Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Los escándalos de corrupción en Honduras son ahora tan cotidianos, como la violencia, al grado que empezamos a saturarnos y a perder de vista fenómenos sobre los cuales no se puede dejar de poner el acento como es el tema de la depuración policial y la podredumbre ahí existente.
Las revelaciones periodísticas que permitieron un nuevo intento de depuración con el nombramiento de una Comisión especial depuradora han dado paso a otras facetas de lo que existe en esa institución responsable de garantizar la vida a las personas: abuso en el otorgamiento de licencias por enfermedad, la pérdida de expedientes de casi todos sus integrantes, revelaciones sobre las formas en que han operado desde las estructuras estatales con la autoridad hasta la sorpresa que el cuartel de Casamata ahora tiene dueño en la figura de un alto general en retiro de la policía.
Se suman a estos hechos las denuncias sobre intimidaciones y amenazas a muerte en contra de algunos integrantes de la comisión depuradora. Ellos son precisamente los representantes de sociedad civil en la figura de Omar Rivera y Carlos Hernández, a quien acompaña en sus denuncias el pastor Alberto Solórzano.
Esto último amerita una atención especial porque si bien el asumir esa función ya indicaba un riesgo, la faceta de las amenazas e intimidaciones era un escenario previsto para más adelante y no tanto en el arranque de sus funciones, pues la mayoría de las personas que han salido de la institución lo han hecho por reestructuración y no por estar implicados en hechos delictivos según la información pública. Ellos se van con su plata, solo que ya no son idóneos en la nueva etapa policial, se asegura.
Quienes conocen a fondo la policía, dicen que en esa depuración se están yendo justos por pecadores y que otros más pecadores siguen ascendiendo o afianzándose en sus funciones. Es un riesgo que la Comisión de Depuración sabía que podía suceder, pero ello no es suficiente para demeritar su trabajo que seguro deberán perfeccionar en el camino en medio de la presión ciudadana por esperar respuestas rápidas a situaciones tan complejas.
De acuerdo a sus estadísticas han cancelado a 106 oficiales en 52 días, tienen en suspenso a otro número por estar mencionados en los informes periodísticos sobre el crimen del general en retiro Arístides González y del experto antidroga, Alfredo Landaverde. El Ministerio Público ha tenido que empezar casi de cero las averiguaciones porque ahí también se perdió información clave y debe llamar también a los responsables en su momento de custodiar evidencias.
Pero la última denuncia de los depuradores acerca del seguimiento que están siendo objeto miembros de su familia e incluso sus hijos, además de mensajes amenazantes que buscan frenarlos en sus propósitos no pueden pasar desapercibidos por la sociedad hondureña. La impresión que da es que pese a que la reestructuración se ha dado por orden jerárquico, según sus responsables, ahí el mal olor sigue siendo intenso.
La depuración en teoría debe durar un año, pero en 52 días las intimidaciones a los depuradores han ido subiendo de tono y todavía no han llegado ni a la mitad del proceso. Por eso hay que seguir de cerca la labor de la comisión para que su trabajo no sea absorbido por la saturación noticiosa y dejado en la orfandad, el momento que seguro esperan sus detractores anónimos para actuar.
La última denuncia de los depuradores ha sido el tema del otorgamiento de licencias a discreción por cuestiones de salud a varios integrantes de la policía. Ellos han iniciado una investigación al respecto y seguramente tienen que preguntar a quienes depuran con ellos, por qué otorgaron esas licencias, porque si seguimos la lógica, “los de arriba” debieron estar enterados.
¿Quiénes se merecían realmente esas licencias? ¿Quiénes no? ¿Hasta dónde sus superiores estaban enterados, qué tanto permitieron? Son interrogantes que en medio de las amenazas que sufren, los depuradores nos deben despejar. La sociedad, por su parte, debe presionar porque las autoridades de la Secretaría de Seguridad digan con sus cuerpos de inteligencia, de donde proceden las amenazas hacia los depuradores.
Si son incapaces de proteger a quiénes les ayudan en el trabajo de reestructurar la policía nacional, ¿entonces, en quien confiar? Mientras los depuradores denuncian amenazas, algunos oficiales de la policía reestructurados y otros que han sido suspendidos, también hacen sus propias denuncias.
Estamos frente a una crisis que tiende a volverse compleja y dispersa si no se tiene la ruta correcta. Confiemos en que el estado de ánimo con que empezó todo este empuje por depurar de una vez por todas a la policía nacional, no termine en depresión y en orfandad hacia los ahora amenazados. Muy alto pagaron González y Landaverde como para que la lista se agrande en medio de la indiferencia. Que la saturación de temas y problemas, no nos pierda de lo central: combate a la impunidad y a la corrupción. La policía pasa por ambos. Más de Thelma Mejía. Aquí…
