Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña presentó el mediodía de este lunes un requerimiento fiscal en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, así como para los exintegrantes del desaparecido Consejo de la Judicatura, todos señalados por delitos de corrupción pública.
– Se determinó que en 576 ocasiones los acusados no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.
– El exvicepresidente Teodoro Bonilla guarda prisión condenado por tráfico de influencias.
De acuerdo a lo informado este lunes por el Ministerio Público, la acción se deriva de investigaciones la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por lo que se procedió ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción el requerimiento fiscal en contra del pleno del extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, entre ellos su expresidente, Jorge Rivera Avilés, quien además fungió como titular de la CSJ.
Los acusados en el requerimiento son: Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz y Celino Aguilera.
A los ahora procesados se les imputan 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.
Es importante citar que el 14 de marzo 2016, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), determinó declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Señalamientos individualizados
Al expresidente del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del desaparecido ente, Teodoro Bonilla Euceda se acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
En septiembre de 2017, un Tribunal de Sentencia dictó condena a Teodoro Bonilla Euceda, a quien se le castigó con seis años de prisión por el delito de tráfico de influencias en el conocido caso Shalóm. Además, fue penado a una inhabilitación absoluta y una multa de 200 mil lempiras.
Mientras, el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos, en tanto que a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Igualmente, a Liliam Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
Profundidad de las acusaciones
Con base a las investigaciones de los fiscales de enjuiciamiento y los agentes de la ATIC, los hoy acusados tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero, determinándose que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.
Siempre de acuerdo a lo informado por el MP, tales hallazgos concernientes a la desmedida autorización de viáticos a lo interno del extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, establecen que de las 52 semanas con que cuenta el año, para el caso los exconsejales calendarizaron en 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo días feriados, períodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana.
Una de las reuniones del desaparecido Consejo de la Judicatura.
La investigación de la FEEFS-FS y ATIC comenzó a partir de un informe general elaborado por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder Judicial, en cuál sirvió de insumo inicial para orientar una serie de diligencias investigativas en las cuales se profundizó durante dos años, logrando recolectar prueba técnica-científica, capaz de acreditar la plena participación de los hoy imputados en los conductas ilícitas que se les atribuyen.
La Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones de Administración de Personal presentó tres informes (25 de febrero, 28 de marzo y 2 de mayo de 2016), con el común denominador de despilfarro de fondos, nombramientos irregulares, otorgamiento sin requisitos de plazas, entre otras anomalías.
De esta manera, el Ministerio Público judicializa un caso de corrupción de alto impacto, haciendo las peticiones de Ley ante el órgano jurisdiccional competente, para que este cite a los involucrados, con miras a que la causa se traduzca en condenas y penas ejemplares en contra de los encausados.
Historia del Consejo
La Ley del Consejo de la Judicatura se aprobó el 25 de noviembre de 2011, pero los consejeros iniciaron operaciones en octubre de 2013.
Es importante recordar que cinco consejeros de la Judicatura, tres propietarios y dos suplentes, dimitieron de sus cargos el 4 de marzo de 2016.
Los exconsejeros: Julio César Barahona, Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla, además de Liliam Maldonado y Celino Aguilera, todos arguyeron “motivos personales” para interponer sus dimisiones.
Las renuncias de los cinco profesionales del derecho estuvieron antecedidas de escándalos durante su gestión. Se denunció por el propio titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, que los ahora exfuncionarios abusaron de viáticos, nombraron parientes en cargos y destituyeron personal en forma injustificada.
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de la Mesa Técnica
