San Salvador – La decisión de Estados Unidos de retener su nueva ayuda de 277 millones de dólares en donaciones a El Salvador ha generado polémicas entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, los principales partidos y otros sectores.
Estados Unidos notificó al Gobierno salvadoreño que no firmará en lo que resta de este año el segundo convenio del programa de la Corporación Reto del Milenio (MCC, siglas en inglés), conocido como Fomilenio II, sino hasta en 2014.
La MCC, que aprobó el Fomilenio II en septiembre pasado, demanda que El Salvador reforme sus leyes contra el lavado de dinero y de activos y la que promueve el asocio público-privado para las inversiones, con el fin de mejorar el clima de negocios en el país.
Sin embargo, el secretario técnico de la Presidencia salvadoreña, Alexander Segovia, ha aclarado que la decisión de Estados Unidos no significa que la ayuda esté en peligro, sino que sólo se atrasa.
La MCC «ha decidido diferir la firma del convenio a fin de dar más tiempo a que el Gobierno de El Salvador progrese en las reformas que son necesarias para mejorar el clima de negocios y fortalecimiento del Estado de Derecho», señaló una carta de ese organismo que Segovia distribuyó a la prensa.
Tras conocerse el martes la decisión de Estados Unidos, el Parlamento se apresuró a aprobar el jueves las reformas a la ley contra lavado, que llevaban meses paralizadas por diferencias entre el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El FMLN exigía que se incluyera a los medios de comunicación entre los sujetos a investigación por lavado, pero rechazaba que también se añadiera a los partidos políticos.
Otros partidos, entre ellos ARENA; el fiscal general, Luis Antonio Martínez, y el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, avalaban que se incluyera a los partidos.
Finalmente hubo acuerdo y, entre acusaciones del FMLN y ARENA, se incluyó tanto a medios de comunicación como a partidos, entre otros.
Pero el fiscal general consideró insuficientes las reformas, que incluyen la homologación de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), entre ellas las relacionadas con las personas naturales y jurídicas sujetas a investigaciones por lavado.
La «Asamblea no cumple con las recomendaciones» del GAFIC, señaló Martínez en su cuenta de Twitter, sin entrar en detalles, y adelantó que le pedirá a Funes que no sancione las reformas, sino que las devuelva y pida su modificación.
Superadas, en principio, las reformas a la ley contra el lavado, quedan las de la ley de asocio público-privado, que el FMLN también rechaza porque considera que conllevan la privatización del agua, la salud y la educación, entre otras áreas.
Segovia explicó que son unas 36 reformas, «desde temas formales hasta los más sustantivos», mediante las cuales se busca «generar un nuevo y moderno sistema de incentivos para las inversiones» en El Salvador.
El FMLN sostiene que el único proyecto de reformas que se conoce en la Asamblea es uno propuesto por ARENA.
Sin embargo, según Segovia, la propuesta fue enviada al Parlamento por el Consejo de Asocio para el Crecimiento, formado por funcionarios y empresarios y que asesora al Gobierno en materia de mejora del clima de inversiones.
Segovia comentó que posiblemente ARENA se basó en la propuesta del Consejo para elaborar su proyecto.
Una diputada del FMLN, Lorena Peña, aseguró que «el proyecto que han presentado (los opositores) es para mercantilizar el agua» y llevar a la «privatización encubierta» sectores como salud o educación.
«No pedimos reformas para privatizar salud, educación, centros penales, agua ni la Universidad Nacional», sino que «son sólo para agilizar trámites para los inversionistas», afirmó por su parte la legisladora de ARENA Mariella Peña Pinto.
Funes ha dicho a la prensa que «si el FMLN u otros diputados no quieren dar sus votos y no alcanzan a comprender el impacto de no firmar ya» el Fomilenio II, «eso es problema de ellos y son ellos los que tienen que dar cuenta de eso».
Estados Unidos le donó a El Salvador unos 461 millones de dólares en el primer programa del Fomilenio, en el período 2007-2012, y los 277 millones pendientes serán para otros cinco años.
La MCC, que aprobó el Fomilenio II en septiembre pasado, demanda que El Salvador reforme sus leyes contra el lavado de dinero y de activos y la que promueve el asocio público-privado para las inversiones, con el fin de mejorar el clima de negocios en el país.
Sin embargo, el secretario técnico de la Presidencia salvadoreña, Alexander Segovia, ha aclarado que la decisión de Estados Unidos no significa que la ayuda esté en peligro, sino que sólo se atrasa.
La MCC «ha decidido diferir la firma del convenio a fin de dar más tiempo a que el Gobierno de El Salvador progrese en las reformas que son necesarias para mejorar el clima de negocios y fortalecimiento del Estado de Derecho», señaló una carta de ese organismo que Segovia distribuyó a la prensa.
Tras conocerse el martes la decisión de Estados Unidos, el Parlamento se apresuró a aprobar el jueves las reformas a la ley contra lavado, que llevaban meses paralizadas por diferencias entre el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El FMLN exigía que se incluyera a los medios de comunicación entre los sujetos a investigación por lavado, pero rechazaba que también se añadiera a los partidos políticos.
Otros partidos, entre ellos ARENA; el fiscal general, Luis Antonio Martínez, y el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, avalaban que se incluyera a los partidos.
Finalmente hubo acuerdo y, entre acusaciones del FMLN y ARENA, se incluyó tanto a medios de comunicación como a partidos, entre otros.
Pero el fiscal general consideró insuficientes las reformas, que incluyen la homologación de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), entre ellas las relacionadas con las personas naturales y jurídicas sujetas a investigaciones por lavado.
La «Asamblea no cumple con las recomendaciones» del GAFIC, señaló Martínez en su cuenta de Twitter, sin entrar en detalles, y adelantó que le pedirá a Funes que no sancione las reformas, sino que las devuelva y pida su modificación.
Superadas, en principio, las reformas a la ley contra el lavado, quedan las de la ley de asocio público-privado, que el FMLN también rechaza porque considera que conllevan la privatización del agua, la salud y la educación, entre otras áreas.
Segovia explicó que son unas 36 reformas, «desde temas formales hasta los más sustantivos», mediante las cuales se busca «generar un nuevo y moderno sistema de incentivos para las inversiones» en El Salvador.
El FMLN sostiene que el único proyecto de reformas que se conoce en la Asamblea es uno propuesto por ARENA.
Sin embargo, según Segovia, la propuesta fue enviada al Parlamento por el Consejo de Asocio para el Crecimiento, formado por funcionarios y empresarios y que asesora al Gobierno en materia de mejora del clima de inversiones.
Segovia comentó que posiblemente ARENA se basó en la propuesta del Consejo para elaborar su proyecto.
Una diputada del FMLN, Lorena Peña, aseguró que «el proyecto que han presentado (los opositores) es para mercantilizar el agua» y llevar a la «privatización encubierta» sectores como salud o educación.
«No pedimos reformas para privatizar salud, educación, centros penales, agua ni la Universidad Nacional», sino que «son sólo para agilizar trámites para los inversionistas», afirmó por su parte la legisladora de ARENA Mariella Peña Pinto.
Funes ha dicho a la prensa que «si el FMLN u otros diputados no quieren dar sus votos y no alcanzan a comprender el impacto de no firmar ya» el Fomilenio II, «eso es problema de ellos y son ellos los que tienen que dar cuenta de eso».
Estados Unidos le donó a El Salvador unos 461 millones de dólares en el primer programa del Fomilenio, en el período 2007-2012, y los 277 millones pendientes serán para otros cinco años.
