Washington – Los equipos de abogados del Departamento de Justicia y de los congresistas republicanos señalaron hoy ante un juez federal que han comenzado conversaciones para alcanzar un acuerdo legal que finalice la disputa sobre el caso «Rápido y Furioso».
Los abogados del Departamento de Justicia y del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. afirmaron que pese a haber comenzado las conversaciones, aún no saben cuál será el resultado tras concluir su comparecencia ante la jueza Amy Berman Jackson en Washington.
No obstante, expresaron su voluntad de volver a reunirse el próximo lunes.
La jueza Jackson designó el 10 de enero como la fecha para una nueva audiencia en la que se analizará el avance de estas negociaciones, e instó a ambas partes a alcanzar un pacto.
Por su parte, el secretario de Justicia, Eric Holder, a quien los legisladores republicanos exigen que entregue miles de documentos sobre la operación «Rápido y Furioso», se mostró también dispuesto a llegar a un acuerdo.
«Estamos preparados, como hemos dicho desde hace meses, para intentar alcanzar un acuerdo que pueda satisfacer las peticiones legítimas de supervisión hechas por el Congreso si se asume que existe la necesidad de un privilegio, una capacidad para hablar con franqueza dentro del ramo ejecutivo», indicó Holder a la cadena de televisión CNN.
Los republicanos, comandados por el presidente del Comité, Darrell Issa, han exigido que Holder y el Departamento de Justicia entreguen al Congreso todos los documentos relacionados con el caso.
La operación «Rápido y Furioso «, coordinada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), permitió el trasiego de unas 2.000 armas a México en 2009 y 2010, con el objetivo de rastrearlas para atrapar a narcotraficantes mexicanos aunque finalmente les perdió la pista.
En el pasado mes de septiembre, el Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, presentó ante este Comité una investigación sobre lo sucedido en la determinó que hubo «graves fallos» en la operación encubierta «Rápido y Furioso» pero exculpó al fiscal general, Eric Holder, de conocer estar al tanto de lo sucedido.
En este informe, Horowitz recomienda acciones disciplinarias -pero no cargos penales- contra 14 empleados de la ATF, que coordinaron y participaron en la operación.
No obstante, expresaron su voluntad de volver a reunirse el próximo lunes.
La jueza Jackson designó el 10 de enero como la fecha para una nueva audiencia en la que se analizará el avance de estas negociaciones, e instó a ambas partes a alcanzar un pacto.
Por su parte, el secretario de Justicia, Eric Holder, a quien los legisladores republicanos exigen que entregue miles de documentos sobre la operación «Rápido y Furioso», se mostró también dispuesto a llegar a un acuerdo.
«Estamos preparados, como hemos dicho desde hace meses, para intentar alcanzar un acuerdo que pueda satisfacer las peticiones legítimas de supervisión hechas por el Congreso si se asume que existe la necesidad de un privilegio, una capacidad para hablar con franqueza dentro del ramo ejecutivo», indicó Holder a la cadena de televisión CNN.
Los republicanos, comandados por el presidente del Comité, Darrell Issa, han exigido que Holder y el Departamento de Justicia entreguen al Congreso todos los documentos relacionados con el caso.
La operación «Rápido y Furioso «, coordinada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), permitió el trasiego de unas 2.000 armas a México en 2009 y 2010, con el objetivo de rastrearlas para atrapar a narcotraficantes mexicanos aunque finalmente les perdió la pista.
En el pasado mes de septiembre, el Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, presentó ante este Comité una investigación sobre lo sucedido en la determinó que hubo «graves fallos» en la operación encubierta «Rápido y Furioso» pero exculpó al fiscal general, Eric Holder, de conocer estar al tanto de lo sucedido.
En este informe, Horowitz recomienda acciones disciplinarias -pero no cargos penales- contra 14 empleados de la ATF, que coordinaron y participaron en la operación.
