Tegucigalpa – Su salida en los medios de comunicación no es para justificarse, sino para enviar mensajes. Sigue siendo directo y no duda en revelar que desde restaurantes para almorzar o cenar, oficiales y ex oficiales de la policía nacional se reúnen para conspirar en su contra. Es el comisionado nacional de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, que enfrenta a lo interno resistencias al mando y hay quienes desean “rozarle” las barbas.
Pero él -sostiene- atacará a los delincuentes “sin importar donde estén”.
Una de sus últimas declaraciones revela quienes podrían estar implicados a los crímenes de Julián Arístides González, “el Zar antidrogas” y del experto en seguridad, Alfredo Landaverde. El jefe Bonilla no descarta que policías hayan participado en los hechos. Así de explosivas son sus declaraciones que no dejan de incomodar a quienes “sienten pasos de animal grande”.
Desde hace dos semanas, el nombre de Bonilla cobra mayor fuerza en los medios de comunicación, al trascender que Washington investiga su trayectoria al implicársele en presuntas violaciones humanitarias cometidas hace más de una década, mismas que desvaneció en los tribunales y un juzgado lo absolvió de culpas.
A Bonilla se le señalaba de haber participado en ejecuciones sumarias en contra de unos secuestradores. Él sostiene que probó en un juicio oral y público que no fue así y que nadie aportó pruebas contundentes.
Pero ciertos grupos de derechos humanos no piensan lo mismo y junto a senadores estadounidenses y algunos académicos hondureños pidieron al Senado suspender la ayuda policial y militar a Honduras. La acción no prosperó, pero el revuelo generó que el gobierno y la opinión pública cerraran filas en torno al “Tigre” que no le salió “gato”, según el presidente Lobo Sosa.
Otros grupos humanitarios y actores claves de sociedad civil como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, si bien no le han entregado “carta blanca” al comisionado Bonilla, le otorgan el beneficio de la duda al señalar que este oficial está haciendo mucho más que sus antecesores.
La alerta ciudadana del Cedoh  Otra organización de ciudadanía estudiosa de los temas de seguridad y defensa, es el Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), que emitió una “alerta ciudadana” en torno al complejo problema de (in)seguridad que vive este país centroamericano.El Cedoh señala que el nombramiento de Bonilla tiene el propósito de realizar los cambios necesarios orientados a adecentar la institución “policial corroída por la ineficiencia para enfrentar el crimen común y organizado, el involucramiento delictivo de la oficialidad, el encubrimiento institucional a los delincuentes, la corrupción y los vínculos directos al narcotráfico”. De esta suerte, este organismo afirma que Honduras enfrenta actualmente tres problemas en materia de (in)seguridad: el incremento acelerado del crimen organizado y común cuya violencia está asociada a ambas; el involucramiento de operadores de justicia a estos carteles con mayor acento en la Policía y el aprovechamiento de esta situación de indefensión por parte de los militares para implicarse en asuntos policiales y desbordando así la relación que separa una cosa de la otra. En este sentido, sostiene que pedir la suspensión de la ayuda policial y militar, no castiga al Estado de Honduras, sino a la sociedad. El recorte de la ayuda afectaría negativamente a la sociedad hondureña porque la dejaría expuesta a la amenaza del crimen y el delito trasnacional, sostiene la Alerta Ciudadana del Cedoh. En el caso de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, señala que éste debe ser investigado y sometido a juicio si “hubieran indicios racionales para ello”, pero también debe investigarse a las anteriores cúpulas policiales implicados en hechos. |
Los “conspiradores” internos Pero el beneficio de la duda que se le está otorgando al actual hombre fuerte de la policía hondureña, no se lo da la delincuencia ni quienes aseguran son sus conspiradores. A lo interno, un grupo de oficiales se habría revelado para ser sometido a las pruebas de confianza que aplica la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp), que presionada por la sociedad, comenzó a presentar las primeras pruebas de presunta implicación de policías y oficiales en actos reñidos con la ley. Los casos los tiene el Ministerio Público.  Estos altos oficiales que se han rehusado a practicarse las pruebas de confianza serían algunos que fueron desplazados de la cúpula policial por los remezones hechos por el gobierno, ante los escándalos de corrupción y de colusión del crimen organizado que salpica a la policía. Ello a raíz del asesinato de los jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la UNAH.Se suma a ello, la decisión de otros depurados de la policía de poner un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley que faculta al “Tigre” Bonilla a efectuar despidos. En principio el recurso ha sido aceptado en la sala de lo constitucional y las reacciones no se han hecho esperar al advertir sectores políticos y sociales que fuerzas oscuras presionan porque se frene la depuración policial para que la ruleta no alcance a jueces ni fiscales. |
La violencia no cesa Luego, en las calles, la delincuencia no deja en paz a “El Tigre”. Si bien sus acciones mediáticas de cumplimiento de la ley de convivencia ciudadana, donde gente común y hasta el hijo del propio presidente Lobo han sido sancionada por la autoridad por violar la ley, gozan de la simpatía popular; el sicariato no cesa. Un nuevo caso de presunta colusión policial salpica la administración del comisionado Bonilla, al trascender que miembros del grupo antisecuestros Geas, estarían implicados en el asesinato de cuatro jóvenes, lanzados a un río, con sus rostros envueltos en bolsas plásticas y con señales de tortura en la ciudad de La Ceiba. El “Tigre” Bonilla salió nuevamente al paso y ordenó la suspensión del equipo de los Geas, el responsable de la DNIC y de otras direcciones en la zona, además del director departamental de la policía. Él no quiere líos que le comprometan y asegura que no protegerá a nadie.  Fueron separados para investigación en el Ministerio Público el subcomisionado Marco Tulio Cruz Aguilar, el jefe de Servicios Especiales de Investigación, el de la Dirección de Investigación Criminal y otros siete agentes Geas.Casi en paralelo, otra acción de violencia se suscita en los mismos territorios que controla “El Tigre” Bonilla, esta vez en la cárcel de Támara, donde asesinan a dos privados de libertad, uno de ellos trascendió que era el cabecilla de una pandilla en la capital. Las cárceles siguen siendo inseguras y los esfuerzos gubernamentales incipientes. La violencia, por su parte, no para. El fin de semana se reportaron un promedio de 22 muertes violentas con armas de fuego, en su mayoría, mientras la depuración policial encuentra, a lo interno, las resistencias más fuertes a librar por el “Tigre” Bonilla, alguien para quien muchos califican como un hombre que “opera solo” y de un tiempo acá intentan moverle fuertemente el piso. |
