Ciudad Real (España).- El sacerdote español Antonio Rodríguez -conocido como padre «Toño»- detenido en El Salvador por la supuesta introducción de objetos ilegales a pandilleros presos, recibió el alta médica después de permanecer ingresado varios días en un centro hospitalario.
Así lo indicó hoy a Efe el padre del religioso, Antonio Rodríguez, quien afirmó que su hijo ha vuelto a las dependencias de la Dirección Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil de El Salvador tras recibir el alta.
Antonio Rodríguez explicó que recibieron la llamada de un compañero de su hijo desde el país centroamericano para informarle de que el padre ‘Toño’ se encuentra «mucho mejor» de los problemas de salud que le llevaron al hospital y que impidió al religioso asistir a la vista oral fijada para el pasado 12 de agosto.
El padre de este sacerdote de la orden de los Pasionistas dijo que la familia espera con «ansiedad» que la situación se resuelva cuanto antes, pues, destacó, «son diecinueve días los que mi hijo lleva ya detenido».
Por su parte, la madre del religioso, María del Carmen López, dijo a Efe que todavía no han podido hablar con su hijo, aseguró que la familia se encuentra con mucha fuerza moral para seguir luchando por su libertad y expresó su confianza en que el próximo martes o miércoles, cuando el padre «Toño» vuelva a estar ante el juez, «pueda quedar en libertad y sin cargos».
Además de las concentraciones a favor del sacerdote que tiene lugar en su pueblo, el próximo lunes la familia promoverá una campaña a través de Internet y de las redes sociales para buscar más apoyo en favor de la liberación del sacerdote.
El fiscal del caso, Álvaro Rodríguez, explicó hace unos días a los periodistas que se le acusa de los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, vinculados directamente con un cabecilla preso de la pandilla Mara 18, Carlos Mojica, alias «El Viejo Lin».
El «nexo» entre el padre «Toño» y el jefe pandillero se basa en la supuesta interceptación de llamadas telefónicas por parte de la Fiscalía General durante la investigación de un caso de extorsión en Santa Ana, caso con el que la Fiscalía no liga al religioso.
Al sacerdote también se le acusa de introducir «objetos prohibidos en los centros penitenciarios», aunque su defensa mantiene que todas estas acusaciones son «meras interpretaciones o especulaciones» de la Fiscalía.
La defensa del sacerdote prevé, no obstante, que las etapas de instrucción en los dos casos en que se le involucra se demoren hasta el próximo año.
