Tegucigalpa – El Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal en los tribunales del circuito en materia de corrupción en contra de exfuncionarios de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), con sede en Catacamas, Olancho, nororiente de Honduras, por delitos de abuso de autoridad en concurso real, informó el portavoz Carlos Morazán.
“Este caso está relacionado al manejo irregular de 160 millones de lempiras, de las cuales, al final se destinaron para un aumento irregular salarial selectivo al sueldo de 82 funcionarios, en su mayoría miembros del consejo directivo de la UNA”, detalló Morazán en declaraciones a la televisora HCH.
Los imputados son los exrectores e la UNA, Marlon Escoto Valerio y Óscar Ovidio Redondo.
El requerimiento también incluye a exdirectivos Francisco Javier Medina, José Antonio Ramírez Alvarado, José Andrés Paz Díaz, Kenny Sirey Nájera Aparicio, Emilio Javier Fuentes Zúniga, Raúl Isaías Muñoz y Miriam Anabel Alvarado Muñoz.
Asimismo, son requeridos los exdirectivos Juan Alberto Chavarría, Romeo Guevara, Víctor Javier González, Hilsy Lourdes Sanabria Ortega, Carlos Manuel Ulloa, José Bayardo Alemán Mejía, Ray Donaldo Menjívar Barahona, José Luis Castillo Lanza, Jhonny Leonel Barahona y Ana Mireya Suazo.
Los exdirectivos de la UNA fueron miembros del consejo directivo de la universidad en dos períodos, 2010-2013 y 2013-2016.
Morazán señaló que esta es la primera línea de investigación por corrupción en la UNA que interpone la Fiscalía en la que se determinó que los señalados se acreditaron una cifra de 164 millones 266 mil 334 lempiras con 19 centavos.
Las investigaciones evidencian una manipulación de informes técnicos mediante la contratación de una consultoría externa que dio paso a los ilícitos, obviando dictámenes legales y disposiciones generales del presupuesto al fingir una demanda contra el Estado bajo la modalidad de reclamo administrativo con la que ellos mismos se sometieron a una auto conciliación.
En ese sentido, los mismos demandantes al ser parte del consejo directivo de la UNA resolvieron pagarse remuneraciones y sueldos caídos desde 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.
Añadió, que los aumentos salariales solo fueron para integrantes del consejo directivo, no obstante, los empleados que laboran como conserjes, aseo y cocineros no fueron beneficiados del ajuste salarial.
Morazán indicó que el Ministerio Público presentará en la audiencia inicial todas las pruebas para conseguir auto de formal procesamiento en contra de los imputados.
