Tegucigalpa – El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), conformado por más de 150 organizaciones de Sociedad Civil de 19 países, presentó este jueves el primer informe sobre indicadores normativos en el marco del seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.
Entre los hallazgos de este primer balance se menciona que a nivel regional se tiene un amplio cuerpo normativo que cuenta con las disposiciones necesarias para luchar contra la corrupción; destacando entre el mayor desarrollo normativo lo referente a las regulaciones para el financiamiento de campañas, específicamente en la reglamentación de medidas de transparencia, rendición de cuentas y manejo de recursos a través del sistema bancario.
No obstante, el balance del OCC señala que estos desarrollos no son suficientes para enfrentar este flagelo si no vienen acompañados de una efectiva regulación e implementación de la normativa, la existencia de voluntad política y el desarrollo de capacidades administrativas, humanas, técnicas, tecnológicas, y financieras, entre otras. El análisis sobre el avance en la implementación de prácticas de las normas anticorrupción en la región será el tema de enfoque del siguiente informe del OCC, que se dará a conocer en las próximas semanas.
Asimismo, el Informe también señala que el eje temático de fortalecimiento de la gobernabilidad es el que menor desarrollo normativo tiene entre los países de la región.
La información recolectada en esta primera entrega además muestra que Perú, México y Colombia destacan como los países con el mayor número de normas vigentes; mientras que Venezuela, Haití, Chile, El Salvador y Uruguay son los países donde se denota mayor ausencia de normas para hacerle frente a la corrupción.
Este balance preliminar muestra la necesidad de abordar distintas estrategias nacionales y regionales para apoyar a los países que presentan los menores desarrollos normativos relacionados con los compromisos de lucha contra la corrupción.
Los hallazgos del informe son producto de un trabajo de análisis de cada compromiso a partir de unos indicadores normativos y la ponderación del nivel de avance y cumplimiento de los mismos tomando en cuenta tres criterios: pertinencia, eficacia y sostenibilidad.
En ese sentido, el documento detalla que a nivel normativo los países de la región vienen cumpliendo con la regulación de los enfoques tradicionales de lucha contra la corrupción y que los temas innovadores incluidos en el Compromiso de Lima representan un nuevo reto para avanzar en el tema, como son la inclusión del enfoque de género y de los grupos en condición de vulnerabilidad en las políticas de lucha contra la corrupción que tienen el menor desarrollo normativo en la región.
Además, los datos analizados muestran que algunos países se destacan por temas como el fortalecimiento de las políticas y planes nacionales en materia de gobierno abierto, la implementación de plataformas electrónicas para las contrataciones y compras públicas, y otros por medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites.
Sin embargo, elementos fundamentales como la protección a denunciantes, testigos/as o informantes de actos de corrupción y la promoción de códigos de conducta a los servidores/as públicos/as presentan un desarrollo normativo relativamente bajo.
A partir de la presentación del informe, se desarrolló un panel de reflexión que contó con la participación de Yimene Calderón, representante de la Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO) de Honduras y líder de grupos afrodescendientes del FCA; Noel Alonso, en representación del Directorio Legislativo de Argentina del Foro Ciudadano de las Américas (FCA); Gustavo Amaya, representante del Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE) de El Salvador e integrante del Comité Ejecutivo del FCA y la moderación de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética y co-coordinador del OCC.
También, intervinieron en el evento virtual Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia y co-coordinador del OCC; Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia y coordinadora de investigación del OCC; Thomas Jeffrey, representante del Departamento de Estado de Estados Unidos y Enrique de Obarrio, coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD).
El OCC es un esfuerzo compartido entre el FCA, la REDLAD, capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y Organizaciones de Sociedad Civil de 19 países del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región. (RO)
