RSF se queja, en un comunicado, de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha accedido a una treintena de solicitudes de organismos gubernamentales (Secretarías de Finanzas y de Seguridad, Dirección Ejecutiva de Ingresos) que piden la clasificación de datos relativos a presupuestos o inversiones del Estado.
A ese respecto, comenta que el IAIP ha invocado, incluso, la «seguridad nacional» para declarar «reservadas» algunas informaciones que se refieren al presupuesto, los contratos públicos, la remuneración de ciertos funcionarios o la producción de gaseosas, bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Esta práctica, según Reporteros, es tanto menos comprensible cuanto que algunos de esos datos ya eran conocidos.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado que esas medidas violan la Ley de transparencia y acceso a la información pública, que garantiza al ciudadano el derecho a conocer, entre otros aspectos, los gastos del Estado y precisa que las «informaciones reservadas» deben ser una excepción.
Reporteros se refiere también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por Honduras y cuyo artículo 13 establece que las restricciones al conocimiento público han de ser una excepción.
