.
“El país tiene poca capacidad para no aprovechar oportunidades y no enfrentar retos, la debilidad del liderazgo hace que el país no pueda aprovechar una oportunidad porque tienen la mirada en otro punto”, declaró en conversación con Proceso Digital.
Lamentó que los políticos están enfocados en cuantos trabajos tendrán causando malestar en los sindicalistas “todo es más caro y nadie quiere sacrificarse porque el liderazgo político no está dando el ejemplo”, expresó.
Señaló que los primeros perjudicados con los conflictos actuales son los más pobres, pero que eventualmente abarcará a todos los sectores de la población.
Martínez evidenció que la recaudación tributaria disminuyó y no habrá dinero para el pago de salarios, convirtiendo víctimas a todas las personas por la falta de visión.
Afirmó que la falta de liderazgos augura que las elecciones generales del próximo año no serán la solución.
“Las elecciones no son la solución, el otro año es el bicentenario de la independencia y todos deberíamos sentirnos estimulados sobre que hemos construido en 200 años”, comentó.
Previó un ambiente de pesimismo en el futuro de Honduras con pobladores peleando por agua, territorios, desconfianza y los jóvenes no tendrán las herramientas para enfrentar los problemas.
Desconfianza
Julio NavarroEl sociólogo Julio Navarro indicó que el hondureño en los últimos años ha tenido actitud de desconfianza en la institucionalidad. “Llegando a creer el hondureño que hay más posibilidades de que lo engañen en sus relaciones de trabajo, políticas, judiciales de que le cumplan”, manifestó a Proceso Digital.
En ese sentido, planteó que el ciudadano va construyendo el prejuicio y acumula la percepción de que la justicia no es de aplicación general basándose que “las leyes están cegadas a un sector privilegiado o de acusados que tienen como defenderse”.
Expuso que todos estos conflictos generan que el hondureño tenga más dudas que certeza señalando que traslada la incertidumbre a sus relaciones personales.
“No hay confiabilidad en el cumplimiento de los pactos y el prejuicio es alimentado por la evidencia de los hechos y llega a convertirse en un juicio real”, concluyó.
